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A raíz del cese de actividades de los empleados de Aguas de Bogotá, empresa distrital que está próxima a desaparecer como operadora del servicio de aseo, el alcalde Enrique Peñalosa reconoció que en los próximos 12 días se tendrán dificultades para recoger la basura de la ciudad. Por esta razón el mandatario declaró ayer la emergencia ambiental y sanitaria, que le permite al Distrito contratar a operadores privados para que se encarguen de la recolección mientras se ponen en marcha el nuevo esquema de aseo, previsto para el 12 de febrero. Según informó el alcalde, hasta conductores del Ejército y de la Policía reforzarán la operación para minimizar el impacto del paro.
La protesta de los trabajadores comenzó en la tarde del pasado miércoles, luego de enterarse que esta semana les empezarían a entregar la cartas de sus inminentes despidos. Esto los llevó a que un grupo de operarios se declararan en asamblea permanente, tomándose las instalaciones del patio taller de la compañía, ubicado en la carrera 68 con calle 13. No obstante, lo que comenzó como una protesta pacífica, terminó en tres batallas campales con el Esmad.
El primer desmán se presentó en la noche del miércoles, cuando el Esmad llegó para dispersar a los manifestantes. Según los empleados de Aguas de Bogotá, dos personas resultaron heridas, mientras que las autoridades reportaron afectaciones de 67 vehículos utilizados para la recolección de basuras. Los otros dos enfrentamientos entre los trabajadores y la Policía ocurrieron al mediodía y al final de la tarde de ayer.
Como Aguas de Bogotá recoge la basura del 52 % de la capital y dejaron de prestar el servicio, la administración no tuvo otro camino que poner el jueves en marcha un plan de contingencia. Sin embargo, fue insuficiente y ayer se dejaron de recoger 2.700 toneladas de desechos, de las casi 6.000 que se producen a diario, afectando localidades como Engativá, Fontibón, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos, Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme. La situación justificó la declaratoria de emergencia.
“Con esta decisión vamos a contar con todos los medios necesarios para poner orden en la ciudad. De ninguna manera vamos a permitir que este grupo minoritario impida que llevemos a cabo la limpieza. Esperamos que este viernes se normalice el servicio”, agregó Peñalosa. La medida se mantendrá hasta el 13 de febrero.
La protesta
Detrás de este episodio, están los 3.700 trabajadores de Aguas de Bogotá, que se encuentran en vilo ante el inminente fin de la compañía. Su principal preocupación es que, a menos de 10 días de que comience el nuevo esquema de aseo, el Distrito no ha logrado garantizarles a todos un nuevo empleo ni han llegado a un acuerdo formal.
Uno de los escollos radica en que los líderes de los 17 sindicatos han impedido que las directivas entreguen a los nuevos operadores las hojas de vida que reposan en la empresa, al creer que allá no recibirán a personas vulnerables, como madres cabeza de familia, mujeres mayores de 50 años, desmovilizados o personas en condición de discapacidad, así como a los que se encuentran sindicalizados. Contrario a esta creencia, los cinco nuevos operadores han señalado que siguen recibiendo hojas de vida y hasta el momento, 900 empleados de Aguas de Bogotá ya tienen asegurado un puesto de trabajo.
Los caminos
A pesar de que los sindicatos de la empresa adelantaron acciones legales para frenar la licitación de aseo y luego para buscar la protección a su derecho al trabajo, aún no hay una decisión que aclare su panorama. En las primeras semanas del año, un juzgado de Bogotá aceptó una tutela del sindicato Sintraguas, en la que se le pedía al juez amparar su estabilidad laboral, ordenando al Distrito honrar el compromiso adquirido ante el Ministerio del Trabajo, de garantizarles el empleo.
Los operarios respaldaron su petición señalando que gran parte de los empleados que quedarán en el limbo pertenecen a poblaciones vulnerables, como desplazados (10 %), reinsertados (4 %), mujeres cabeza de familia (16 %) , afrodescendientes (8 %) y personas de estratos 0 y 1 (30 %). Además, que el 40 % sólo cursó estudios primarios, mientras que el 25 % no alcanzó ningún título.
Según Sebastián Galeano, abogado de este sindicato, buscan que a los cinco nuevos operadores se les obligue a implementar acciones afirmativas para contratar a los 3.700 trabajadores de Aguas de Bogotá que quedarán cesantes. “Sobre eso, además, hay un antecedente en el Sitp. Adjudicada la licitación, los conductores de buses tradicionales quedaron a la deriva y se logró que en el contrato de concesión se obligara a los operadores a vincular a su planta de personal al menos el 50 % del transporte publico”.
La Personería ha liderado diálogos con las nuevas empresas de recolección que llegarán a la ciudad y los líderes sindicales para intentar acercar a las partes. En esas mesas de diálogo, cuatro de los cinco operadores ya ofrecieron 1.880 puestos exclusivos para ellos, pero de manera reiterada los sindicatos se han negado a liberar las hojas de vida para facilitar el trámite, razón que llevó a la Uaesp a publicar los correos y direcciones de estas empresas para que los trabajadores se presenten a las convocatorias por su propia voluntad.
A menos de 10 días para que el nuevo esquema entre en operación, pocas son las opciones que les quedan a sus trabajadores de Aguas de Bogotá. n primera instancia la tutela fue fallada a favor del sindicato, pero ahora el proceso se encuentra en segunda instancia. Si bien los nuevos operadores garantizarían trabajo a más de la mitad de sus empleados, a los sindicatos les preocupan los que se queden sin trabajo, pues con la declaración de emergencia sanitaria se anticipa el final de las operaciones de la empresa que por cinco años prestó el servicio y, al final de cuentas, era un activo de la ciudad.