La repercusión que tuvo la decisión de la Alcaldía de Bogotá de anular el Decreto 562 y el 575 de 2015 -su modificatorio- ha llegado a todos los sectores involucrados en la urbanización y expansión de la capital del país. La Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), se pronunció este martes frente a la decisión del mandatario distrital, asegurando que era totalmente ilegal.
Así, la gerente de Camacol Regional Bogotá - Cundinamarca, Marta Moreno, aseguró que la entidad respalda a la Alcaldía de Bogotá en la anulación del decreto de renovación urbana, al tiempo que señaló las falencias que tenía la reglamentación, como la nula participación ciudadana en este, además del cambio de uso del suelo, sin consulta previa en el Concejo de Bogotá.
Moreno, quien destacó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como paso siguiente a la entrada en vigencia del Decreto 079 de 2016, con el que se anulan los dos decretos previos, también se refirió a las licencias que ya fueron expedidas bajo la anterior reglamentación. Al respecto, la gerente de Camacol indicó que esas ya están protegidas por la ley.
“En este momento nos pone en un momento crucial para la ciudad que es el Plan de Ordenamiento Territorial en el que todos podemos participar como la ley lo exige. Las (licencias) que están en trámite es otro derecho diferente: se continúa el trámite, pero no quiere decir que sea aprobada”, manifestó Moreno en diálogo con BluRadio.
Justamente, frente al POT de Bogotá en la administración de Enrique Peñalosa, el Distrito ya dio un adelanto, que quedó consignado en el nuevo Decreto. El 079 de 2016, establece que las cubiertas de los edificios que se construyan a partir de la fecha, deberán ser para uso común de todo el edificio, y no exclusivamente para los dueños del último piso.
Asimismo, en los primeros pisos de dichas edificaciones no se podrán ubicar parqueaderos; entonces, los constructores deberán construir espacios habitables o de comercio. Con estas medidas, el Distrito busca aumentar la cantidad de espacio público en Bogotá, reducir la inseguridad y beneficiar a la ciudad en general.
La anulación del Decreto 562, una de las promesas de Peñalosa durante su campaña al Palacio de Lievano, se realizó atendiendo la solicitud de los vecinos de varios sectores como La Alhambra, Santa Isabel, Molinos, Santa Bárbara y Santa Ana, zonas ubicadas en distintos puntos de la ciudad, quienes expresaron su descontento con la construcción de grandes edificios.