Bogotá, refugio de 118.000 venezolanos

Después de Norte de Santander y La Guajira, Bogotá es la región donde hay más ciudadanos del vecino país, que residen de forma irregular, situación que les impide trabajar y los hace vulnerables a la explotación.

-Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com
16 de junio de 2018 - 03:00 a. m.
De los 117.886 venezolanos registrados en Bogotá, el 40% se encuentran en condición irregular.  / AFP
De los 117.886 venezolanos registrados en Bogotá, el 40% se encuentran en condición irregular. / AFP

Es cada vez más frecuente ver en Colombia a venezolanos ejerciendo todo tipo de oficios y acudiendo a diversos escenarios en búsqueda de recreación, salud y educación. Actualmente, hay más de 819.000 en el país y sólo en Bogotá han encontrado refugio casi 118.000 de ellos. Sin embargo, es claro que son muchos más, dado el subregistro que persiste y que dificulta que las autoridades nacionales tengan un panorama completo que permita orientar los esfuerzos a la hora de formular políticas públicas para atender mejor su situación.

(Lea: Venezolanos en Colombia: no se trata de caridad)

En la capital, según los datos del Gobierno Nacional consignados en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV), de los 117.886 que residen en Bogotá, el 63 % (74.403 ciudadanos) cuentan con permisos especiales de permanencia, ideados para que puedan establecerse y trabajar en el país hasta por dos años. No obstante, los otros residen de forma irregular, lo que implica que al menos uno de cada tres aún no ha definido su situación. Esto no sólo los expone a ser deportados, sino que facilita que terminen siendo explotados o que no accedan efectivamente a servicios básicos.

“Aunque el número de venezolanos irregulares censados es de 43.500, la cifra podría ser superior, ya que el registro fue voluntario y la ciudad continúa recibiendo migrantes a diario”, alertó la administración, que a través de un comunicado precisa que las localidades de Santa Fe (con 4.569 ciudadanos), Kennedy (4.036) y Suba (3.873) congregan el 28 % de extranjeros sin documentos. En contraste, Sumapaz (257), Antonio Nariño (369) y Puente Aranda (447), son donde menor presencia hay.

Aunque la mayoría de los que compartieron sus datos con el RAMV informaron la zona donde actualmente habitan, llama la atención que 7.629 –el 17,5 % de los irregulares– no fijaron un lugar de residencia y se limitaron a decir que permanecían en Bogotá. Es decir, se trata de población flotante que aún no ha podido establecerse de manera definitiva y que constantemente debe estar desplazándose.

Caracterización, en mora

A finales de 2017, en un esfuerzo por caracterizar a la población venezolana, la Secretaría de Integración Social efectuó un censo en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa para conocer de cerca sus cualidades y problemáticas. En esa primera fase se identificaron 6.583 personas de origen venezolano y se determinó que el 41,5 % eran jóvenes, entre los 19 y 28 años.

Entre otras, el ejercicio permitió establecer que el 80 % aún no tenía programado su tiempo de estadía en Colombia y que el 70 % había llegado a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades económicas y laborales. Sin embargo, el 78 % de los encuestados declararon que su trabajo era de orden informal y que en el 65 % de los casos recibían menos de un salario mínimo.

Entre febrero y marzo pasado, el Distrito realizó la segunda fase de la caracterización, abarcando las localidades de Usaquén, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal y Los Mártires. Pese a la utilidad y el provecho de este ejercicio, la Secretaría de Integración Social respondió que aún no están oficializados los resultados y se requiere censar a la otra mitad de las localidades de la ciudad para tener una radiografía fidedigna de la situación de los venezolanos en la capital.

Rutas de atención

Buscando asistir a la población venezolana en los frentes de salud y educación, la administración distrital ha fijado tres rutas de atención. La primera, de orden inmediato, es el servicio de urgencias en salud, priorizado para madres gestantes y menores de edad. Para la infancia también se abrieron cupos adicionales en colegios y jardines infantiles. La segunda ruta es para mujeres que ejercen la prostitución y han sido víctimas de violencia. Hasta marzo pasado, según cifras de la Secretaría de la Mujer, se desarrollaron actividades con 206 venezolanas vinculadas al contexto de la prostitución.

“Se realiza una visita mensual a cada uno de los establecimientos y zonas de la ciudad en las que se ejerce la prostitución, donde se han encontrado 692 mujeres venezolanas, la gran mayoría en la localidad de Los Mártires. Sin embargo, estas cifras son variables, ya que depende del momento en el que se hace la observación”, explicó la administración, que ha formulado un plan de contingencia para actuar frente a posibles casos de trata de personas, con acciones de prevención, atención y judicialización.

La última ruta de atención es la de empleo, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, en la que se realizan gestiones a través de ferias de empleo, para incluir a quienes cuentan con permisos de permanencia en el país. En paralelo, de la mano de Migración Colombia, se organizan jornadas informativas para explicar cómo obtener visas de trabajo.

A esto se suman charlas para acceder a los permisos que permitan regularizar la situación de esta población y el trámite de nacionalización cuando se tienen madres o padres colombianos. Adicionalmente, con ayuda de organizaciones religiosas, se trabaja en medidas humanitarias, entre ellas el alojamiento transitorio.

Por ahora, si bien las cifras reales sobre venezolanos en el país son inciertas y las autoridades tratan de sortear los retos que implica la atención de esta población, el último registro demuestra que la problemática sigue creciendo.

“Es importante saber cuántos venezolanos hay para tomar decisiones de política pública. Esta es una situación que vamos a seguir viviendo en Bogotá y no tenemos ninguna capacidad de reacción, es decir, no podemos atenderlos si no están regularizados. Estar de forma legal no sólo les permite tener la opción de trabajar de manera formal, sino a ser atendidos socialmente y a que se pueda mitigar toda la complejidad que se genera alrededor de su situación”, señaló el secretario de Gobierno, Miguel Uribe.

Por -Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com

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