Bomba de tiempo en Hacienda los Molinos

Polémica por orden de la Corte Constitucional a la Alcaldía.

Protestas durante la mañana/David Campuzano
Protestas durante la mañana/David Campuzano

Alrededor de 50 familias le exigieron al Distrito una reubicación inmediata y un censo claro de la población afectada por un desalojo efectuado en enero de 2012, que la misma Corte Constitucional suspendió y que terminó en la destrucción de más de 160 inmuebles. 

En enero de 2012 fueron desalojadas 160 familias en Bosques de Molinos (Carrera 5j #48 t-14 sur), localidad de Rafael Uribe Uribe. Desde entonces algunos habitantes han pasado la noche en la calle; han visto como asesinan a líderes comunales; han buscado al Distrito, a la Corte Constitucional y aún no hay respuestas claras. La paciencia se desbordó luego de que la Corte Constitucional ratificara la sentencia T-908 de 2012 y le ordenara a la administración distrital, en un plazo no menor a seis meses, la reubicación de las familias. La sentencia estableció, además, un plazo de cinco días hábiles posteriores a la notificación de la Corte para que el Distrito verificara el censo de las familias afectadas.

La administración Distrital solicitó una prórroga de seis meses para garantizar la reubicación y para que la Corte definiera si quienes debían entrar en el censo eran quienes habían ocupado el predio antes del desalojo, o si debía incluir a quienes han llegado, de la mano de los tierreros, en los meses siguientes . La Corte rechazó la petición al considerar que muchos de los habitantes que esperan una reubicación son “niños, personas de avanzada edad y en situación de discapacidad, madres cabeza de familia y desplazados que pueden aún hallarse a la intemperie a que fueron lanzados”. Fue por esta razón que en la mañana del lunes alrededor de 50 personas que viven en los Molinos protestaron frente al Palacio Liévano para que el alcalde los escuchara. Ante la negativa del alcalde a recibirlos en su despacho se encadenaron y tildaron al mandatario de “traidor del pueblo”.

Gerardo Osorio es uno de los líderes comunales que presidió la protesta: “han pasado tres meses desde que la Corte le ordenó a la Alcaldía la reubicación de las familias y a ninguna le han dado vivienda. Hay tres líderes comunales amenazados de muerte, que viven con chalecos antibalas. El alcalde no nos ha querido escuchar”. Un habitante del sector de los Molinos, que prefirió mantener su nombre en reserva, asegura que en los últimos meses “ha dormido en el piso”: “tengo 74 años; ya no puedo conseguir trabajo en nada. Me tumbaron la casita y me quedé con mi esposa por fuera. Cuando hemos venido la alcaldía solamente se dilatan las cosas. Esta es la cuarta vez que protestamos.”

Al cierre de esta edición los manifestantes aún no habían sido atendidos por el alcalde. No obstante, la Secretaría de Gobierno les hizo llegar el siguiente comunicado: “el alcalde mayor de Bogotá se permite convocar a las personas cabeza de familias que se consideren con derecho a reclamar como beneficiarios frente a la decisión de la Corte Constitucional para que alleguen en el término de cinco días la promesa de compraventa que acredite tal condición”. De acuerdo con el comunicado, la información será recibida solamente por personal de la Secretaría de Gobierno en la Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe.

“En la base de datos de la Junta de Acción Comunal tenemos registradas 300 familias que necesitan la reubicación mientras que en la Alcaldía local hay 600 carpetas con la información de familias desalojadas. No confiamos en los parámetros de la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe. El Distrito debe entrar a verificar” señala Yeimy Patiño, presidenta de la JAC en Bosques de Molinos, que espera que sí sea personal de la Alcaldía mayor la que reciba la información. “La Alcaldía local nos dejó construir cuando nos vendieron los predios y luego… ¡vinieron ellos mismos a desalojarnos! Félix Bermúdez nos vendió un lote por $16 millones y cuando firmamos la promesa de compraventa la alcaldía menor fue a visitar y no dijo nada. No podemos confiar en ellos” dice uno de los habitantes desalojados.

Para los manifestantes la reubicación se está convirtiendo en una bomba de tiempo: “en la parte más baja de los Molinos hay paramilitares y ollas de droga. La guerrilla ha intentado meterse. Muchas familias se han ido a Usme o a Bosa porque es un peligro quedarse esperando allá”, dice un habitante que por razones de seguridad mantiene su nombre en reserva. El 27 de octubre de 2012 fue asesinado Eduardo Patiño, padre de la actual presidenta de la Junta de Acción Comunal.

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