¿Carpas para detenidos de la URI?

El panorama se vive en el barrio La Granja, de Engativá.

El problema de hacinamiento de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) sigue creciendo en Bogotá. Una de las situaciones más críticas se sigue presentando en la URI de Engativá, al occidente de la capital, donde, ante la incapacidad de las autoridades de garantizar una detención digna mientras estas personas resuelven su situación con la justicia, algunos han resuelto instalar carpas en el parque principal del barrio.

Las personas presas están esposadas y cada que las llaman a las audiencias entran a la URI en compañía de un policía, que se encarga de vigilarlos. De esta escena son testigos los jóvenes y los niños que juegan en el sector. Este cuadro, que para muchos es absurdo, preocupa a los residentes: “expone a los vecinos del barrio, más que todo a los niños. ¿qué tal se produzca una balacera?”, dijo Guillermo Mora, habitante de La Granja.

Pero este problema, que se ha venido agravando, no es nuevo. Hace dos meses, en junio de 2014, el reporte de hacinamiento ya era grave. A las afueras de esta URI, acostados en cobijas y cartones, pasaron la noche 30 personas, que estaban bajo custodia de las autoridades.

El plan de choque que el Inpec, el Ministerio de Justicia y la Administración Distrital pusieron en marcha parece no haber dado resultados. Los traslados de detenidos para aliviar el sobrecupo no resolvió el problema. Siete detenidos de la URI de Puente Aranda se escaparon y otro tanto denunció las condiciones inhumanas en que estaban. Las entidades de control del Distrito, como la Personería y la Defensoría del Pueblo, han hecho también sus alertas sin que nada se resuelva.

Un informe de la Personería de Bogotá sobre cinco URI de la capital (Ciudad Bolívar, Kennedy, La Granja, Paloquemao y Usaquén) encontró un sobrecupo del 222%, pues tienen capacidad para mantener un máximo de 140 detenidos, pero albergan 312. También esta entidad ha denunciado que estos centros no cuentan con camas, alimentación, baños ni mínimas condiciones de permanencia digna. Hay ciudadanos “recluidos desde hace más de 15 días que duermen en los pisos, lo cual ha generado grave riesgo por insalubridad e inseguridad, porque en estas condiciones de hacinamiento se han detectado la aparición de enfermedades y proliferación de virus”.

Una salida de fondo

Más allá de este panorama local, tal parece que el problema de las URI, donde la mayoría cumplen una medida de aseguramiento por delitos menores o esperan el trámite de judicialización, es de fondo y se relaciona con el colapso del sistema carcelario en todo el país.

Hace un año, cuando el debate tocó nuevamente las puertas del Congreso, se conoció la propuesta del Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP) y la Relatoría de Prisiones de la Universidad de Los Andes. Ellos planteaban que para reformar el sistema penitenciario y carcelario del país era necesario racionalizar el uso de la pena privativa de la libertad, no solo porque no hay cárceles ni URI que alcancen, sino porque es “responsabilidad del Estado proporcionar condiciones dignas de vida a las personas privadas de la libertad. Por ello, sólo debería internar el número que puede efectivamente atender”.

Lo que se buscaba en este caso era que la reclusión penitenciaria se usara en casos en que fuera absolutamente necesaria y no, como sucede actualmente, como medida general para cualquier infracción al código penal.

Esta propuesta consideraba que la excesiva criminalización de conductas, sin atender el impacto que tiene en el sistema, ha llevado a su colapso. “Actualmente, la población penitenciaria y carcelaria colombiana alcanza las 115 mil personas, al tiempo que su capacidad de albergue es de 75.726 cupos, lo cual se traduce en un hacinamiento cercano al 53%, el máximo histórico del sistema. La construcción de más establecimientos en ausencia de una política criminal adecuada, no soluciona el problema y, por el contrario, lo extiende. Es necesario entonces reducir la pena privativa de la libertad a aquellos casos que, por su gravedad, justifiquen el aislamiento penitenciario. El primer supuesto de la reforma es que la construcción y expansión del sistema no debe ser la respuesta a la violación de los derechos de las personas presas”, señala un informe de este grupo.

Cuando el año pasado se conoció este proyecto de ley, el viceministro de Justicia, Miguel Samper, aseguró que esta propuesta de regímenes diferenciados de reclusión significaría que “al otro día 48.000 personas quedarían en libertad”. Pero la propuesta del grupo jurídico de Los Andes no suponía que las personas quedarían “libres” inmediatamente. Por el contrario, en el caso de quienes quedaran bajo el régimen abierto quedarían vinculadas a un sistema de control extramural, que ya sucede, por ejemplo, bajo la figura de los beneficios administrativos, como el trabajo extramuros. Una condición dirigida a la población que ha cometido por primera vez un delito no grave y que se encuentra en circunstancias de exclusión social.

También proponía un régimen semiabierto, dirigido a aquellas personas que reúnen las condiciones anteriormente descritas pero que eran reincidentes. “En este caso, el régimen establecía que la persona debía permanecer durante la semana en ejecución intramural y, los fines de semana, bajo supervisión del Estado, podía salir del centro de reclusión y estar en contacto con su familia o sus seres queridos. Con esto se buscaba resolver problemas humanitarios como las visitas a las prisiones, que suponen las filas de miles de mujeres, con sus hijos e hijas, sometidas a penosos procesos de requisas, y que extienden el indigno trato penitenciario a las familias de los internos, lo que contribuye a su abandono y pérdida de vínculos sociales”, señala el informe.

Sin embargo, en el Congreso el Ministerio de Justicia impulsó su propia propuesta que, aunque tenía medidas interesantes para suspender la ejecución de penas y flexibilidad en el acceso a medidas sustitutivas a la cárcel, en última instancia promovía la expansión del sistema a través de la construcción de mega-cárceles y la intervención del sector privado, que auguraban no iban a resolver la situación.

La iniciativa del Gobierno avanzó en el Congreso con obstáculos, pero fue aprobada a último minuto (Ley 1709 de 2014). Desde entonces, mientras se aplaza una verdadera reforma, han pasado siete meses y el panorama de hacinamiento no ha cambiado mucho. Las URI y las prisiones siguen albergando a cientos de personas en condiciones inhumanas.

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