Carlos Fernando Galán responde sobre captura de uno de sus asesores

Juan Carlos Junca, un asesor programático de Carlos Fernando Galán y exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), fue enviado a la cárcel por presunta participación en irregularidades en un contrato estatal millonario. / Archivo El Espectador.

Foto: DAVID CAMPUZANO

La cuenta regresiva para que Colombia escoja sus nuevos mandatarios locales ya comenzó. Faltan 13 días para las elecciones y antes de que ese día llegue sale una nueva captura, justamente de un experto que asesoró la campaña de Carlos Fernando Galán, quien busca la alcaldía de Bogotá. 

Se trata de Juan Carlos Junca, un asesor programático de Galán y exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), imputado por la Fiscalía y detenido por participar, presuntamente, en las irregularidades de un contrato por 106.000 millones para la facturación del servicio de aseo de Bogotá. Un juez decidió darle medida de aseguramiento en un centro carcelario. 

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Sobre el hecho, el candidato salió a aclarar la relación de Junca con su campaña y reiteró que los ataques en su contra hacen parte de una campaña negra que ha venido en ascenso en la recta final de la carrera por la alcaldía con más recursos del país. 

“Juan Carlos Junca está siendo investigado. Han dicho que es una persona de primer nivel de mi campaña, y eso no es cierto. Él es uno de muchos expertos que aportaron ideas en la construcción del programa de gobierno y participó acompañando a nuestro equipo programático en uno o dos foros”, afirmó Galán en un video publicado en su cuenta de Twitter.

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Junca, por su lado, está imputado de delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, falsedad en documento público y concierto para delinquir. Ha dicho que es inocente. Según las autoridades, el experto habría recibido un millonario soborno para entregar el contrato -que entregaba la implementación del sistema que monitoreaba  los camiones recolectores de basura- a la empresa Distromel Andina, en la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. 

Ahora, la Fiscalía debe establecer si el exalcalde y condenado a 30 años de cárcel, sabía y participó de las actuaciones ilegales o no.