Policías investigados por el homicidio no aceptarán cargos

Arranca puja jurídica por caso Ordóñez y disturbios del “9S”

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La Fiscalía avanzó tanto en la judicialización de los dos policías señalados por la muerte de Javier Ordóñez, como en la captura de cinco jóvenes, a quienes investigan por supuestamente liderar actos vandálicos la semana pasada. Aunque para muchos hay pruebas concluyentes sobre ambos episodios, los abogados afinan estrategias y serán los jueces quienes den veredicto final.

Desde que ocurrieron los lamentables hechos del 9 de septiembre, el propósito del Distrito, las autoridades y las víctimas es que se investigue a fondo, hasta dar con los responsables de las 13 muertes de esa jornada (la de Javier Ordóñez y las 12 personas que murieron tras los disturbios en Bogotá y Soacha). Pero también de los actos de vandalismo y la violencia registrada en buena parte de la capital.

La búsqueda de los responsables del horror del “9S” empieza a tener resultados en ambos frentes, con los avances que anunció la Fiscalía respecto a la judicialización de los uniformados señalados por el homicidio de Ordóñez, así como las primeras capturas de jóvenes que habrían fomentado los destrozos de los CAI y agresiones a los Policía.

En cuanto al asesinato de Ordóñez, ayer se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra los patrulleros Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, investigados por la muerte del hombre, de 44 años, en medio de un caso de exceso policial. Si bien en un principio se anunció que serían investigados por abuso de autoridad y homicidio, la Fiscalía consideró necesario imputarles los delitos de tortura y homicidio agravado, y pedir medida de aseguramiento en centro carcelario.

“En un trabajo conjunto con las diferentes unidades de la Fiscalía diseñamos un protocolo especial y fortalecimos el equipo para resolver en una semana el crimen y llevar a los presuntos responsables ante los jueces”, destacó el fiscal general, Francisco Barbosa, al anunciar los avances del proceso.

Al cierre de esta edición avanzaba la audiencia de control de garantías. No obstante, de forma preliminar, John Olmos, abogado de Harby Rodríguez, confirmó a este diario que los uniformados no iban a aceptar los cargos formulados por el ente acusador. “Los cargos son fuertísimos”. No sabemos si la audiencia se extienda mucho. Si acaso se alcanzará a legalizar los allanamientos y posteriormente las capturas”.

Del otro lado, Vadith Gómez, abogado de los familiares de Ordóñez, se quejó por los retrasos en la diligencia judicial y comentó que hay una situación particular con uno de los testigos de lo ocurrido, que ha amenazado con quitarse la vida, hecho que también ha incidido en que, según él, el proceso no esté fluyendo como se esperaba.

Más allá de eso, en el fondo se avizora que el proceso será una larga pugna jurídica en la que los jueces tendrán la última palabra. Aunque para muchos hay pruebas contundentes, como el video el que se ve cómo los uniformados someten y realizan varias descargas eléctricas a Ordóñez, también se ve que la víctima fue trasladado con vida al CAI de Villa Luz. Es decir hay vacíos de lo que ocurrió en la patrulla y en la misma estación, los cuales tendrá que esclarecer la Fiscalía.

Por eso, mientras los abogados de los uniformados se mantendrán en que los hechos ocurrieron mientras atendían una contravención e, incluso podrían insistir en que el caso lo asuma la Justicia Penal Militar (aunque esta rechazó inicialmente la competencia ), la defensa de la familia Ordóñez manifiesta que hay otras pruebas que complementan los videos y testimonios, que ya se conocen y que apuntan a que Ordóñez fue golpeado hasta morir. En resumen, lo que viene es un debate jurídico en el que la Fiscalía tendrá que demostrar, más allá de toda duda, la responsabilidad de los uniformados en el asesinato y de sus posibles cómplices, por acción u omisión.

Tras las pistas del vandalismo

Justo a la par con el anuncio del proceso contra los uniformados, el ente acusador presentó los que se supone serían los primeros resultados contra los responsables de los actos vandálicos del 9 y 10 de septiembre. Ayer el Fiscal anunció la captura de cinco jóvenes señalados de impulsar las noches de violencia que dejaron un balance alarmante: 216 uniformados heridos, 35 CAI incendiados, 37 vandalizados, 252 buses de servicio público destrozados y 15 quemados. Según la investigación, los jóvenes, identificados bajo los alias de “Justo”, “La Pola”, “El Profe”, “Martín” y “Erika”, pertenecerían a una estructura “dedicada al terrorismo urbano”, bajo coordinación de las disidencias de las Farc.

No obstante, hay un dato que llama la atención. A los cinco, según el fiscal Barbosa, les venían siguiendo la pista desde las jornadas de paro nacional, que se llevaron a cabo en noviembre de 2019. “Operaban en Bogotá y fueron identificadas como Escuelas de Resistencia Civil, Uniones Solidarias y Comandos Urbanos”, aseguró el jefe del ente acusador, quien agregó que les endilgarán cargos por terrorismo y concierto para delinquir.

Para dar con el paradero de los jóvenes, dijo el fiscal, se realizó un trabajo durante nueve meses que se basó en interceptaciones telefónicas, vigilancia, seguimientos, búsquedas en bases de datos, entre otras. Sin embargo, para algunos líderes de movimientos sociales las capturas se tratan de una “cacería de brujas” contra activistas de izquierda, como denunciaron las concejales de Bogotá por Colombia Humana, Heidy Sánchez, Teresa Bernal y Susana Muhamad.

Para las cabildantes, además de las capturas, que calificaron como “falsos positivos judiciales”, se registraron allanamientos injustificados en las viviendas de miembros del partido, algo que validó el líder de esa colectividad, el senador Gustavo Petro, quien en la tarde de ayer denunció que “nos están capturando militantes de Colombia Humana en Bogotá”.

A pesar de que las capturas se dan en el marco de la investigación por las noches de horror en Bogotá, vale recordar que los últimos procesos que se han adelantado contra jóvenes señalados de conformar milicias urbanas, las autoridades no han tenido resultados óptimos, lo que incrementa las dudas de los movimientos sociales. Sin embargo, en este caso también serán los abogados de los jóvenes los que tendrán que demostrar que los señalamientos son arbitrarios.

Los resultados sobre qué pasó el “9S” vienen llegando con rapidez, pero el horizonte no es tan lúcido. A pesar de las evidencias en ambos frentes, lo que se espera ahora es el inicio de una batalla jurídica cuyo punto final lo pondrá la justicia.

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