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Se calcula que los corruptos se embolsillan cada año recursos de los colombianos que ascienden a $50 billones. Bogotá no está al margen de este problema y muestra de ello son escándalos del calibre del carrusel de la contratación, que desangró las finanzas de la capital por al menos $2,2 billones. Buscando identificar las fallas en la gestión administrativa, que favorecen este tipo de prácticas, la ciudad implementó por primera vez su propio índice de transparencia (ITB), ideado para determinar los riesgos de corrupción en las diferentes entidades de la ciudad.
El ejercicio, liderado por Transparencia por Colombia, la Veeduría Distrital, la Cámara de Comercio de Bogotá y Probogotá Región, determinó que la calificación promedio de la ciudad en materia de riesgos por corrupción es de 68,7 puntos sobre 100, lo que la ubica en un nivel medio. Sin embargo, la meta es que en el examen del próximo año la ciudad mejore su nota y aumente en cinco puntos el índice.
Para la realización del ITB fueron evaluadas 34 entidades públicas distritales a lo largo de 2017. En la mayoría de entes (20) se determinó que existe un riesgo medio de corrupción, que en seis es alto, y en ocho, moderado. Ninguno de los organismos presenta un riesgo muy alto, es decir, vulnerabilidad a las irregularidades en detrimento del patrimonio colectivo.
La entidad con menor riesgo es la Secretaría de Gobierno, que obtuvo una puntuación de 82,5 sobre 100 puntos. La siguen la cartera de Educación (80,5), la Secretaría de la Mujer (79,1) e Integración Social (78,4). En la orilla opuesta, el organismo con la nota más baja —es decir, más vulnerable a las prácticas deshonestas y la malversación de fondos— es el Departamento Administrativo del Servicio Civil (Dascd), que apenas alcanzó 54 puntos. Esta es la entidad que se encarga de la contratación de personal para el Distrito.
Muy cerca de ella se encuentran el Concejo de Bogotá (59,9); la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), con 55,9 puntos; la Secretaría de Desarrollo Económico (57,8); el Jardín Botánico José Celestino Mutis (59,7) y el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), con una calificación de 59,8 sobre 100.
El escalafón es fruto de la valoración de tres factores: visibilidad, asociada al ocultamiento de información pública y restricciones para su consulta; institucionalidad, correspondiente al examen de conductas irregulares, deficiencias en los procesos de gestión y discrecionalidad en la toma de decisiones, y el indicador de control y sanción, que mide los riesgos de una baja cultura de autorregulación, control externo y las penalidades por hechos de corrupción.
El indicador en el que mejor calificadas salen las 34 entidades es la visibilidad, con 79,1 puntos. “Esto implica que existen avances frente a la implementación de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública”, destaca el informe. La institucionalidad ocupó el segundo lugar, con 65 puntos, lo que se traduce en un llamado de alerta para afinar “algunos instrumentos administrativos para la prevención de la corrupción” y trabajar en una política de largo plazo para blindar a los entes contra esta práctica. El indicador más bajo es el de control y sanción, que tuvo un promedio de 63,3 puntos, lo que evidencia “debilidades en la entrega de información a las entidades de control”.
Para cerrarles el paso a los corruptos, el informe propone orientar esfuerzos en los procesos de gestión administrativa en el interior de las entidades. “Los hechos muestran cómo los corruptos se aprovechan de las debilidades de estos procesos para apropiarse de los recursos estatales”, explicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
A su turno, Luis Guillermo Plata, presidente de Probogotá Región, elevó un llamado a la administración para que “haga un ejercicio serio de revisión de los riesgos, para lograr que Bogotá se convierta en un modelo de transparencia de la gestión pública”.
En esa línea, la Cámara de Comercio señaló que, en tanto se minimicen los riesgos asociados a la corrupción, se mejorará el clima de negocios para que los empresarios le apuesten a invertir en la ciudad.
