Bicitaxis sin control

La venta de cupos para que estos vehículos operen en la ciudad es uno de los factores que demandan regulación.

Los bicitaxistas se han agremiado por asociaciones en distintas zonas de la capital.  /Andrés Torres
Los bicitaxistas se han agremiado por asociaciones en distintas zonas de la capital. /Andrés Torres

Para que un bicitaxi ruede por una de las calles de la capital se necesita un elemento fundamental, además del vehículo y el conductor: un cupo, que puede costar hasta $2’500.000. Tan fácil como entrar a internet y hacer una búsqueda, usted puede encontrar anuncios de personas que dicen tener el poder de cederle el derecho a operar una ruta de este tipo, además de asesorarlo en la compra de los triciclos y el manejo del personal que los conducirá.

El negocio funciona así: como se trata de un modo de transporte informal, los bicitaxistas se han agremiado en asociaciones que, a su vez, autorregulan el servicio por sectores. “Generalmente, el bicitaxi vale $1’500.000 y el cupo $2’500.000. Yo le ofrezco tres cupos que sumarían $7’500.000, pero le puedo dar un buen descuento”, dice Juan Rincón*, miembro de la asociación de una zona en el norte de la ciudad.

Si al momento de comprar los cupos usted no tiene los triciclos para ponerlos a trabajar, no hay problema. “Yo le puedo dar asesoría para que los compre. Si son de segunda, cada uno vale $600.000, y si son nuevos, se pueden conseguir hasta en $1’200.000”, explica Rincón. Lo que sigue es conseguir a las personas que los conduzcan, que por lo general son jóvenes que no viven en el sector. En este caso, cada uno de ellos le paga a su “patrón” una cuota diaria de $12.000. Además asume el pago del parqueadero y los arreglos que necesite el vehículo.

Pero, ¿se puede trasladar los triciclos a otra zona de la ciudad? “No, no, no. Por eso se compra el derecho a una ruta, porque si alguien llega acá de buenas a primeras, le pueden sacar hasta un cuchillo. Es gente que ya ha pagado para trabajar acá”, dice Rincón. Precisamente, para controlar que se cumplan las “normas” internas del gremio también hay un coordinador delegado de la asociación al que las personas que compran cupos le deben pagar $1.000 diarios por cada uno. Este personaje está pendiente de la labor de los conductores y del funcionamiento de las rutas de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Así las cosas, pareciera que las asociaciones que coordinan el funcionamiento de cerca de 6.000 vehículos en la ciudad tienen claro su esquema de funcionamiento. Pero los accidentes, como el que ocurrió el pasado martes en la noche en la avenida Boyacá cerca a la calle 80, entre un bicitaxi y un automóvil, generan preguntas sobre la regulación que demanda esta actividad de parte de las autoridades.

“Este es un modo barato, que no contamina, y es además una alternativa de transporte popular; es necesario legalizarlo”, dice el representante a la Cámara Miguel Gómez, impulsor de un proyecto de ley radicado en el Congreso en septiembre, que busca autorizar la prestación del servicio público de transporte en tricimóviles.

Por otra parte, en la capital, los concejales Angélica Lozano y Jorge Durán Silva radicaron el mes pasado un proyecto de acuerdo con el objetivo de ordenar en el Distrito la reglamentación del servicio de transporte público urbano terrestre no automotor de pasajeros.

El problema es que el bicitaxi no está reconocido como medio idóneo para transporte público, según quedó establecido en el Código Nacional de Tránsito en 2002. Sin embargo, los concejales Lozano y Durán señalan en su proyecto de acuerdo que la Corte Constitucional ordenó en 2010 a las autoridades territoriales que reglamentaran la prestación del servicio de transporte público en vehículos no motorizados, “argumentando que es necesario que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, homologue y matricule los vehículos”.

La existencia de vehículos que circulan por vías arterias sin las condiciones de seguridad adecuadas, poniendo en peligro la integridad del conductor y de los pasajeros; cobros injustos a los usuarios y conflictos entre empresas de bicitaxis por el derecho a operar cierta ruta, son algunas de las preocupaciones con respecto a estos vehículos en la ciudad y el país, pues “ya hay cerca de 30.000 personas que viven de este oficio en el territorio nacional”, añade el representante Gómez.

El pago de cupos para operar las rutas, al estilo del sistema tradicional de taxis, “es una figura perversa y sería absurdo replicarla en el caso de los tricitaxis”, señala Diego Laserna, miembro del equipo de trabajo de la concejal Lozano.

Para discutir aspectos como el pago de cupos, los beneficios que representan los bicitaxis como modo de transporte limpio y complementario a las estaciones intermedias de Transmilenio, y la necesidad de determinar trayectos adecuados para su circulación, el próximo jueves se realizará en el Concejo de la ciudad el debate de control político sobre este tema. Allí, la Secretaría de Movilidad deberá responder cuáles son sus alternativas para controlar esta actividad.*Nombre cambiado por petición de la fuente.