Caso Javier Ordóñez: piden sitio de reclusión especial para los patrulleros investigados

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Con esta petición de la defensa de Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda concluyó el tercer día de audiencia contra los uniformados. Por su parte, abogado de la familia de Ordóñez pidió que los envíen a prisión, por ser un peligro para la sociedad. Este lunes se toma la decisión.

Aún no hay decisión sobre el sito donde deben permanecer Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, los patrulleros implicados en el asesinato de Javier Ordóñez, mientras avanza el proceso penal en su contra. El viernes se legalizó la captura y el sábado la Fiscalía les imputó cargos por homicidio agravado y tortura agravada. Este domingo la cita era para definir la solicitud de medida de aseguramiento, pero la larga disertación de las partes procesales impidió que la juez 29 de control de garantías tomara una decisión. Por esta razón, el anuncio se aplazó para este lunes, después de las 2:00 de la tarde.

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La sesión de este domingo, que la citaron a las 10:00 de la mañana, se retrasó por cuenta de la solicitud de un grupo de periodistas que, a través de un derecho de petición y una tutela, pidieron que se levantara la reserva de la audiencia, decretada desde el sábado por solicitud de la Fiscalía. Mientras se analizaba el caso, transcurrieron casi dos horas, con una decisión que favoreció la libertad de prensa y la publicidad de este tipo de diligencias diligencias, como ordena el código de procedimiento penal.

Ya con el panorama claro y luego de dos días en los que debatió la legalidad de la captura de los patrulleros; el ente acusador les informó oficialmente los cargos por los que tendrían que ir a juicio, y en los que los abogados plantearon un posible conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar, la audiencia arrancó el domingo antes de mediodía dándole la palabra el fiscal del caso.

El funcionario del ente investigador hizo un relato detallado de los hechos alrededor de la muerte de Ordóñez, para sustentar su solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario. La petición fue apoyada por el abogado de la familia de la víctima, al considerar que, por sus actos, los uniformados eran un peligro para la comunidad y para los testigos de los hechos, quienes denunciaron amenazas. “Tengo mucho miedo por mi vida, siento que me pueden matar y hago responsables a los patrulleros. Quiero dejar constancia que no tengo ningún enemigo diferente a los policías que me han amenazado”, indicó uno de ellos.

La petición fue rebatida por los abogados de los patrulleros Rodríguez y Lloreda, quienes, sin desestimar la gravedad de los hechos que rodearon la muerte de Ordóñez, le dijeron que sus clientes realmente no eran un peligro para la sociedad, no tenían antecedentes judiciales e, incluso, tenían felicitaciones por buen desempeño en el servicio. Por esta razón hicieron una solicitud puntual a la juez de garantías: en caso de dictar medida de aseguramiento, que sea prisión domiciliaria o, a lo sumo, en un centro especial de reclusión como Carabineros, con el fin de “garantizar la seguridad” de sus clientes.

"Lo han amenazado en redes sociales. En aras de garantizar el derecho a la vida, si bien es cierto lo que se busca es la restricción a la libertad, deberíamos analizar una restricción menos invasiva, como una detención preventiva desde el hogar de mi cliente, para que no afecte tampoco a su familia, que depende de él. Creo que la casa por cárcel es suficiente” expresó el defensor de Harby Damián.

Por su parte, Marino Moreno, abogado de Lloreda, dijo que, aunque no pretende oponerse a la solicitud de la Procuraduría y la representación de la familia de Javier Ordóñez, extendió la solicitud de que su cliente fuera recluido en uno de los centros especiales para miembros de la fuerza pública, con el fin de “proteger su integridad”.

Otro de los puntos que todavía faltan por poner sobre la mesa es que, pese a que el caso está en manos de la Fiscalía de Derechos Humanos, los defensores plantearon un conflicto de jurisdicción y pidieron que fuera analizado en detalle para determinar si el caso puede ser remitido nuevamente a la justicia penal militar.

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Los argumentos los dio John Olmos, representante legal de Rodríguez, al indicar que los hechos ocurrieron mientras los uniformados estaban de servicio. “Cuando haces parte de la fuerza pública, tienes esa garantía. La justicia penal militar, que también castiga igual que la ordinaria, pero es especializada. Es un acto de servicio, tenían el uniforme e independientemente de lo que haya pasado y lo que lo haya desencadenado, estaban prestando un servicio que debe ser juzgado por la penal militar”.

Mientras tanto, la audiencia se reanudará este lunes a las 2:00 de la tarde, momento en el que la juez 29 de garantías de Bogotá anunciará su decisión, la cual tendrá recurso de apelación. Por su parte, el Consejo de la Judicatura tendrá la tarea de definir el destino de este proceso: si avanza en la justicia ordinaria, como viene ocurriendo, o lo debe asumir la justicia castrense.

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