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Si se cumplen los pronósticos del Ideam, que indican que la temporada seca se extenderá hasta mitad de año, debido al fenómeno de El Niño, los bosques de Cundinamarca estarían en grave riesgo. No solo por la alta probabilidad de que aumenten los incendios forestales, sino por la falta de compromiso de algunas alcaldías con los cuerpos de bomberos, que no ven su financiación como una prioridad.
No obstante, pese a estar trabajando con las uñas, los socorristas siguen cumpliendo su labor. Solo en lo corrido del año las unidades de bomberos del departamento han atendido 105 incendios, entre forestales, estructurales y otros eventos, que han afectado 333 hectáreas de bosques, páramos y cultivos de 57 municipios. Aunque la mayoría de casos se han derivado de las altas temperaturas, otros han ocurrido por la quema deliberada de objetos o accidentes como escapes de gas.
Para atender esas emergencias, los bomberos de Cundinamarca han tenido que hacer maromas para rotar entre los diferentes municipios los 82 cuerpos oficiales que hay en los 116 municipios. La raíz de esto, dicen los rescatistas, es que algunos alcaldes se estarían haciendo los de la vista gorda con la Ley de Bomberos, expedida en 2012, que estableció la labor de los bomberos como un servicio público esencial a cargo del Estado.
La misma ley autoriza a las alcaldías a cobrar unas sobretasas para financiar los organismos de socorro. Aunque dicho impuesto se recauda desde hace cuatro años, todavía hay 34 municipios que no cuentan con cuerpo de bomberos y en algunos casos ni siquiera tienen convenios con bomberos voluntarios o municipios cercanos. Es ahí donde cualquier emergencia podría terminar en tragedia por falta de atención oportuna.
“Por ejemplo, San Francisco de Sales no tiene cuerpo de bomberos desde octubre. Esta semana se incendió una tractomula y les tocó ir a voluntarios en una patrulla de la Policía. Así se atendió la emergencia hasta que llegaron los bomberos de La Vega”, cuenta el capitán Álvaro Farfán, delegado de los Bomberos de Cundinamarca, quien también pone como ejemplo el caso de Pasca.
“Allí cobran sobretasa bomberil, sin tener bomberos ni convenios. Se han presentado varios incendios forestales, que los han obligado a suplicar apoyo. Los otros cuerpos ayudan de vez en cuando, pero no pueden hacerlo siempre, por disponibilidad y porque estaríamos incurriendo en irregularidades. Prestamos apoyo por solidaridad, pero muchas veces no dan ni un vaso de agua. Creen que por ser voluntarios, todo es gratis”.
La situación en San Francisco, según describe Olga Lucía Gaitán, comandante del cuerpo de bomberos de ese municipio, es mucho más grave. Allí no tienen ni para el combustible. Incluso han tenido que hacer colectas entre los ciudadanos del municipio para operar. “El 31 de octubre terminó el convenio. Le hicimos a la Alcaldía una solicitud de renovación, pero no respondió. La administración dice que no hay recursos. Duele ver cómo nuestro cuerpo de bomberos no cuenta con apoyo de la Alcaldía. Hemos bajado la capacidad de respuesta. Nos ha tocado acudir a la comunidad para que nos dé combustible, o a la Policía para que nos preste vehículos”, dice Gaitán.
Pese a la denuncia, y con un panorama de temporada seca y heladas (por lo menos en los próximos dos meses), entidades superiores como la Gobernación de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (Uagrd), aseguran que todo está bajo control. Aunque saben que hay municipios sin cuerpo oficial de bomberos y sin voluntarios, dicen que no se ha dejado de atender ninguna eventualidad. Además, pese a no ser su tarea, sí han fortalecido los grupos bomberiles del departamento.
Germán Ribero Garrido, director de la Uagrd, asegura que “en coordinación con los cuerpos de socorro y la comunidad hemos atendido los incendios que se han presentado, para que no se propaguen”. Respecto a la falta de convenios, cree que es un tema administrativo y que se debe a trámites de inicio de año. “Los primeros meses se hace ajuste de presupuesto y el primer mes siempre adolece un poco la posibilidad de tener convenios con voluntarios. Aunque cada municipio tiene su autonomía administrativa, como coordinadores del sistema de gestión de riesgo esperamos que todos tengan bomberos lo más rápido posible”.
Entre tanto, la Gobernación celebra el apoyo que ha brindado mediante la entrega de equipos. En enero, la Secretaría de Gobierno entregó 82 computadores, uniformes y equipos para atender emergencias. Sin embargo, nada de esto suple las responsabilidades que tienen las alcaldías. En promedio, un buen grupo de rescatistas se sostiene con un presupuesto mínimo de $50 millones mensuales, dependiendo del tamaño, la población y los riesgos del municipio.
Para algunos puede ser una cifra exagerada, pero si se tiene en cuenta que, por ejemplo, el equipamiento completo de solo un bombero cuesta $20 millones y un solo tramo de manguera cuesta $1 millón, no lo es tanto. Pese a esto, según los socorristas, hay alcaldías que pretenden que con $1 millón funcione todo.
Aún quedan dos meses, mínimo, de temporada seca en Cundinamarca. Sin embargo, los rescatistas no son muy optimistas con el cumplimiento de las obligaciones, por lo que hacen un llamado a las administraciones para que cada municipio tenga aseguradas las herramientas para atender situaciones de emergencia.