Claro presenta denuncia penal por manifestaciones en su contra

Aseguran que las protestas “atentan contra el buen nombre y crédito en la operación de la firma”.

EFE

Dos semanas después de que el concejal William Moreno promoviera el “gran apagón Claro” desde el Concejo de Bogotá, Hilda María Pardo Hasche, obrando en nombre de la sociedad Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A., presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por las manifestaciones en contra de esa multinacional.

En la denuncia penal, cuestiona el hecho de que las protestas se deban al pleito que desde hace varios años adelanta la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) con Comcel, ahora Claro, y asegura que ese tipo de manifestaciones atentan contra el buen nombre de la firma.

Se han presentado hechos que en nuestro criterio han de ser investigados por la posibilidad de existencia de punibles y del caso faltas disciplinarias para lo cual debería en su momento compulsar las copias pertinentes. En varias oportunidades se ha llamado a promover en Bogotá apagón de celulares Claro”, dice la denuncia penal.

Así mismo, subraya el documento que varias veces se han realizado tales manifestaciones que, además, “llaman al impago del servicio de telefonía móvil celular, a la presión indebida para el supuesto cumplimiento de la decisión del Consejo de Estado y se han manifestado con expresiones que atentan contra el buen nombre y crédito en la operación de la firma y de su directivo Juan Carlos Archila Cabal”.

Según Hilda María Pardo Hasche, representante legal suplente de Claro con sede en la ciudad de Bogotá, pese a lo ordenado por el Consejo de Estado el pasado 9 de agosto de 2012 de devolverle a la ETB 138 mil millones de pesos producto del pleito, hay una consideración referenciada que dice:

No resulta procedente, en este proveído, ordenar a Comcel la devolución de suma concreta de dinero alguna como quiera que no obra prueba en las actuaciones iniciadas para dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia de 26 de agosto y en su auto aclaratorio de 15 de noviembre de 2011, de que la ETB hubiera realizado pago alguno a favor de Comcel por el anotado concepto y menos se tuvo la posibilidad de que el material probatorio hipotéticamente encaminado a demostrar tal circunstancia hubiere sido controvertido por los eventualmente interesados en hacerlo”.

La solicitud de la demandante indica: “Señor Fiscal, por lo que anteriormente se analiza y demuestra, corresponde el estudio de los hechos, establecer la posibilidad de punible, identificar a los responsables y por supuesto la protección de la víctima de su honra y bienes como lo ordena la Constitución. Así mismo, se considera correr traslado a las autoridades disciplinarias tanto del Concejo de Bogotá, Personería Distrital y la Procuraduría General de la Nación”.

Desde hace varias semanas se vienen adelantando jornadas simbólicas en diferentes puntos de la capital para protestar por el mal servicio que presta el operador de celular Claro y para exigir el pago de más de 138 mil millones de pesos que le debe a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

“Varios usuarios siguen manifestando sus quejas y reclamos por el mal servicio que viene prestando la multinacional como es el caso de Andrés, un tuitero que está inconforme porque le limitaron el streaming para transmitir video, igualmente Paula se queja porque las llamadas se caen constantemente, Juan Alberto habla del pésimo servicio que recibe porque las llamadas se cortan sin ninguna razón pero el valor del minuto sí es descontado y Robinson comenta que está insatisfecho porque paga por 5 megas de internet y la navegación es muy lenta”, señaló en su momento el concejal William Moreno, quien ha hablado con varios ciudadanos que reclaman un mejor servicio por parte de Claro.

Disputa entre ETB y Claro

El pleito entre ETB y Comcel (ahora Claro) se remonta al año 2006 cuando la Empresa de Telecomunicaciones fue condenada por los tres tribunales arbitrales a pagar la millonaria suma a Comcel.

La disputa jurídica tiene que ver con un contrato de interconexión de redes firmado en 1998 por la empresa de teléfonos de Bogotá con las compañías Occel y Celcaribe (que fueron adquiridas por Comcel).

La demanda obedece a que el uso de la plataforma tecnológica de Comcel para el manejo del espectro electromagnético por parte de la ETB y las demandas interpuestas por parte de la compañía de telefonía celular se adelantaron sin una serie de consultas previas a normas de carácter comunitario establecidas en el pacto de la Comunidad Andina.