Cierre de curtiembres en San Benito

Quedó en firme la decisión de la magistrada Nelly Villamizar de cerrar las industrias de cuero de la localidad de Tunjuelito. Cerca de 15.000 personas se quedaron sin empleo.

/ Foto: Archivo
El barrio San Benito que  desde hace 40 años se convirtió en el eje del negocio del cuero, al alojar en sus calles a más de 300 curtiembres, dejó de oler a piel de animal hace dos días, cuando la Secretaría de Ambiente, por órdenes de la magistrada Nelly Villamizar, cerró las industrias de cuero que no tenían los permisos de vertimientos que exige la ley, para evitar la contaminación del río Tunjuelo. 
 
En total, 277 curtiembres (en las que trabajan cerca de 15.000 personas) fueron cerradas, pues solo 23 cumplían los requisitos para seguir operando. Aunque los afectados protestaron este lunes frente al Tribunal  Superior de Cundinamarca, Villamizar dijo ayer que no se retractará de  su decisión hasta que no cumplan con los requerimientos.
 
Los permisos con los que deben contar los curtiembreros para volver a abrir sus industrias, según la Secretaría son el de vertimientos y uno asociado al manejo de residuos peligrosos que se mueven allí. La entidad también ha dicho que se compromete a tramitar con rapidez los documentos de las empresas que vayan ajustándose a las órdenes ambientales. 
 
La medida de la magistrada revive un problema de vieja data, de cambiar los hábitos de esas industrias, para evitar que el río Bogotá se siga contaminando. Fue en 2014 que, con la sentencia del Consejo de Estado, se definieron tareas. Por ejemplo, la construcción de un parque ecoeficiente industrial para las curtiembres, con el fin de tratar las aguas. 
 
En la anterior administración se acordó montar un Sistema Centralizado de Tratamiento de Aguas Residuales (Sctar) que reciba los desechos de todos los industriales del sector. Costaría unos $12.000 millones y ya cuenta con estudios de prefactibilidad. La SDA insistió en su momento en el parque ecoeficiente, en el cual se incorporaría el Sctar. La idea es poner a operar el sistema con aportes de los industriales, pero hasta ahora no ha habido avances, solo los habrá hasta que las curtiembres den un salto hacia la legalidad. 
 
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