Bogotá y su nuevo plan de basuras para 12 años

El alcalde Enrique Peñalosa no solo tiene en sus manos la billonaria licitación de las basuras. Acaba de firmar un decreto que ya comenzó a regir y define múltiples aspectos de la prestación del servicio. Instalar contenedores, intensificar el uso de barredoras mecánicas, mejorar el transporte del material reciclable y definir dónde debe funcionar un nuevo relleno son puntos claves.

Foto: Archivo El Espectador.

Si las 6.309 toneladas de residuos que llegan a diario al relleno sanitario Doña Juana se dividen entre los casi ocho millones de habitantes de Bogotá, podría afirmarse que cada uno genera, en promedio, 0,8 kilos de basura al día. La población sigue creciendo, pero ese botadero tiene fecha de vencimiento. Su licencia va hasta 2022. Hay dos tareas pendientes: evitar que llegue tanta basura hasta allí y buscar otro sitio que cumpla su función.

Cumplirlas implica un cambio sustancial en la forma como la ciudad se relaciona con lo que bota, y hacen parte de las metas del plan que el 11 de noviembre firmó el alcalde Enrique Peñalosa para manejar los residuos sólidos en los próximos 12 años.

El documento, que ya se comenzó a aplicar, se llama Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Es una guía que fija la administración para prestar el servicio de aseo y define desde programas para el corte de césped hasta ciertas condiciones de los recicladores, pasando por los planes para el relleno Doña Juana. Una de las metas con este último es reducir en 6% la cantidad de residuos que recibe a diario, unas 300 toneladas que equivalen a lo que produce Pereira en un día. La ejecución de todo el plan cuesta, al menos, $278.000 millones.

Los puntos más importantes son los siguientes:

Relleno Doña Juana

Generar energía para evitar contaminación: La idea es aprovechar que produce la basura convirtiéndolos en energía eléctrica. Desde abril opera la planta de biogás, que genera 1,7 megavatios de energía por hora. La meta de aquí a tres años: 20 megavatios.

Tratamiento de residuos: La Alcaldía también propone apostarle al tratamiento de residuos sólidos con el fin de disminuir la cantidad de basura que llega a Doña Juana. La mala noticia es que, según el cronograma, eso solo se lograría en ocho años, después de hacer estudios y contratos.

Nuevo relleno: Poner a operar en siete años otro relleno en un lugar diferente. La demora radica en hacer estudios, identificar el punto, adquirir el lote y contratar su construcción y operación.

Reciclaje

Carnetización y kits de protección: Carnetizar y dotar a los 21.951 recicladores de overol, gorra, gafas, tapaoídos, tapabocas, impermeables y guantes.

Mejorar el transporte: Identificar los vehículos de tracción humana que existen para mejorarlos en cuatro años.

Separación en la fuente: En dos años se espera definir los lineamientos que deberán seguir hogares, empresas, establecimientos comerciales y sitios de alta afluencia masiva de personas.

Bodegas de reciclaje: Es allí donde se pesa el reciclaje, con base en lo cual les pagan a los recicladores. La Alcaldía pretende controlarlas mejor para evitar fraudes, por medio de un mecanismo de registro que permita controlar el flujo de material.

El pago: Hoy el pago a recicladores lo hace la Uaesp a partir de los registros de pesaje de material en bodegas. El nuevo esquema permitirá que sea vía tarifa: los ciudadanos pagan el servicio de reciclaje en su factura, y el operador que recibe el dinero les paga a los recicladores.

Barrido

Más kilómetros barridos: Actualmente en Bogotá se barren 185,5 kilómetros lineales de vías y áreas públicas para barrer. Esa es la distancia entre la ciudad y Barbosa (Santander). El objetivo es llegar a 278,3 kilómetros (lo que hay de la capital a El Socorro –Santander). De eso, 277,7 kilómetros son urbanos y 0,5 rurales. Se incluirán en ese servicio las áreas de expansión urbana y las rurales.

Barrido mecánico: Las empresas prestadoras del servicio deben garantizar que el 40% del barrido sea mecánico en vías principales y de Transmilenio. Hoy, esa proporción es de 20%.

Contenedores

Deberán instalarlos las empresas que se encarguen de la recolección de basura. La meta es que en tres años estén ubicados en las principales rutas de cada empresa, así como en zonas de alta densidad de población, de alto interés económico, turístico o cultural, y en aquellas donde, por su infraestructura, se dificulte la recolección puerta a puerta. Los recicladores han sido prevenidos con estos dispositivos porque consideran que en estos se puede perder mucho material aprovechable. La Uaesp, sin embargo, asegura que deberán servir para separar residuos aprovechables y no aprovechables.

El contexto

El 18 de diciembre de 2015, dos semanas antes de dejar la Alcaldía, Gustavo Petro firmó un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), que, se pensó, iba a regir por los 12 años siguientes. El alcalde cumplía un mandato legal, pero al tiempo aprovechó para dejar su impronta en una política clave que, en teoría, debía aplicar Peñalosa desde que asumiera el cargo, a partir del 1 de enero. Petro le apostaba a profundizar su política “Basura Cero”.

Entre las propuestas incluyó, por ejemplo, la construcción de seis parques de reciclaje y que organizaciones de esos trabajadores administraran centros donde clasificaran, pesaran, alistaran y comercializaran el material. El Distrito se comprometía a dotar esos centros con maquinaria y a subsidiar el arrendamiento y servicios de energía y vigilancia.

Sin embargo, cuando este año llegó una nueva administración, no quedó a gusto con lo que encontró. Sobre todo porque, argumenta, no se acoplaba a las normas nacionales y le faltaba información básica. Once meses después, la Alcaldía le dio vida a un nuevo Plan, que es el que comenzó a regir el 11 de noviembre.

Las críticas de los recicladores abundaron, sobre todo porque se proponen muchos estudios y, en criterio de varios participantes del proceso como la Asamblea Permanente de Recicladores, se deben tener en cuenta los ya hechos. Este gremio, incluso, ha amenazado con la posibilidad de demandar el PGIRS.

Cabe anotar, sin embargo, que se mantienen medidas previstas en el documento anterior, como la instalación de contenedores y la apuesta para que a los recicladores se les remunere su trabajo por medio de la tarifa de aseo que pagan los ciudadanos. Es algo que, incluso, prevén las normas nacionales. Se propone, además, el aumento de áreas y vías públicas barridas (ver gráfico).

Todos esos nuevos propósitos, que sin duda implican mayores costos, se pagarán vía tarifa. Son modificaciones también fijadas en la regulación nacional. Desde abril pasado, de hecho, aumentó la tarifa de aseo en todo el país.

La licitación

Peñalosa, además, tiene en sus manos una licitación por casi $8 billones, mediante la que se escogerán las empresas que se encargarán de recoger la basura en cinco áreas de la ciudad. Se espera que en mayo del año entrante se conozcan los ganadores.

Eso significará el fin del modelo de recolección tal y como lo concibió Petro desde diciembre de 2012. Como alcalde, él intentó que el esquema fuera público, y para eso metió en el negocio a la Empresa de Acueducto, por medio de su filial Aguas de Bogotá. Las dificultades que esto trajo lo llevaron a cumplir parcialmente su cometido: Aguas se quedó con la recolección de basuras en el 52 % de la ciudad, mientras que en el resto siguieron operando empresas privadas.

Era un modelo transitorio, pues, por ley, debía adelantar la licitación para definir quiénes se ocuparían de cada área. La postergó hasta el final y más bien se enfocó en la remuneración de los recicladores.

Esa licitación es la que ahora debe adjudicar Peñalosa. Trae novedades como la prestación del servicio en zonas rurales, por ejemplo Sumapaz. A los operadores, además de la recolección y barrido, les exigirán la limpieza de postes, paredes y puentes.

Y aunque a Peñalosa siempre le ha disgustado la participación de Aguas de Bogotá en el negocio del aseo, El Espectador constató que esa empresa pública busca un socio con el que pueda unirse para pujar en la licitación para quedarse, de nuevo, con una de las cinco áreas de recolección de basuras que están en juego. La pelea será dura, si se tiene en cuenta que hay empresas de Chile, España y Perú que se han mostrado interesadas en competir. 

En resumen, la implicación de todo esto es una sola: Peñalosa, que tiene en sus manos la formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial, igualmente para 12 años, y ha propuesto un plan de infraestructura vial que trasciende por mucho su cuatrienio de gobierno, también podrá, con la licitación y el PGIRS, definir cambios significativos para el manejo a largo plazo del aseo en Bogotá.