La ciencia tras el “Asesino de Monserrate”

Apoyados en el trabajo de más de 50 expertos, los investigadores buscan establecer si Fredy Valencia abusó sexualmente de sus víctimas y si alguna es menor de edad, en un caso que se ha esclarecido con la labor de los científicos.

Fredy Valencia fue detenido a finales de noviembre de 2015. / Óscar Pérez

El hallazgo de un cadáver, el 28 de noviembre de 2015, en inmediaciones del cerro de Monserrate, marcó el comienzo de uno de los casos judiciales de mayor impacto en la opinión pública en los últimos años: el asesinato de once mujeres a manos de Fredy Valencia. Nueve meses después, ya hay una condena de segunda instancia a 18 años de prisión por uno de los homicidios y un juicio en curso por otros ocho. Sin embargo, el caso no ha estado exento de retos, de carácter científico sobre todo, que desde ya lo convierten en un proceso de referencia para la justicia colombiana. (Madres de las víctimas del asesino de Monserrate que nunca se cansaron de buscar)

El rol de la ciencia en el caso comenzó con la identificación, que no ha terminado, de los cuerpos hallados en Monserrate. Luego vino la necesidad de establecer las fechas de los asesinatos, un dato clave para saber si Valencia podía ser juzgado al amparo de la ley de feminicidio. Además, los siquiatras tuvieron que determinar las condiciones mentales del asesino para conocer el nivel de conciencia que tuvo sobre sus actos.

Aún quedan tareas complicadas para los forenses: definir las edades de las víctimas (si alguna de las que falta por identificar era menor de edad) y ayudar a aclarar si Valencia abusó sexualmente de ellas. Ambos son aspectos claves a la hora de tasar las próximas condenas.

El velo que por años mantuvo esos crímenes en la impunidad se empezó a desvanecer el 28 de noviembre de 2015, cuando Hárold Rodríguez y Manuel Caciani, vecinos de Valencia, llegaron al CAI Monserrate a informar que habían encontrado un costal maloliente con restos humanos. El día anterior, Valencia había discutido con sus vecinos. Ellos lo acusaron de ser quien robaba los rieles de lata de la avenida Circunvalar y le pidieron que dejara de hacerlo, porque le iba a traer problemas a la comunidad que se había asentado entre el bosque. Molesto por el reclamo, Valencia abandonó su cambuche.

Caciani y Rodríguez aprovecharon su ausencia para comprobar un rumor que el mismo asesino había extendido entre los vecinos: que bajo la tierra que rodeaba su cambuche había sepultado los cuerpos de varias mujeres. Al remover el suelo encontraron “una pierna envuelta en una cobija y una estopa”, según se lee en el texto de la condena. Dagoberto Charris fue el policía que verificó el relato y el laboratorio criminalístico Venus 10-1 hizo el levantamiento del cadáver.

Medicina Legal emitió el primer informe: “un cadáver incompleto femenino, encontrado dentro de una cobija la cual contenía una bolsa plástica negra y dos costales. En el interior se encontraba el cuerpo completamente desarticulado”. Diez días tardaron los forenses en saber que era el cuerpo de María del Pilar Rincón, de 26 años, madre de un niño de 9. La primera víctima identificada y por cuyo asesinato está condenado a 18 años de prisión.

Los funcionarios de Medicina Legal reconstruyeron las huellas de los dedos de la mujer, que murió asfixiada, como todas las víctimas de Valencia. Los hidrataron para poder obtener las impresiones de sus huellas y las contrastaron con la base de datos de la Registraduría. Así también se logró identificar a otras dos víctimas, las que tenían mejor conservados los tejidos de sus manos.

Las demás se identificaron a través de análisis de ADN contrastados con los familiares que llegaron al instituto forense en busca de sus seres queridos desaparecidos, cuando la historia del Asesino de Monserrate acaparó los titulares de prensa. Se presentaron alrededor de 20 familias. La búsqueda sigue: falta establecer la identidad de otras cuatro de sus víctimas, halladas en el cambuche.

Con la mayoría de ellas identificadas y de cara a los procesos penales, los esfuerzos se concentraron en establecer qué pasaba por la mente de Valencia. Si era consciente de sus acciones y si se le podía juzgar. Dos análisis siquiátricos de Medicina Legal determinaron que sí.

“Tiene incapacidad para relacionarse con los demás de acuerdo a las normas sociales, prefiere vivir aislado de otras personas y carece de relaciones afectivas. Presenta trastorno de personalidad antisocial y antecedente de consumo de sustancias sicoactivas (… ); un patrón de conducta criminal serial, no susceptible de rehabilitación o curación, e implica alto riesgo de reincidir en la conducta delincuencial”, decía el segundo informe. Sin embargo, se concluyó que no tenía ninguna incapacidad sicológica para entender lo que hacía.

Con la certeza de que puede ser juzgado, uno de los mayores retos en los procesos ha sido determinar las fechas de los asesinatos. De encontrar que alguno de los homicidios ocurrió luego de julio del año pasado, cuando entró en vigencia la ley Rosa Elvira Cely, podría ser procesado bajo su amparo. Eso implicaría una pena más severa, pues la ley del feminicidio, como se le conoce, endureció las sanciones para quienes asesinan a una mujer por “el hecho de ser mujer”.

Pero determinar esos tiempos no es fácil. “Uno no habla de fecha exacta, sino de ventana de muerte, entre la última vez que alguien fue visto vivo y el momento del hallazgo del cuerpo. Lo que se hace es tratar de cerrar esa ventana, a través, por ejemplo, del análisis de los fenómenos cadavéricos. Pero la fecha exacta es imposible de determinar”, sostiene Claudia García Fino, directora de la regional de Medicina Legal en Bogotá, una de las cabezas de la investigación científica.

Y es que la configuración del feminicidio ha sido un gran debate jurídico en el caso. De hecho, una de las razones de las abogadas de la Secretaría de la Mujer que representan a las víctimas para apelar la decisión inicial de condenar a Valencia a nueve años, fue que no se tuvo en cuenta un agravante: que el asesinato de Rincón configuraba un feminicidio. Además, las funcionarias del Distrito buscaban que la condena sobre el criminal fuera una sanción ejemplarizante de cara a la lucha contra la violencia de género.

Una intención que no compartieron los magistrados que modificaron la primera condena. En la sentencia se lee: “Aun cuando la Sala comparte las preocupaciones de la apoderada de las víctimas, no está facultada para convertir las páginas de esta sentencia en una tribuna (política, ética, religiosa, ideológica), para hacer eco de las campañas universales de la lucha contra la violencia contra la mujer”.

Otra duda que sigue rondando el caso es si de los cuatro cuerpos que faltan por identificar, alguno corresponde al de una menor de edad. Un hecho que también agravaría la pena contra Valencia. “Es muy difícil dar con la edad, porque las víctimas son parte de una población vulnerable. Si no estás bien alimentado no creces igual, por ejemplo”, apunta García Fino.

Sin duda, la mayor cruzada de la Fiscalía será demostrar si Valencia abusó sexualmente de sus víctimas. Así lo creen los investigadores. Sin embargo, él, que ha reconocido todos los homicidios, niega haber violado a sus víctimas y asegura que mantuvo relaciones consentidas con ellas, a cambio de darles ropa, comida y drogas. La ciencia, por su parte, aporta elementos para establecer lo que realmente sucedió: las necropsias, los exámenes siquiátricos y el análisis de la escena del crimen. Aún así, es difícil saber si hubo abuso sexual, por el grado de descomposición de los cuerpos.

El trabajo de cerca de 50 médicos, siquiatras, antropólogos y biólogos ha contribuido a esclarecer uno de los casos judiciales más sórdidos de los últimos años. “En lo personal es muy triste enfrentarse a la muerte de mujeres en condición de vulnerabilidad. Pero lo que nos mantiene mentalmente estables en este trabajo tan difícil es que nuestra ciencia sirva a la justicia. Eso es lo que resarce el daño que puede producir esta labor”, asegura García Fino.