Cambios que vienen para el aseo en Bogotá

La intención de la nueva administración, que debe estructurar una licitación para la recolección de basuras, es que ese servicio sea contratado con privados, lo que implicaría que el Acueducto, por medio de Aguas de Bogotá, salga de ese negocio.

Carlos Hernández Osorio
07 de enero de 2016 - 11:45 a. m.

El esquema de recolección de basuras que rige en la ciudad, en el que la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) se encarga de prestar el servicio en la mitad del territorio, parece tener los días contados.

A finales del año pasado, como se recordará, la Corte Constitucional definió que se debía retornar al modelo de libre competencia, lo que implica abrir una licitación para escoger entre las empresas que se postulen como posibles operadoras. Eso, sin embargo, dejaba abierta la posibilidad para que el Distrito insistiera en mantener a la EAAB como único operador público, pero ayer el alcalde Enrique Peñalosa reiteró sus críticas a ese esquema y anunció su intención de que sean particulares los que se encarguen de esa tarea.

En el actual modelo, instaurado por la administración de Gustavo Petro, la EAAB se incorporó por medio de su filial, Aguas de Bogotá, que es la que presta directamente el servicio en el 52% de la ciudad (Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Los Mártires, Santa Fé, La Candelaria, Antonio Nariño, San Cristóbal, Rafael Uribe y Usme). En el resto de la ciudad operan las empresas Lime, Aseo Capital y Ciudad Limpia.

Las intenciones de la anterior administración le apuntaban a que, como en cualquier momento se debía abrir la licitación, el esquema se mantuviera, al menos, mixto, con la participación de empresas públicas y privadas. Así lo dijo en julio pasado Óscar Parra, gerente de Aguas de Bogotá en el gobierno Petro, en entrevista con este diario. Pero esa posibilidad es la que ahora parece lejana, ya que Peñalosa considera que haber involucrado al Distrito como prestador directo del servicio resultó “desastrosamente ineficiente y costoso, y fue un gran error gerencial”. Los planes del alcalde con la EAAB son muy diferentes, enfocados en inversiones también muy cuantiosas como la recuperación del río Bogotá.

A pesar de que Petro defendió hasta último momento su modelo, los organismos de control terminaron por respaldar el diagnóstico deficiente: la Superintendencia de Servicios publicó un informe en diciembre en el que reportó la pérdida para la EAAB de $37.200 millones en 2014 por la prestación del servicio de aseo. Incluso, Martín Quijano, presidente del sindicato del Acueducto Sintraemsdes, considera que ese balance es negativo.

Los retos

Peñalosa parece tener claro que el Acueducto, y por ende Aguas de Bogotá, debe apartarse de la recolección de las basuras. Sin embargo, aún no ha definido qué pasará con esta última empresa, que también está metida en la prestación del servicio de acueducto en otros municipios de Cundinamarca.

La dificultad radica en que Aguas de Bogotá, para prestar el servicio de aseo en la ciudad, ya cuenta con unos 3.500 trabajadores, la mayoría con fuero toda vez que allí existen 13 sindicatos. Franklin Lampreda, presidente de uno llamado Sintraaseo, dice que el alcalde debe tener en cuenta varios puntos a la hora quitarles el barrido y recolección de basuras: por ejemplo, la mayoría de operarios es población vulnerable que la administración Petro vinculó para incluirlos socialmente: madres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento, personas que han tenido problemas de drogadicción.

Como lo informó este diario en noviembre, en 2013 el Distrito firmó un acuerdo de formalización laboral con el Mintrabajo que puso como condición que la EAAB, para prestar el servicio de aseo, garantizara la continuidad de esos trabajadores, independientemente de que la función la preste Aguas de Bogotá u otra empresa.

Lamprea dice que “si el servicio ya no lo va a prestar Aguas de Bogotá, sería cuestión de negociar con el alcalde porque estas familias deben tener algo definido”.

El reto principal, entonces, parece estar no solo en cambiar el esquema, sino en desarrollar otro que no vaya en contra de derechos adquiridos y que, sobre todo, garantice la inclusión y reconocimiento de los recicladores, que también es un mandato de la Corte.

Por Carlos Hernández Osorio

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