CAR apela fallo que le ordena aprobar cambios en la reserva Thomas van der Hammen

Con la apelación, la CAR busca defender su autonomía como autoridad ambiental. / Gustavo Torrijos

Aunque según el fallo, el plan de la administración es “conveniente y necesario”, al considerar que presenta una serie de beneficios ambientales, económicos y sociales que contribuyen al desarrollo y conservación de la cuenca media del río, para la CAR no es más que una decisión con la que se usurpan las funciones de la autoridad ambiental.

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Por esta razón, en el documento con el que justifica la apelación, la corporación no solo cuestiona la competencia de la funcionaria judicial para tomar este tipo de decisiones, sino cómo este fallo estaría abriendo un peligroso camino, que podrían aprovechar algunos para adelantar trámites ambientales, brincándose el estudio de los expertos.

Como parte de los argumentos del recurso, la CAR reprocha que la funcionaria hubiera dado una orden de este calibre alrededor de una propuesta que apenas está bajo estudio del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma, “que es el órgano con competencia legal para decidir si la misma es viable o no”.

Resalta, además, un hecho relevante: el auto mediante el cual se ordena la aprobación del proyecto del Distrito de intervenir la Van der Hammen surge de un incidente de desacato que promovió la comunidad el 26 de septiembre de 2016 contra el alcalde de Bogotá. Es decir, el proceso se activó por una situación que ocurrió casi dos años antes de que la administración hubiera presentado formalmente la propuesta.

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En conjunto, dice la Corporación, el fallo lo que está haciendo es desconocer la autonomía de la CAR como autoridad ambiental, al impedir el estudio y la valoración técnica de la propuesta, creando un mal precedente dentro de las solicitudes relacionadas con trámites ambientales.

“Esta decisión puede enviar un equivocado mensaje en materia ambiental, pues según esto no se requiere el rigor técnico, científico ni participativo para tomar decisiones que afecten los recursos naturales renovables, sino que solo basta con acudir ante un juez para que se les autoricen los permisos”.

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Aunque uno de los argumentos de la magistrada para justificar su decisión es que la propuesta estaba en manos de la CAR desde el pasado mes de abril y a la fecha no había tomado una decisión, la Corporación respondió que esto no era del todo cierto, ya que el Distrito solo completó todos los requisitos el pasado 3 de septiembre, cuando allegó la certificación del Ministerio de Interior sobre la no existencia de comunidades indígenas y afrodescendientes en el área. “Esto significa que ha transcurrido solo un mes desde que se recibió eficazmente esta solicitud y el procedimiento señala que este trámite tiene un término aproximado de cinco meses”.

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Por ahora, la apelación ya está en manos de las autoridades y será tarea de los magistrados del Consejo de Estado dirimir esta controversia, para definir si la magistrada Villamizar se extralimitó en sus funciones como lo dice la CAR, con lo que tendría que revocar el auto, o si, por el contrario, tenía las facultades de ordenar la aprobación de la propuesta de la Alcaldía. Sea cual sea la decisión, de ella dependerá el futuro de la Reserva.