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Bogotá no se escapa de las denuncias por presunta corrupción en el suministro de refrigerios escolares que por estos días se han conocido en diversas regiones del país como Santander, Chocó, Bolívar, Atlántico, Quindío y La Guajira. En la capital todo comenzó el pasado 30 de marzo cuando el secretario de Educación, Óscar Sánchez, hizo públicas las inquietudes alrededor del proceso que cursaba esa entidad distrital para contratar las empresas encargadas de proveer alimentos a 672.000 estudiantes de colegios públicos.
Sánchez informó que varios de sus funcionarios eran objeto de presión frente al proceso de contratación de refrigerios escolares que se adelantaba, cuyo rubro superaba los 175 mil millones de pesos. El secretario indicó en su momento que se buscaba amedrentar o incluso hacer renunciar a empleados clave para favorecer intereses de algunos contratistas. (Lea Distrito denuncia presiones para contratación de refrigerios escolares)
El llamado de atención de Sánchez fue por presiones internas y externas contra funcionarios de la oficina de contratación, y por presuntos acuerdos que algunas empresas hacían entre sí para quedarse una y otra vez con este jugoso contrato. (Lea Refrigerios escolares, en manos de los mismos)
Esta semana el concejal Antonio Sanguino denunció, durante un debate de control político, una supuesta red que direccionó contratos de refrigerios escolares en la Secretaría de Educación, exactamente desde la Subsecretaría de Acceso y Permanencia y la Dirección de Bienestar Estudiantil, encabezadas por Adriana González Maxcyclak y Mabel Milena Sandoval Vargas, respectivamente.
“Las irregularidades comenzaron con la llegada de la abogada Adriana González a la subsecretaría desde el 1 de diciembre de 2014. Sus primeros actos fueron ordenar la contratación de los refrigerios escolares para el año 2015, y la contratación de al menos siete funcionarios para que la asesoraran. Ella en compañía de los funcionaros contratados, direccionó el contrato 1985 de 2015 por un valor de 33 mil millones de pesos, en el que Plaza Mayor de Medellín debía suministrar refrigerios escolares. Del mismo modo lo hicieron con el contrato 1991 del 21 de abril de 2015, mediante el cual se contrató a la Universidad de Antioquia para que hiciera la evaluación de la contratación sobre la alimentación escolar. Este contrato tiene un valor $410.965.000”, denunció oficialmente el concejal Sanguino.
El Espectador habló con la abogada Adriana González, mencionada por Sanguino, quien puntualizó a este diario que las afirmaciones del concejal son “irresponsables y demuestran desconocimiento de los procesos de contratación”, que según ella, tocan ciertas fibras y por eso se dan este tipo de reacciones.
González explicó que a lo largo del proceso de contratación los proponentes presentaron varias observaciones y se cambiaron las reglas de juego. Se amplió el primer anillo de contratación con el fin de que se presentaran más plantas para el suministro de refrigerios en Bogotá, también se amplió el número de grupos para que participaran más oferentes y se hicieron ajustes técnicos con un grupo selecto de ingenieros de alimentos, entre otros profesionales, con el objetivo de mejorar las condiciones nutricionales.
El concejal Antonio Sanguino denunció que esa supuesta “red” dilató el proceso de selección abreviada 017 de 2015 para favorecer a un tercero. “El beneficiado fue Plaza Mayor de Medellín, a quien mediante el contrato 1985 de 2015, por un valor de 33 mil millones de pesos, se le adjudicó a dedo el suministro de refrigerios. Este contrato debía ejecutarse hasta noviembre de este año, cuando termine el calendario escolar, pero extrañamente ya se le giraron recursos por 29 mil millones de pesos, que corresponden al 90% de su valor, sin haber cumplido con la ejecución del contrato”.
Al respecto, la abogada Adriana González dijo: “Yo no dilate nada. Como se terminaba el suministro de refrigerios en abril teníamos que buscar soluciones por esos días mientras se adjudicaba el proceso final. Hablamos con la red de tenderos, la red de logística de las Fuerzas Militares, con la Organización Internacional de Migraciones, estábamos buscando con quién podíamos garantizar la alimentación y llegamos a Plaza Mayor, que es una sociedad de economía mixta, donde más del 82 por ciento es de la Alcaldía de Medellín, y se celebró el contrato con ellos, que tienen toda la experticia en el tema. El contrato fue por 27 días por 33 mil millones de pesos y a la fecha se ha pagado solamente 6.900 millones, que es lo que ha certificado la interventoría”.
Sanguino agregó que en un debate de control político que realizó en el año 2012 advirtió que la calidad de los refrigerios se estaba viendo seriamente comprometida por la modalidad de selección abreviada de subasta inversa que se había escogido en el suministro de los refrigerios escolares. “La situación hoy es peor porque en la triangulación de Plaza Mayor se subcontrata a empresas como Nutrir, que a su vez contrata a otras empresas ensambladoras de alimentos y esto termina siendo una cadena que va en detrimento de la cantidad y calidad de la alimentación escolar”.
La abogada Adriana González reiteró en diálogo con El Espectador que nada de lo que dice Sanguino es cierto y le pidió asesorarse mejor. “Cuando uno asume un cargo público se rodea de las mejores personas. Las hojas de vida de quienes trabajan conmigo están a disposición. Ellos cuentan con toda la experiencia y han tenido cargos importantes. Llevo 16 años en el sector público y es la primera vez que se menciona algo así”.
Según Sanguino, los funcionarios que hacen parte de esta “red” son: la directora de Bienestar Estudiantil, Mabel Milena Sandoval Vargas, y los contratistas Beatriz Emilia Muñoz Calderón, Sandra Liliana Rojas, Jorge Eduardo Valderrama, Diana Carolina Beltrán y Juan Vélez, quienes, de acuerdo a la información suministrada por el cabildante “actuaron por fuera de sus funciones y estuvieron al frente de los procesos contractuales de los refrigerios escolares”.
Finalmente, la abogada y funcionaria de la Secretaría de Educación, Adriana González, dijo que se está evaluando una posible denuncia en contra del concejal Sanguino pero reiteró que lo más importante es que el proceso es transparente. “Estamos haciendo las cosas tan bien hechas que toca callos”.