En Campo Verde, ahora el lío es étnico

El Consejo de Estado ordenó verificar la presencia de la comunidad muisca en la zona. Si se comprueba, el proyecto quedará suspendido hasta que se realice consulta previa.

Aunque en Campo Verde se alcanzaron a construir algunos apartamentos, el proyecto sigue suspendido.   / Archivo
Aunque en Campo Verde se alcanzaron a construir algunos apartamentos, el proyecto sigue suspendido. / Archivo

Al debate político, técnico y ambiental que ha rodeado la construcción del Plan Parcial Campo Verde se suma ahora un nuevo componente: el étnico. Cuando todo estaba listo para que las constructoras Marval y Bolívar reactivaran la obra, que contempla edificar 6.200 viviendas de interés prioritario y de interés social a orilla del río Bogotá, el Consejo de Estado ordenó suspender de manera provisional todos los trabajos. La razón: el Ministerio del Interior debe determinar en ocho días si los lotes están o no en territorio indígena. De comprobarse, el proyecto se suspenderá hasta tanto se realice una consulta previa con la comunidad muisca.

La decisión surge de una tutela que radicó en abril del año pasado la Comunidad Indígena Muisca de la localidad de Bosa, en la que pidió que se les protegieran los derechos fundamentales a la consulta previa, a la identidad cultural y al debido proceso frente a dos proyectos promovidos por el Distrito: El Edén y Campo Verde.

Según el grupo étnico, ambos proyectos se autorizaron sin consultar a las comunidades y sin tener en cuenta que estaban en terrenos ancestrales, con lo que la administración puso en riesgo su identidad cultural. Aunque inicialmente la comunidad perdió la pelea, en segunda instancia la justicia les dio la razón. El Consejo de Estado amparó los derechos de los muiscas de Bosa y ordenó, por un lado, suspender el plan El Edén hasta que se surta la consulta previa, y por el otro, suspender de manera provisional las obras en Campo Verde hasta que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior determine si las obras afectan terrenos indígenas.

Según el fallo, esa cartera tiene máximo ocho días para hacer la visita al terreno, verificar la presencia de la comunidad indígena en la zona y, en especial, determinar la alegada importancia del humedal La Isla, donde se llevan a cabo rituales sagrados para los indígenas. “Si se comprueba que la comunidad hace presencia en dicha área, se le debe notificar a la administración distrital para que suspenda de forma definitiva la obra, en aras de iniciar el proceso de consulta previa”. En caso contrario, las obras podrán continuar.

La decisión del Consejo de Estado se conoce justo un mes después del anuncio del Distrito sobre la reactivación del proyecto Campo Verde, que llevaba casi dos años suspendido por encontrarse en zona de riesgo de inundación. En una ceremonia a la que asistieron el vicepresidente Germán Vargas Lleras; la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, y el alcalde Enrique Peñalosa, se indicó que gracias a las obras que había adelantado la CAR en la cuenca media del río Bogotá, ese riesgo había desaparecido.

El anuncio desató un debate técnico en torno a los riesgos de inundación sobre la urbanización. Sin embargo, luego tomó tintes políticos, al revivir el choque entre el exalcalde Gustavo Petro y el vicepresidente Vargas Lleras (ambos con aspiraciones presidenciales) alrededor de la política de vivienda en la capital.

Fue en medio del debate que se supo que el Distrito les vendió su participación en el Plan Parcial a las constructoras Bolívar y Marval (socias de Dónde Adquirir Vivienda, que financió la campaña de Enrique Peñalosa), en $27.410 millones, y les indicó que allí sí se podía construir. Sin embargo, desde entonces no han podido poner ni un ladrillo. Hoy, con la nueva polémica, el Distrito corre el riesgo de enfrentarse a una demanda y las familias con subsidio de vivienda asignado están en el aire. Todo, en apariencia, por una mala planeación distrital.

Una oportunidad

Frente a la decisión del Consejo de Estado, Sandra Cobos, Gobernadora Indígena de la comunidad Muisca de Bosa, señaló que es una oportunidad para que la administración y el Ministerio del Interior hagan lo que tienen que hacer: reivindicar su territorio. "En otras oportunidades hemos tenido ese acercamiento, pero siempre es por un fallo judicial. Lo que esperamos es que se reconozca que es un territorio ancestral, que tiene una memoria y una historia, y no un territorio particular.

“Lo que si nos preocupa es cómo otros puedan ver este asunto. La comunidad Muisca de Bosa nunca se ha opuesto al desarrollo de la ciudad. Lo que hemos pedido es que sea un desarrollo armónico, concertado y que nos permita seguir existiendo en nuestro territorio. Que tengan en cuenta nuestros principios culturales y nuestro relacionamiento con el territorio", agregó la Gobernadora.

En Campo Verde tenemos un humedal en el que tradicionalmente hemos hecho nuestros rituales y pagamentos. Es un lugar sagrado para nosotros y a pesar de ello, ahora está cerrado.  Mientras para un católico, una capilla es un símbolo para los católicos, porque representan su espiritualidad, para nosotros el humedal representa lo mismo, pero no nos dejan hacer uso de él. Lo que queremos es propiamente eso, que entiendan nuestras costumbres y nos permitan la conexión y permanencia en nuestro territorio ancestral. No queremos que lo entiendan como resistencia al desarrollo", concluyó.

Por su parte, el Distrito señaló que no se va a pronunciar hasta que no conozaca el concepto del Ministerio del Interior.