Bogotá dejó de recobrar casi $70.000 millones en servicio de ambulancias

La Contraloría Distrital puso la lupa al manejo de ambulancias en Bogotá. El organismo abrió una indagación preliminar para verificar el cumplimiento de los contratos para la prestación del servicio.

La administración dejó de recoborar casi $70.000 millones por servicio de ambulancia.

La polémica alrededor del servicio de ambulancias en Bogotá está en miras de la Contraloría. La entidad abrió una investigación preliminar en la que pondrá la lupa en los contratos que firmó la administración con empresas privadas, en cómo se usaron los recursos públicos y si se hicieron los recobros correspondientes a la prestación del servicio desde 2012. Y es que el motivo detrás de la anunciada investigación no es de poca monta: al parecer, la administración dejó de recobrar en los últimos cinco años a EPS privadas, al compañías de seguro (SOAT) y al Fosyga alrededor de $70.000 millones, dinero que hubiera servido para mejorar el servicio.

La polémica alrededor de este tema comenzó hace tres meses, cuando el secretario de Salud anunció la terminación de los contratos que tenía la administración para el traslado de pacientes con empresas privadas. Según el funcionario, en la ciudad hay suficientes ambulancias y el Distrito no iba a seguir pagando por servicios que deben cubrir las EPS y las aseguradoras. La decisión desató una serie de críticas de algunos concejales, que señalaron a la administración estaba poniendo en riesgo la salud de los bogotanos.

Sin embargo, en medio del debate se conoció un aparente omisión del Distrito en el caso de las ambulancias: no solo gastó multimillonarios recursos en contratos de ambulancias, sino que en los últimos cinco años no recobró a las EPS privadas, a las aseguradoras ni al Fosyga casi el 99% de los servicios que les prestó al trasladar pacientes con las ambulancias adscritas a la Alcaldía 

Según datos de la secretaría de Salud, entre 2012 y junio de este año, se han prestado casi 363.000 traslados en vehículos de emergencia adscritos al Distrito y aunque pudo recobrar por cada uno casi $200.000 (lo que hubiera sumado casi $70.000 millones), a la fecha solo ha recibido $700 millones por este concepto. Es decir, apenas el 1% de lo que pudo haber recibido por prestarle el servicio a las empresas privadas. Y cómo si fuera poco, no solo dejó de recobrar, sino que en los contratos que tenía con empresas privadas de ambulancias pagaba el doble por cada traslado.

Todas estas revelaciones llevaron a que el concejal Julio César Acosta solicitarle a la Unidad de Reacción de la Contraloría una “vigilancia especial sobre la gestión de la administración sobre el recobro a las EPS, aseguradoras y Fosyga por el servicio de ambulancias efectuado por los vehículos de las entidades distritales desde 2012”.  En el documento, el cabildante explica como a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) se prestaron los servicios sin importar si el paciente debía ser cubierto por su EPS, el SOAT, el Fosyga o el Distrito. A pesar de esto, no cobró lo que le correspondía y a quien le correspondía el servicio prestado.

Con esta omisión, según Acosta, “podría presentarse un presunto detrimento patrimonial para el Distrito, toda vez que está destinando recursos para un servicio que, si bien es loable, no le corresponde asumir en su totalidad el Estado, ya que la ley indica que debe asumirlo entidades, según sea el caso”, puntualizó.  Hace un par de días, la Contraloría le respondió un derecho de petición al concejal en el que le confirmó, que atendiendo su solicitud, el ente de control había abierto una investigación fiscal para revisar con lupa los contratos y la labor del distrito en el tema de los recobros.

La investigación fue bien vista por la actual administración, que espera que se aclare y se establezcan responsabilidades por esta omisión.