CIDH "no acepta" decisión de Colombia de negar medidas a favor de Petro

La comisión señaló que los fallos emitidos por este órgano son de obligatorio cumplimiento.

Agencia AFP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este viernes los argumentos de Colombia para no acatar las medidas cautelares en favor del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y afirmó que su cumplimiento es obligatorio para todos los países.

"La Comisión claramente tiene una opinión distinta respecto al Estado (de Colombia) en estas medidas en particular y no creo que haya espacio para un acuerdo", dijo la presidenta del órgano, Tracy Robinson. Según Robinson, el reglamento de la Comisión, órgano autónomo de la OEA, para otorgar medidas cautelares no está restringido a situaciones en las que exista riesgo para la vida o la seguridad de los solicitantes, y puede abarcar casos de derechos políticos.

"El argumento de que esto está fuera del ámbito de poder de la Comisión es uno que no aceptamos", afirmó. La CIDH otorgó en marzo medidas cautelares para proteger a Petro y ordenó al gobierno colombiano suspender el proceso de su destitución, argumentando que "se podría generar un daño irreparable" al ejercicio de los derechos políticos del alcalde bogotano.

Pero el presidente Juan Manuel Santos decidió no acoger las medidas y destituyó a Petro.

Esta semana, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, se reunió en Washington con los comisionados para explicar la posición de Colombia para no cumplir con estas medidas. "La Comisión cree firmemente que las medidas son vinculantes en todos los países", afirmó Robinson durante una rueda de prensa en Washington.

La CIDH podría entonces solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana, con sede en San José, pero aún espera saber formalmente cuál es la intención de los abogados de Petro. Ese proceso conlleva riesgos porque si la Corte negara la solicitud, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión quedarían sin efecto.

Petro, de 53 años fue destituido e inhabilitado políticamente por 15 años en diciembre por la Procuraduría, el órgano responsable de sancionar a los funcionarios en Colombia, por su decisión de reformar el sistema de recolección de basuras. Esa decisión fue ratificada en marzo por la justicia de ese país. 

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