¿Bares sin control?

Los residentes reclaman medidas de parte de la Alcaldía Local frente a los lugares y piden que se cumpla el uso residencial del suelo.

El bar Amapola, en la carrera 14A con calle 83, fue sellado por la Policía en julio de 2013 por atender a menores de edad. El alcalde de Chapinero, Mauricio Jaramillo. / Archivo

El desorden por las ventas informales, consumo de licor en el espacio público y el exceso de ruido durante todo el día son algunos de los dolores de cabeza con los que han tenido que lidiar los vecinos de la carrera 14A entre calles 82 y 85, por cuenta de los bares y prostíbulos que han proliferado en el sector a pesar de que el uso del suelo es residencial. Ayer, los vecinos de la zona le dieron un jalón de orejas al alcalde de la localidad de Chapinero, Mauricio Jaramillo, ante la falta de control de estos establecimientos.

Además de los problemas en el espacio público, los lugares de rumba en la carrera 14A han generado el uso de menores de edad para mendicidad, atracos y venta de drogas. Esta fue otra de las denuncias que hizo ayer Alba Cruz, representante de la Corporación de Vecinos del Barrio Antiguo Country (Corpocountry), ante la Personería distrital y en presencia del alcalde Jaramillo.

En el encuentro, convocado por el ente de control, Cruz mencionó casos como el del bar Amapola, que pese a haber sido sellado por la Policía en julio de este año porque atendía a menores de edad, sigue funcionando en la carrera 14A con calle 83.

Beatriz Arango, presidenta de la Asociación de Residentes del Chicó (Archi), dijo que la whiskería High Class Inn es un lugar que lleva unos 10 años debatiéndose entre los sellamientos y las órdenes de cierre, sin que hasta el momento haya un resultado contundente, pues el establecimiento ha abierto pese a las órdenes de sello y ha cambiado su razón social a club, fundación y asociación sin ánimo de lucro para evadir el control de uso del suelo.

Cruz y Arango le reclamaron al alcalde porque han presentado 36 querellas sobre uso ilegal de suelo desde septiembre de 2012, en contra de los establecimientos que son el colchón de amortiguación entre la Zona T y la zona de equipamiento dotacional de salud, cuyo centro es la Clínica del Country (ver gráfico).

Jorge Humberto Vargas, delegado de la Personería en el encuentro entre los vecinos y el alcalde, indicó que el ente de control ve con preocupación el caso y pidió una mayor actuación ante el control del uso del suelo en la zona.

El alcalde Jaramillo aseguró que su administración sí ha actuado frente a esta problemática, pero que se trata de casos que deben surtir un proceso. Aseguró que incluso ha recibido intimidaciones por ordenar el cierre de prostíbulos en la localidad y que la situación la puso en conocimiento de la Unidad de Víctimas de la Nación.

El mandatario local dijo que en lo corrido del año su administración ha sellado 252 establecimientos y ha emprendido 70 expedientes por quejas sobre niveles superiores de ruido. También explicó que el control a los establecimientos se dificulta debido a que, a pesar de funcionar como bares o prostíbulos, utilizan la fachada de sindicatos o fundaciones, y que de hecho, por estos inconvenientes, le propuso a la Secretaría de Gobierno de Bogotá que sea cual sea la razón social de un lugar de estos, se ordene que su cierre sea máximo a las 3:00 a.m.

Debido a que los vecinos de la zona afectada por los bares señalan también que hay poco acompañamiento de la policía o que ésta en ocasiones no da abasto, Jaramillo les respondió que coincide con ellos en la necesidad de mayor pie de fuerza. “Yo le pedí al antiguo comandante de la Policía, general Luis Eduardo Martínez, que se determine la Zona T como un área en la que la movilización de las personas es tan grande como la de una cancha de fútbol y por eso ya están llegando más uniformados a atender las salidas de la rumba”.

Finalmente, en cuanto a las 36 querellas que no han tenido una determinación, el alcalde dijo que se encuentran en pliego de cargos. La Personería le pidió a la administración local entregar una información detallada de cada una de las querellas y que la Secretaría de Planeación aclare cuáles son los usos permitidos del suelo en la zona. Temas que deberán resolverse en un próximo encuentro para determinar qué avances hay frente al caso.