“Ayuda para venezolanos se incluirá en el presupuesto”: Miguel Uribe

Según el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, se debe fortalecer la prevención en la ruta de atención a líderes.  / Mauricio Alvarado - El Espectador

Más allá de mantener afinadas las relaciones políticas, otra de las tareas en la que se concentra la Secretaría de Gobierno es garantizar la atención y la protección de poblaciones vulnerables. Por ejemplo, la masiva llegada de venezolanos, que obligó a crear una ruta de atención en la que se han invertido $26.000 millones este año y que contará con presupuesto fijo el próximo; la protección de los líderes sociales y casos tan complejos como los de Ciudad Bolívar, amenazados por tierreros y microtraficantes, y la política pública contra la xenofobia y el racismo, que dio pie a la Semana del Diálogo Social, están por estos días en su agenda. Así lo manifiesta Miguel Uribe, jefe de este despacho, quien en diálogo con El Espectador hace un recuento de lo que están haciendo.

¿Qué es la Semana del Diálogo Social?

Gracias a una alianza con USAid, que nos brinda apoyo técnico y administrativo, y al acompañamiento de empresarios, figuras públicas y defensores, realizaremos 21 eventos para visibilizar las buenas iniciativas y liderazgos que no han tenido el apoyo que requieren. Buscamos promover el respeto por las diferencias, evidenciar que la diversidad no es una desventaja sino que es una gran oportunidad para la convivencia pacífica y poder decir que en Bogotá cabemos todos.

¿Qué están haciendo para contrarrestar las amenazas a los líderes sociales?

Protegemos a 377 líderes y ninguno ha sido agredido. Tenemos medidas temporales, trabajamos con la UNP, revisamos las alertas tempranas y realmente hemos dado ejemplo. En materia de prevención, tenemos claro que los riesgos no se mitigan con efectos materiales. Por ejemplo, las personas que tienen carro blindado y escolta también son sujetos de ataques e incluso de asesinatos, entonces el punto que debemos fortalecer es la prevención.

La mayoría de amenazas son en Ciudad Bolívar. ¿Cómo tratan el tema?

Hemos brindado 700 atenciones, que consisten en incluir a los líderes en las rutas de atención o prestarles servicios, así no estén en el programa. En Ciudad Bolívar hemos priorizado la articulación en la frontera con Soacha, para adelantar los mismos controles en temas de prevención, pues de nada sirve que haya estrategias en un lado y en el otro no. Además, tenemos un canal de informantes, y cuando identificamos un caso nos encargamos de hacerles todo el acompañamiento ante los entes judiciales para garantizar que los atiendan y evitar que los manden, como un ping-pong, de un lado para otro.

¿De dónde proceden las amenazas a los líderes en Ciudad Bolívar?

El microtráfico y los tierreros son los que están amenazando al 80 % de los líderes, y los estamos interviniendo. Contra los primeros hemos logrado desarticular una serie de bandas, pero eso nos ha generado homicidios, no por inseguridad sino por la lucha entre bandas por el control territorial en estas zonas. En el caso del fenómeno de los tierreros, por ejemplo, logramos que la Fiscalía tuviera fiscales especializados y que judicializará a estos sujetos por temas ambientales. Hemos hecho varias capturas, pero obviamente hay una dificultad institucional para asumir este tema, porque muchas veces lotean e invaden terrenos con víctimas, lo que limita la actuación del Distrito.

Otro tema es la atención a venezolanos. ¿Cuáles son los planes?

Tendremos una gerencia para su atención, que desde Gobierno hemos hecho una coordinación inicial, pero hará parte de la Secretaría de Integración Social. También tendremos un Supercade en la terminal y venimos gestionando con la Iglesia temas para nuevos albergues. Algo complejo a lo que nos enfrentamos es que el venezolano irregular no tiene la posibilidad de ser atendido por el Gobierno, no tiene posibilidad de trabajar y tiene que permanecer en la informalidad. Incluso, un ilegal no puede siquiera comprar un tiquete aéreo. Por eso estamos proponiendo que sean nacionalizados. Los que rechazan esta propuesta dicen que eso incentivaría un aumento de migrantes, pero creemos que no hay nada que pueda hacer Colombia para evitarlo.

¿Qué han dejado de hacer por atender venezolanos?

Nada. Hasta el momento, la atención ha salido del presupuesto propio de cada entidad, pero para el presupuesto del otro año, por primera vez, se va a incluir un monto para complementar esta atención. La gran mayoría de las secretarías tiene capacidad de atención.

¿Qué medidas tomarán en el lote en el que se han asentado los venezolanos cerca a la terminal?

A partir de la semana pasada se ha intensificado el control e incluso estamos buscando que la Cruz Roja medie en las donaciones y vamos a llevar una feria con Migración Colombia. Hemos censado 23 familias, con niños menores de cinco años, que vamos a llevar a un albergue con la Beneficencia de Cundinamarca.

¿Qué pasó con el nombramiento de los alcaldes locales?

A través de una acción popular, un juez aseguró que el alcalde no tiene el tiempo o la obligación de nombrar a un alcalde local. Hace un año nombramos cinco y quedaron tres, de los que la otra semana vamos a entrevistar a los ternados, para que el alcalde Peñalosa tome una decisión. Es muy importante resaltar que los encargados tienen la misma obligación que los elegidos e incluso los indicadores demuestran que les ha ido mucho mejor que a los titulares.

¿Qué acciones han tomado para evitar la corrupción en las alcaldías locales?

Por primera vez estamos dando conceptos sobre los procesos de contratación, entonces muchas de esas investigaciones se han basado en ellos. Las alcaldías locales ejecutan casi $900.000 millones, por lo que implementamos pliegos tipo, con lo que aumentó el número de oferentes. Acabamos los convenios por asociación, la contratación directa y las prórrogas, y obligamos a que las interventorías se hagan por concurso de méritos. Todo para atacar la corrupción.