Bogotá prepara política pública para atender a población vulnerable

Mujeres, comunidad LGBTI, indígenas, afros y diferentes representantes de las comunidades integrarán el comité distrital y los 20 locales que harán seguimiento a la política pública de Derechos Humanos.

Gustavo Torrijos - El Espectador

Este jueves se instaló el comité distrital de Derechos Humanos, cuyo objetivo es abogar por la construcción de una política pública que defienda a los más vulnerables de Bogotá. De acuerdo con la administración, esta apuesta que permitirá seguir protegiendo a defensores y defensoras de Derechos Humanos, luchando contra cualquier tipo de discriminación y combatiendo el delito de trata de personas en la capital.

El nuevo escenario de derecho de la ciudad está compuesto por las secretarías, los entes de control, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la ciudadanía a través de los nueve consejos consultivos poblacionales.

"Venimos construyendo la primera política pública de Derechos Humanos de la mano con la ciudadanía. Un trabajo del que han hecho parte más de 3.000 personas entre mujeres, comunidades étnicas y otras poblaciones", explicó Miguel Uribe Turbay, secretario de Gobierno.

Uno de los temas relevantes en la construcción del plan para la protección de DDHH es atender a la población migrante de Venezuela, durante la instalación de la comisión se destacó la iniciativa de apoyo a propuestas ciudadanas relacionadas con la atención a esta población.

(Lea: Bogotá tendrá gerencia para la atención de venezolanos)

El plan se une a la apertura de un Centro de Atención e Integración al Migrante, un albergue con capacidad para 50 personas y un Super Cade en la terminal de transporte del Salitre en el que diferentes secretarías del Distrito darán atención primaria a la comunidad que llega del país vecino.

De acuerdo con Migración, a Bogotá han llegado 118.000 migrantes, de los cuales alrededor de 43.483 permanecerían en la ciudad de manera irregular. La mayoría de ellos se han concentrado en localidades como Santa Fe, Kennedy, Suba y Fontibón y muchos no cuentan con seguridad social o un trabajo digno. 

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