“Cada dos horas tres mujeres reciben medidas de protección por amenazas contra su vida”

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“Es urgente que las autoridades de Bogotá se tomen en serio el problema de la violencia contra la mujer que cada día escala más y se convierte en un problema de salud pública que ni siquiera alcanza a llegar a los hospitales porque las víctimas terminan en la morgue. Siendo Bogotá la ciudad del país con más medios al alcance de la mujer, cada dos horas las comisarías de Familia entregan en promedio tres medidas de protección por serias amenazas contra la integridad personal y la vida de las denunciantes”, con estas palabras la concejal Lucía Bastidas manifestó su preocupación por el tema.

Según la cabildante, la cifra es alarmante: son en promedio 37 casos al día y 1.116 al mes. Solo en el 2014, las 37 comisarías de la ciudad expidieron 13.401 medidas y este año ya van 8.846. Y esto es solo el registro oficial. Téngase en cuenta que las autoridades estiman que solo se denuncia entre el 20 y el 30 por ciento de los casos, cuando mucho. Así que la mayoría de los ataques contra las mujeres está en la absoluta privacidad de los hogares, donde ocurre el 83 por ciento de las agresiones.

“El Instituto de Medicina Legal ha documentado exhaustivamente los casos: en el 95 por ciento de las ocasiones los atacantes de las mujeres son sus parejas o exparejas sentimentales, incluidos esposos y exesposos, compañeros o excompañeros permanentes y novios o exnovios. El problema es que las mismas comisarías, junto con la restricción que le ordena al atacante de no acercarse a su víctima, expiden la citación a una audiencia de conciliación y no son pocos los casos en los que, por miedo a enfrentarse a su agresor, las mujeres desisten de su denuncia, o en la audiencia deciden darle una oportunidad que muchos agresores aprovechan para volver a golpear y en ocasiones para matar a su víctima”, agregó.

Las autoridades están en mora, dice Bastidas, de afinar los mecanismos para obligar a los agresores a cumplir con las medidas de restricción. De poco está sirviendo que una comisaría le diga a un atacante, mediante un escrito que debe abstenerse de todo acto de agresiones de carácter físico o verbal, o de proferir amenazas u ofensas contra una mujer, porque no hay quien vigile el cumplimiento de esa medida.

“Burla es la que está generando entre los agresores este tipo de acciones de las autoridades que, aunque sirven como antecedente, no están representando una verdadera protección, porque el acceso a sus víctimas les facilita amenazar y amedrantar para que sean las mismas mujeres las que desistan de sus casos ante las autoridades”, puntualizó.

Bastidas dice que hay un tema sobre el que es preciso reflexionar: el empoderamiento de las mujeres para que defiendan sus derechos ha generado en muchos casos una reacción aún más violenta de sus agresores. “Por esa razón es preciso que la política pública se ocupe de abordarlos a ellos para involucrarlos en la solución del problema. Si no se trabaja con los victimarios, este problema de salud pública seguirá escalando”.