Bogotá se raja en tolerancia e inclusión

Así lo muestra el reciente Índice de Progreso Social, con corte a 2015. Los indicadores de bienestar social vienen en caída desde 2014, a pesar del ascenso constante que habían tenido en años anteriores.

El Espectador

Bogotá mantuvo en 2015 una tendencia a la baja en sus indicadores de bienestar social. Cayó por segundo año consecutivo, a pesar del progreso que traía desde 2009, y aunque mejoró en la atención de necesidades básicas, bajó en salud y movilidad.

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Esa conclusión se desprende del más reciente Índice de Progreso Social (IPS), medición hecha en nueve capitales que hacen parte de la Red de Ciudades Cómo Vamos y con la cual se pretende dar cuenta del nivel de bienestar en las urbes. En 2015, Bogotá fue cuarta, por debajo de Manizales, Bucaramanga y Medellín. El estudio indica que estas cuatro ciudades son las que tradicionalmente han ocupado los primeros lugares, a pesar de que todas bajaron su IPS en el último año.

El bajón general “se presentó porque la mayoría de ciudades monitoreadas presentaron variaciones en la dimensión llamada fundamentos de bienestar”, en la que se incluyen puntos como acceso al conocimiento básico, a información y comunicaciones, salud y sostenibilidad de los ecosistemas. También hay que tener en cuenta que, aunque el IPS deja por fuera el ingreso económico como factor de análisis (en tanto se enfoca en puntos de carácter social y ambiental), los investigadores hacen ver que el descenso en el índice parece coincidir con la disminución del ingreso per cápita que registraron en 2015, al menos, Bucaramanga, Medellín y Bogotá.

Esta ciudad mejoró en sus indicadores de seguridad vial, agua potable y saneamiento básico. Desmejoró en salud y bienestar, y en la libertad de movimiento. Esto último, de hecho, ha sido el “coco” desde 2009, año en que comenzó la medición del IPS. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con las conclusiones del informe, la movilidad es un “aspecto crítico en la mayoría de ciudades” analizadas.

Hay dos dimensiones que preocupan: tolerancia e inclusión, y derechos personales, que en una escala de 100 puntos apenas alcanzaron 31,9 y 37,1, respectivamente (ver gráficos). En la primera se ubica el punto de libertad de movimiento, que es crítico. En la segunda, la mayor deuda es con la inclusión de la población discapacitada. Sin embargo, en otros aspectos que hacen parte de ambas dimensiones, como libertad de reunión, derechos políticos, tolerancia hacia la población LGBTI y hacia los desmovilizados, inclusión de población desplazada y convivencia urbana, ningún puntaje es destacado. La conclusión del estudio es clara en este sentido: esos puntos requieren especial atención “en el marco de posconflicto (…) en la medida que las ciudades posiblemente son las que van a recibir los mayores impactos, en términos de convivencia ciudadana, relacionados con temas de tolerancia y exclusión”.

Este diagnóstico complementa uno conocido a comienzos de este año que determinó el IPS de 2014 para 19 de las 20 localidades (Sumapaz no fue incluida por falta de datos).

El estudio reiteró que en el centro y el sur de Bogotá se deben centrar los mayores esfuerzos para mejorar el bienestar de los habitantes. Sobre todo en el centro (Santa Fe y La Candelaria) hay un estancamiento debido al “deterioro en las condiciones de vida”.