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El próximo jueves 27 de junio, Mauricio Solano, exdirector del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), deberá comparecer ante un juez de garantías para que la Fiscalía General de la Nación le impute cargos por los presuntos delitos de celebración de contratos sin requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. El ente acusador pedirá, además, la medida de aseguramiento para el exfuncionario, amigo de infancia del exalcalde Samuel Moreno y su hermano, el excongresista Iván Moreno.
Mauricio Solano llegó a mediados de 2009 al FVS, entidad que tiene a su cargo la dotación de recursos y el acompañamiento a la Fuerza Pública y las autoridades judiciales del Distrito. El presupuesto del Fondo alcanzó los $1,2 billones durante el cuatrienio del exalcalde Moreno.
La imputación al exfuncionario tiene que ver con el contrato 742 de 2011, que fue el resultado de una licitación abierta por el Fondo para la compra de 50 vehículos autobalanceados (también conocidos como scooters) para la Policía Metropolitana. El proceso licitatorio fue abierto luego de que el 4 de febrero de 2011, el FVS recibiera un requerimiento por parte del general Francisco Patiño, comandante por ese entonces de la Policía Metropolitana, solicitándole al gerente, Mauricio Solano Sánchez, que estudiara la posibilidad de asignar 50 de esos transportadores autobalanceados.
El requerimiento enviado por la Policía tenía unas especificaciones técnicas que solamente correspondían a la marca estadounidense Segway. Sin embargo, cuando el Fondo realizó el estudio de mercado y publicó los pliegos de condiciones de la licitación las especificaciones técnicas no eran exclusivamente concordantes con las de esa marca, sino que eran mucho más amplias, permitiendo así que existiera más de un oferente para el contrato.
Al ampliar las especificaciones se presentó la empresa Autoexpress Morato, que finalmente fue la ganadora. Su oferta estaba sustentada en aparatos chinos que, si bien estaban marcados como Segway, correspondían a la marca T-Motor. Eso hizo que la Policía, faltando dos días para cerrar la licitación, advirtiera que esas no eran las especificaciones que había pedido y que, en consecuencia, no recibiría los vehículos.
Las irregularidades del contrato identificadas por la Contraloría y por la administración distrital actual tienen que ver con sobrecostos y errores en la estructuración de la licitación. Los aparatos chinos fueron facturados individualmente por cerca de $24 millones, mientras que su valor real no superaba los $6 millones. Además, el organismo de control dijo que “no se entiende cuáles son las justificaciones para la apertura de un proceso licitatorio para la adquisición de unos bienes que sólo pueden ser comercializados por un distribuidor exclusivo y autorizado por Segway Inc.”.
Entre otras irregularidades, en el contrato decía que la mercancía debía ser recibida por la Policía, pero del Fondo salió la orden de recibirlo en la bodega de esa misma entidad. Luego de que se firmara el contrato el 14 de diciembre de 2011, fue radicada ante Fiscalía una denuncia contra Solano por un particular, desatándose una investigación contra el exgerente del FVS que hoy desencadena la imputación de cargos. Este diario procuró comunicarse con Mauricio Solano para verificar que hubiera sido notificado, pero fue imposible obtener una respuesta.