El próximo martes se cumplirán cuatro meses de la muerte del periodista Mauricio Orjuela y aún, tanto las autoridades como los organismos de control, tratan de establecer responsabilidades por su fatal desenlace, pues la peritonitis que acabó con su vida, al parecer, no habría sido identificada ni tratada a tiempo. Por este caso, este jueves uno de los médicos que lo trató será llevado ante los estrados judiciales para que responda por el delito de homicidio culposo, derivado de la presunta negligencia a la hora de atender al comunicador. El caso plantea un interrogante alrededor de la responsabilidad profesional e, incluso, la ética médica: ¿cómo demostrar una omisión o negligencia?
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Para ello primero hay que recordar el periplo que padeció Orjuela antes de su fallecimiento. La investigación señala que acudió en la noche del 10 de julio al Hospital de Engativá aquejado por dolor abdominal y vómito. De acuerdo con la Personería de Bogotá, aunque fue valorado y se le ordenaron exámenes de laboratorio, permaneció más de 38 horas a la espera de un TAC abdominal que nunca le hicieron y con el que se habría descartado una apendicitis aguda.
¿La razón? Presuntamente, el hospital no tenía contratado un proveedor ni contaba con los medios para realizar el examen, ya que el convenio se había vencido justo el día en que el periodista acudió al hospital. Ante ello, el 12 de julio le practicaron un procedimiento que concluyó que tenía el apéndice perforado, razón por la cual lo sometieron a una cirugía. Pero fue hasta el 23 de julio que le dieron salida del hospital, pues los médicos descartaron una obstrucción intestinal.
Por todo esto, en su momento la Procuraduría alertó que, al parecer, “el cuerpo médico no habría seguido las guías de manejo para la atención en urgencias, por lo que podría haber existido una negligencia la suministrar a Orjuela Bernal un medicamento que ocultó el dolor y volvió confuso el cuadro clínico, lo que posiblemente contribuyó al deterioro de su salud”.
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Dado que tras el procedimiento no hubo una evidente mejoría de Orjuela, su familia lo llevó a la Clínica Shaio y no fue atendido, puesto que su EPS (Medimás) no tenía convenio con la entidad. Ya el 7 de agosto fue trasladado a la Clínica General de la 100 con un diagnóstico de obstrucción abdominal, que habría sido omitido, y se le dio de alta el 9 de agosto.
“El 13 de agosto, Mauricio Orjuela ingresó nuevamente a la Clínica General de la 100 por urgencias con un estado grave de salud y a pesar de su sintomatología tampoco recibió la interconsulta con el especialista ni fue trasladado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos”, agregó la Procuraduría.
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Aunque a primera vista los hallazgos preliminares dan cuenta de una presunta negligencia, ¿cuál es el proceso y cómo demostrarlo? Según el Tribunal Nacional de Ética Médica, el ente rector que conoce de los procesos disciplinarios ético-profesionales contra médicos, la negligencia –enmarcada en el abandono, dejadez, desidia, descuido e incurría– “es un acto mediante el cual se viola un deber de atención, estando en capacidad intelectual y técnica de preverlo”.
El Tribunal ha señalado que la negligencia puede ser consciente, cuando previendo que puede haber un resultado dañoso, no se toman las precauciones necesarias, o inconsciente, cuando no se previó el resultado, ni se adoptaron medidas.
Según el abogado penalista Francisco Bernate, el proceso disciplinario contra el médico investigado por la muerte de Orjuela lo asume el Tribunal de Ética Médica, que designa a uno de sus cinco magistrados para revisar si su actuación estuvo acorde con los protocolos. Con base en lo que se concluya, se determina si le imputan cargos o se archiva el proceso. “En caso de que haya imputación y lo declaren responsable, podría ser suspendido hasta por cinco años”, dijo Bernate.
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Por otro lado, a nivel penal, la Fiscalía revisa las actuaciones médicas y verifica si se siguieron las pautas que rigen la profesión médica. Luego, se determina si la muerte era previsible y si hubo algún impedimento en la atención. Con todo, según Bernate, el homicidio culposo es un delito excarcelable que fija penas de tres hasta nueve años de prisión. “Son delitos que se pueden conciliar. Rara vez llegan a condena”, opinó el abogado.
El proceso hasta ahora comienza y hoy se conocerán los argumentos de la Fiscalía para imputar al médico, a quien se le deberá demostrar si omitió su deber profesional y, con ello, generó un daño irreparable como fue la muerte de un paciente.