La batalla por construcciones en los cerros

Mientras los defensores de la reserva alegan que las obras afectarán el ecosistema, los constructores defienden sus derechos adquiridos.

Desde que el Consejo de Estado profirió la sentencia para blindar la reserva forestal de los cerros orientales de Bogotá, que prohibió nuevas licencias de construcción en el ecosistema, por primera vez se presenta un pulso entre los vecinos y caminantes del sector de Chapinero y constructores que adelantan exclusivos proyectos residenciales en la zona.

La Fundación Amigos de la Montaña, conformada por caminantes de los cerros orientales y que ha contribuido en la recuperación de varias quebradas, denuncia que están en peligro unas 70 hectáreas de la reserva forestal. El reclamo de esta organización se refiere al proyecto Cerro Verde, que construirá 16 edificios de apartamentos entre calles 66 y 71 junto a la avenida Circunvalar, en una primera etapa.

Los Amigos de la Montaña señalan que Cerro Verde obtuvo en julio una prórroga a una licencia de urbanismo que estaba vencida desde 2006. Su argumento se basa en que la sentencia del Consejo de Estado, expedida en noviembre del año pasado, prohibió nuevas construcciones en los cerros y enfatizó que aunque deben ser respetados los derechos adquiridos de quienes obtuvieron licencias de construcción en la zona de recuperación ambiental, dejó claro que no se reconocerán estas garantías si se demuestra que los poseedores de inmuebles conocían la existencia de la reserva.

Al revisar el expediente que denuncia la organización Amigos de la Montaña y que conoció El Espectador, se puede leer que en 2005 el entonces Curador Urbano No. 4 negó la licencia de construcción, pues hasta ese momento no había una decisión definitiva sobre los nuevos límites que tendría la reserva de los cerros orientales. El curador argumentó: “este despacho no cuenta con la competencia para expedir ningún tipo de licencia dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: hacerlo implicaría desconocer la resolución 0463 de 2005 y por ende expedir un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico”. Por eso, consideran que esta es una prueba de que los constructores sí sabían que su proyecto está en zona de reserva.

El otro proyecto que denuncia la comunidad es Monte Rosales, que construirá una urbanización al sur del Colegio Nueva Granada y para ello busca una modificación de su licencia, vencida desde 2004, ante la Curaduría. Para la comunidad de caminantes, el proyecto afecta áreas de reserva forestal de nuestros cerros o de su franja de adecuación, pues no hay una norma que permita obtener licencia alguna.

Andrés Carvajal, asesor y director jurídico de Megaterra (constructora detrás de Cerro Verde), explicó a El Espectador, que aquellos que se oponen a este proyecto desconocen una larga historia de casi 20 años, en los que la constructora obtuvo derechos para adelantar su proyecto, tras un convenio con el propio Distrito a principios de los 90. En éste acordaron que los privados recuperaban parte del cerro (afectado por canteras ilegales) y la administración daba el visto bueno a su conjunto de edificios.

El abogado relató cómo en 1992 se logró el acuerdo con el Distrito. A la par de la recuperación de lo que fue la zona de canteras, los constructores adelantaron la reubicación de los habitantes del barrio Santo Domingo. Aunque tuvieron el terreno adecuado a mediados de los 90, la crisis financiera fue la que los obligó a aplazar el inicio de las obras. Luego, en 2005, lo postergaron de nuevo debido a la acción popular, que suspendió cualquier construcción en los cerros. Pero, tras el fallo del Consejo de Estado, retomaron el proyecto, ya que el alto tribunal garantizaba los derechos adquiridos.

Los constructores de Cerro Verde ya tienen licencia para construir dos de los 16 edificios de apartamentos, que no podrán superar cinco pisos. El proyecto final contempla 200 apartamentos, donde el metro cuadrado tendrá un precio cercano a los $10 millones. Aunque los promotores de la obra aclaran que el área construida (sumando el espacio que ocupará cada edificio) no supera 1,3 hectáreas, el proyecto general se ubica sobre un terreno de 10 hectáreas. Según Carvajal, es falso que se vayan a intervenir 70 hectáreas.

“El compromiso con el Distrito fue que íbamos a adelantar un proyecto de baja densidad y amigable con el medio ambiente. Por eso, son edificios pequeños, no torres de apartamentos como algunos mencionan. Así está en el acuerdo y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos los documentos, los decretos y acuerdos. Nuestra labor ha sido de buena fe y vamos a seguir adelante. Hemos esperado 20 años y no queremos que esto se vuelva un conflicto, pero si nos toca, acudiremos a las acciones legales, porque ya tenemos derechos adquiridos”, agregó Carvajal.

Algo similar ocurrió con el proyecto Monte Rosales, en un lote contiguo a Cerro Verde, que también reubicó a las familias que vivían en el antiguo barrio Luis A. Vega, con la idea de poder construir su conjunto residencial. Ellos son otros de los que hoy dan la pelea para poder realizar su construcción. Contra este último proyecto, los Amigos de la Montaña han presentado observaciones dirigidas a la Curadora Urbana No. 5, por las que esperan una respuesta.