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Parece que la incertidumbre alrededor del trámite para reparar a los afectados en 1997 por el derrumbe del relleno Doña Juana llegará a su fin. La Defensoría del Pueblo, encargada del proceso, expedirá el 17 de julio el acto administrativo a través del cual dará a conocer la lista definitiva de quiénes tienen derecho a la compensación. Para hacerlo habilitó una página web en la que las víctimas podrán actualizar sus datos.
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Han pasado tres años desde que el ente de control, en asocio con la Universidad Nacional, comenzó la identificación de los afectados del desastre ambiental, que se presentó entre el 27 de septiembre y el 31 de diciembre de 1997 y causó a sus vecinos problemas respiratorios y dermatológicos.
Esto se hizo en cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado, que en 2012 ordenó no solo reparar a las 1.472 personas que impulsaron la demanda, sino a todas las que demostraran que en la época de los hechos vivían o trabajaban en la zona.
Aunque en principio se calculó que habría alrededor de 65.536 afectados, la convocatoria superó las expectativas en 1.000 %, pues se recibieron 631.000 solicitudes. Esto obligó a la Defensoría a firmar un nuevo convenio con la Universidad Nacional para georreferenciar la zona afectada, depurar la lista y determinar realmente quiénes tenían derecho a reclamar.
Esto retrasó el proceso y entre los afectados se empezaron a tejer mitos sobre el destino que les habían dado a los $227.000 millones reservados para compensarlos. En respuesta, el ente de control aseguró que a finales del año pasado enviaría al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la lista definitiva de beneficiados para comenzar el pago.
No obstante, eso no ocurrió y volvió la incertidumbre. La explicación de la Defensoría para su incumplimiento fue que el pasado 18 de diciembre firmó otro acuerdo con la Universidad Nacional, esta vez para que la institución fuera la responsable de hacer las notificaciones. Como parte del acuerdo se creó la plataforma Doña Juana le Responde, a través de la cual quienes creen tener derecho a la indemnización deben actualizar sus datos para recibir electrónicamente la notificación del acto administrativo final, en el que se sabrá quiénes serán reparados por el Estado.
“La plataforma se creó para facilitar el proceso de notificación, que se realizará en julio. La idea es que las personas que se declararon víctimas entren a la plataforma y corroboren sus datos. Cada persona recibirá el fallo completo, que tiene entre 200 y 300 páginas, y la parte específica que le corresponde”, señaló Hernán Guillermo Jojoa, director nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, quien lidera el proceso de Doña Juana.
De acuerdo con Betsabé Cristín, quien vive en El Triunfo, uno de los 900 barrios de Ciudad Bolívar incluidos en el área de afectación del derrumbe, el trámite es sencillo, pero no todos lo conocen. “Me enteré porque interpuse acciones en la Contraloría y la Procuraduría. Días después me llamaron para decirme que podría ingresar a la página. Esperamos que en julio avance el proceso”.
La inscripción en la plataforma estará habilitada hasta finales de junio. Si no la hacen, las personas que se han declarado víctimas serán notificadas personalmente o por aviso en medios de comunicación, después del 17 junio. A partir de ahí, los reclamantes tendrán hasta 10 días hábiles para presentar recursos de apelación y reposición, en caso de estar inconformes con la decisión.
Los afectados serán clasificados en primer, segundo y tercer grado, dependiendo del nivel de cercanía al relleno en el momento de la emergencia. Aunque al conocerse el fallo se habló de que las indemnizaciones podrían oscilar entre $1,2 millones, para quienes vivían a máximo cinco kilómetros de Doña Juana, y $3,6 millones, para quienes vivían a menos de 1,5 kilómetros, las cifras seguramente cambiarán ante el significativo aumento de reclamantes.
Una vez surtido este proceso de notificación, la Defensoría enviará la información al Tribunal de Cundinamarca para que realice la redistribución de los recursos que se reservaron para la indemnización. “Esperamos entregar los datos al Tribunal entre febrero y marzo del próximo año. Luego dependemos de lo que se demore en conocerse la decisión para comenzar a realizar los pagos”, aseguró Jojoa.
Si bien con la expedición del acto administrativo, en el que se identifica y clasifica a los afectados del derrumbe, se dará un paso importante en este proceso de reparación ordenado hace siete años, el momento clave será cuando el Tribunal de Cundinamarca reciba toda la información, ya que esta autoridad judicial será en últimas la encargada de decidir el monto que se le pagará a cada afectado.
Por ahora, quienes se sumaron a esta demanda tendrán que esperar unos meses más para conocer el resultado de la depuración de la lista de los casi 600.000 bogotanos que dijeron haber sido víctimas del derrumbe que afectó el sur de la ciudad en 1997. Seguramente a partir de ahí se dará inicio a otro capítulo de este proceso, en el que la Defensoría tendrá que atender los reclamos de los inconformes.