El crédito ahora es con Bancolombia

Bonos de agua:la deuda en Soacha también es con los usuarios

Solicitó $18.802 millones de los bonos de agua para construir y reparar redes de acueducto y alcantarillado y terminar tres interconectores. A pesar de que las obras durarían 12 meses, han pasado casi cinco años y siguen inconclusas. Por este crédito terminarán pagando casi el triple.

En varios barrios quedaron obras inconclusas. / Cortesía Alcaldía de Soacha

Cansados de las precarias condiciones de las vías, por las que ningún vehículo podía transitar, los habitantes del barrio Bosques de Cipi, en Soacha, decidieron pavimentar con escombros las calles que hace cuatro años levantaron unos obreros, supuestamente para instalar una nueva red de agua y alcantarillado.

Lea: Bonos de agua: se debe mucha más plata de la que se pensaba

Las amenazas de tomarse la autopista Sur sirvieron para que la administración instalara las tapas de las alcantarillas, pero las adecuaciones terminaron por cerrar el paso al barrio y no evitaron las filtraciones de agua. Por esto, con pala y rastrillo, los habitantes adelantaron sus propias obras.

*Lea aquí la entrega anterior del especial de El Espectador sobre los bonos de agua: el perjuicio en Bello y Caldas (Antioquia).

Este es tan solo un ejemplo de lo que ocurrió con la ampliación de la cobertura de agua y alcantarillado en Soacha, que se financió inicialmente con los llamados bonos de agua o plan Carrasquilla. A pesar de que se han hecho nuevas inversiones para sacar adelante la obra, que debía completarse en 12 meses, tras cuatro años sigue en veremos.

Los bonos

Con el respaldo de un acuerdo aprobado en 2009 por el Concejo de Soacha, que autorizaba un cupo de endeudamiento sin especificar la fuente del préstamo, en 2010 la administración del alcalde de José Ernesto Martínez solicitó al Gobierno Nacional $18.802 millones del plan Carrasquilla, para realizar obras de cobertura de agua y alcantarillado en siete barrios.

 (Lea el informe que revela cómo se pactaron los bonos de agua)

El crédito, según David Enrique Ortiz, secretario de Hacienda de Soacha, se hizo en unidades de valor real (UVR), las cuales varían mes a mes, dependiendo del índice de precios al consumidor (IPC). Para 2010, cada UVR equivalía a $189 y hoy está en $260. “Aunque en pesos de la época el préstamo fue por $18.802 millones, se pactó por casi 100 millones de UVR”. Adicionalmente se acordó una tasa de interés del 8 %, y un pago del 3 % al Grupo Financiero de Infraestructura (conformado por Alianza Fiduciaria y Konfigura Ltda, firma de ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla), que fue el que fijó los mecanismos para ejecutar los planes de agua y saneamiento.

Aprobado el crédito, durante los dos primeros años, el dinero estuvo intacto, solo generando intereses, pues durante ese tiempo las obras estuvieron en estudio. Fue así como terminó el período de Martínez y llegó en 2012 Juan Carlos Nemocón a la Alcaldía. De acuerdo con Dora Vera, secretaria de Infraestructura de la época, a su arribo el proyecto contaba con estudios, pero algo puntual los hizo pisar el acelerador: “El Ministerio de Hacienda dijo que se iban a vencer las vigencias, por lo tanto nos daban hasta diciembre de 2012 para adjudicar el contrato”.

Al finalizar ese año, el municipio abrió la licitación, pero en mayo de 2013 se declaró desierta, ya que ninguno de los proponentes contaba con las condiciones para ejecutar el contrato, que consistía en la rehabilitación de las vías del casco urbano y la construcción y reparación de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial de siete barrios, en tres comunas. Esto llevó a contratar de forma directa al consorcio Ediviales, por $18.387 millones, para adelantar los trabajos en 12 meses.

Bajo las condiciones de los bonos de agua, si haber comenzado las obras, Soacha había pagado en cuatro años alrededor de $10.000 millones, solo en intereses y el porcentaje del Grupo Financiero de Infraestructura (que recibió casi $3.000 millones). Esto sin contar cómo por el aumento de la UVR, una deuda de $18.802 millones ya iba en $21.165 millones.

Nuevo préstamo

Para 2014, todo parecía en regla. Mientras el contrato ya estaba adjudicado, por otro lado, Findeter compró las deudas de los municipios que accedieron al plan Carrasquilla. De esta forma cambiaron las condiciones del préstamos: la tasa de interés bajó del 11 % al 8 %. Es decir, con este cambio se libró del pago del 3 % de comisión al Grupo Financiero de Infraestructura , situación que, según el actual secretario de Hacienda, David Ortiz, le permitió que el municipio ahorrarse casi $4.000 millones.

Pero mientras parecía que la deuda daba un respiro, las obras comenzaron a complicarse. A pesar de que el contratista dijo tener capacidad financiera para asumirla obra, tuvo inconvenientes para comenzar a trabajar. No les pagaba a los obreros, no contaba con los materiales y, de acuerdo con Vera, lo peor era que hacía excavaciones, como la que hicieron en los barrios Bosques de Cipi y Boyacá, solo para mostrar avances a la interventoría.

Por ello, ante el incumplimiento, la Alcaldía intentó suspender y multar al contratista en cuatro ocasiones, pero solo hubo dilaciones. Apenas a finales de 2015, con el 40 % de las obras, Ediviales cedió el contrato al consorcio Hidrosanitario, al que el municipio le entregó $4.000 millones más de lo presupuestado para acabar los trabajos.

La reinversión se hizo debido a que se presentaron nuevos inconvenientes. Con la construcción de la ciudadela Ciudad Verde se debían hacer nuevos diseños para la adecuación de las redes, lo que cambió el plan de la obra inicial. Esto generó problemas en la instalación de los conectores en el predio Potrero Grande, que luego la CAR clasificó como zona de protección ambiental. Además se presentó duplicidad en las redes, lo que obligó a realizar más estudios.

En medio de esto se dio un nuevo cambio de gobierno en Soacha y en 2016 llegó a la Alcaldía Eleázar González, quien también encontró retrasos e incumplimientos. Esto lo llevó a multar a Hidrosanitario por $103 millones y, el pasado 29 de agosto, a declarar el incumplimiento del contrato. Según la Secretaría de Infraestructura, hay un nuevo contratista que realiza estudios para poner al día las obras.

En medio de este limbo, la Alcaldía logró este año que Bancolombia comprara la deuda del municipio por los bonos de agua. Ahora el préstamo está diferido a 12 años y el municipio no tiene que pagar el 8 % de intereses sino el 6,5 %. “Es una tasa competitiva. Ya hicimos un prepago de la deuda de $5.000 millones, por lo que ya debemos menos de $15.000 millones. Esperamos pagar en el menor tiempo posible y creemos que con el cambio del esquema, el municipio se ahorrará cerca de $6.000 millones”.

Tanto Vera como Ortiz señalan que los inconvenientes van más allá del préstamo. “Mi único reparo es que se haya hecho un desembolso cuando ni siquiera se había iniciado un proceso contractual”, señala el secretario de Hacienda, mientras que la exfuncionaria asegura que los bonos no fueron la mejor opción, ya que “hoy siguen las carencias de saneamiento básico y se necesita más inversión”.

En total, por un crédito de $18.802 millones, que se presentó como una solución a las carencias de agua del municipio, al final (contando intereses, comisiones y seguros) terminará pagando más del triple. Por ahora, la Alcaldía espera abrir en los primeros meses del próximo año una nueva licitación para finalizar las obras. Con nuevos recursos esperan, ahora sí, terminarlas.