Hoy, audiencia de imputación

Tras las primeras capturas, ¿qué sigue en el caso Ordóñez?

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Un juez ordenó la captura de los dos patrulleros involucrados en el homicidio de Javier Ordóñez. Uno ya está detenido. Unas voces piden detener también a los uniformados que dispararon contra la multitud, pero es un proceso más complejo.

Los patrulleros Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos tendrán que comparecer formalmente ante la justicia ordinaria para responder en el proceso por la muerte de Javier Ordóñez, ocurrida el pasado 9 de septiembre. Un juez de control de garantías, a solicitud de la Fiscalía, expidió las órdenes de captura, paso previo a la audiencia de imputación de cargos, donde se les notificará la investigación por abuso de autoridad y homicidio. Al cierre de esta edición solo habían detenido a Rodríguez Díaz, quien desde ayer está en el búnker de la Fiscalía y hoy estaría frente a un juez. De Lloreda no se sabe nada.

Estas son las primeras decisiones en medio de la causa que adelanta el ente acusador para tratar de esclarecer el asesinato de Ordóñez y atender el clamor de justicia. Y son apenas las primeras, ya que según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, habría más uniformados implicados en el crimen del hombre de 44 años que, según las primeras revelaciones de sus familiares y de la historia clínica, murió a causa de varios golpes con objetos contundentes.

Justo cuando se conoció la noticia de las órdenes de captura se supo, además, que uno de los patrulleros tenía dos denuncias más por abuso policial contra ciudadanos del barrio Villa Luz. Uno de los procesos venía desde 2018 y otro era de febrero de este año, pero en ninguno hubo avances en las investigaciones, que revivieron ahora como coletazo del caso Ordóñez.

Contra los policías se adelantan dos procesos. El penal lo lleva la Fiscalía, luego de que la justicia militar decidiera dejarlo en manos de la justicia ordinaria, pues consideró que hubo violación a los derechos humanos y que la muerte no estuvo relacionada con actos del servicio. Y el disciplinario, a manos de la Procuraduría, que esta semana citó a los dos patrulleros para el próximo 1° de octubre, fecha en que iniciará el juicio disciplinario.

Si bien los avances en el proceso por la muerte de Ordóñez fueron bien recibidos por quienes exigen justicia, algunos creen que faltan más, en especial contra los que dispararon contra las multitudes que protagonizaron las protestas y desmanes del 9 de septiembre. Vale recordar que esas balas, según el Distrito, disparadas “de forma indiscriminada contra la ciudadanía”, acabaron con la vida de nueve personas en Bogotá y tres en Soacha.

Justo horas antes de que se emitieran las órdenes de aprehensión contra Rodríguez y Lloreda, la ONG Temblores reveló un video sobre la jornada del “9S”, en el que se ve cómo en inmediaciones del CAI del Verbenal varios policías dispararon contra ciudadanos que estaban a varios metros del puesto policial. Vale recordar que en esta zona se registraron tres de las víctimas fatales de esa noche. “Allí se observa cómo arremeten contra la multitud y descargan 35 disparos. El resultado es incierto, pero sí hemos podido determinar que al menos una persona murió después de eso”, explicó Alejandro Lanz, vocero de Temblores.

Respecto a los hechos que registra el video, la Policía asegura que se dieron en medio de ataques contra el CAI, en los que seis policías quedaron heridos. Incluso, afirman que hay otro video que muestra cuando un agente es herido con arma de fuego. La situación está en investigación y el CTI ya tiene en su poder las armas de dotación de algunos uniformados, para inspeccionar si tienen relación con lo ocurrido.

La grabación se difundió también en un foro en el Concejo de Bogotá, en el que la alcaldesa Claudia López expuso lo que ocurrió esa noche en los Puestos de Mando de Unificado (PMU) nacional y distrital. Según la alcaldesa, “nadie en el PMU dio ninguna orden arbitraria ni ilegal ni inconstitucional. Nadie pidió defender los CAI a sangre y fuego”. A esta posición se sumó la del viceministro del Interior, Daniel Palacios, quien también asistió al Concejo y aseguró que los hechos ocurrieron en el marco de contención del vandalismo.

Para algunos cabildantes, el tema no se puede manejar desde esa premisa. La concejal Heidy Sánchez (Colombia Humana) manifestó que pretenden mostrar que no hubo ninguna orden, solo sería creíble si hubiera pasado con un policía que se vio acorralado y no le quedó otra que disparar. “Pero estamos hablando de 77 heridos por armas de fuego y ellos solo disparan con alguna autorización”.

Por este motivo, esta bancada y otros concejales iniciarán acciones jurídicas contra los comandantes de la Policía Nacional y los subcomandantes de las zonas donde se dieron los disparos, para que no se manejen como casos aislados. En el caso puntual del video del CAI de Verbenal, desde la JAL de Usaquén se promueve un debate de control político contra la Policía para indagar sobre la responsabilidad de las cabezas de la Policía.

Lina García (Alianza Verde), edil de Usaquén, aseguró que “se debe investigar si los agentes que se ven en los videos están relacionados con los heridos y los tres fallecidos”. Y en materia política, para la cabildante esta es una prueba más de que se necesita una reforma a la Policía. “Hay que revisar los protocolos de armas letales. También muestra que la Policía pasó de su rol de cuidar a atemorizar”.

No obstante, estas acciones puede que sean más complejas de hacer efectivas, pues requieren una investigación más precisa para individualizar a quienes dispararon esa noche. Además, queda por ver si todos esos casos sobre denuncias de disparos a la ciudadanía serán investigados por la justicia penal militar o la justicia ordinaria, dado que cada caso puede tener sus particularidades.

De a poco se aclara el panorama y se conocen más pistas de lo que pasó el “9S”. Aunque algunos pretenden que se reduzca la acción de la Policía, la alcaldesa ya fue enfática en que, por el contrario, la idea es reforzar los puntos de mayor inseguridad. Entretanto, las víctimas por esa noche de horror reclaman que la memoria de sus familiares no quede en el olvido y se haga justicia no solo en el caso de Ordóñez, sino con todos los fallecidos.

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