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El decreto no está firmado, pero el Distrito da como un hecho que las tarifas de los parqueaderos en Bogotá aumentarán 10 %. Aunque el incremento supera lo que subió el salario mínimo (7 %), algunos defienden la medida. La consideran justa y destacan su objetivo de desestimular el uso del vehículo particular. Sin embargo, los que se oponen destacan una situación particular: quien realmente sentirá el golpe será la clase media, que a pesar de tener un vehículo (que pagan a cuotas), tendrá que cancelar más por poder parquear.
Actualmente en Bogotá hay 2,1 millones de carros particulares matriculados. Aunque muchos creen que el vehículo es un artículo de estratos altos, la realidad es que casi el 78 % está en manos de la clase media baja. Los de estrato dos concentran el 24,83 %; el tres, el 39,8 %, y el cuatro, el 14,13 %.
La mayoría lo usa para ir a trabajar. Según la encuesta Bogotá Cómo Vamos, a diario en la ciudad se movilizan en sus carros particulares el 10 % de la población, es decir, alrededor de 900.000 personas. Pese a estos datos, el gremio de los parqueaderos insiste en que sólo el 3 % de los propietarios pagan por este servicio y que los contradictores exageran en el impacto de la decisión.
El debate
El principal objetivo de este decreto, según el Distrito, es que, por economía, las personas elijan el transporte público y la bicicleta, por encima de su vehículo particular. Pero no es un secreto que los ciudadanos se resisten al cambio por el mal servicio que hoy prestan Transmilenio y el SITP. Aún así, la pelea continúa y la administración Peñalosa insiste en darles prioridad al peatón y al ciclista.
Tal vez por eso Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, argumenta que tener un mal transporte público no es una excusa y agrega que no necesariamente una ciudad con un buen sistema es descongestionada. Cita el caso de Ciudad de México. El funcionario reitera la importancia de aplicar la zanahoria y el garrote, es decir, “mejorar el sistema para que haya opciones, pero sobre todo a obligar a los ciudadanos a dejar el carro”.
Aunque la decisión también tiene otro trasfondo. La medida se tomó después de un análisis que determinó que en siete años no incrementaron las tarifas: “Hicimos una revisión de cuáles son los costos asociados con el estacionamiento y a partir de eso incrementamos $7 y $10 por minuto”, agregó Bocarejo.
Evidentemente, esta decisión fue aplaudida por el gremio de los parqueaderos, que considera que el incremento es justo, “pero insuficiente”. Así lo advierte Eduardo Bayona, gerente de City Parking, para quien lo ideal es que cada año aumente con la inflación: “Si se hubiera aplicado bien, estaríamos a $148 el minuto. La verdad es que con esta decisión lo único que se tapó fue la inflación del año pasado y el 3 % del IVA, pero aún hay un rezago”.
Bayona agrega que por estas razones los parqueaderos dejaron de ser un negocio rentable. Explica que el 50 % de sus gastos deben destinarse al arriendo de la tierra (pues la mayoría de veces el dueño es otra persona) y otro 35 % en empleados, que se encargan de la seguridad. “Esto suena a un chiste, porque a todos les parece carísimo. Pero la verdad es que tenemos un problema con el alto costo de la tierra. Sube y todos los negocios que giran alrededor de ella se perjudican”.
De todas maneras, no cree que el nuevo decreto afecte a muchas personas, porque “sólo el 3 % de la población usa el servicio de parqueaderos y todos tienen poder adquisitivo, pues tienen carro”.
Para Manuel Sarmiento, concejal de Polo Democrático, eso no es cierto y resalta que quienes más utilizan el transporte privado para poder desplazarse son los estratos medios y bajos. “El 78 % de quienes conducen vehículo particular pertenecen a estratos 2, 3 y 4. No es cierto que sean sólo los magnates”.
En cuanto al encarecimiento de la tierra, Sarmiento explica que este argumento se cae por su propio peso y señala que es un negocio muy rentable para toda la cadena: para los dueños de la tierra, porque se ganan la valorización de sus predios en donde el metro cuadrado cada año aumenta de precio; para los prestadores del servicio, porque la alta demanda hace que su negocio sea rentable, y para el Distrito, porque recauda, por un lado, el impuesto predial y, por el otro, lo que le cobran a las empresas de parqueo.
Ahora lo que le preocupa al concejal, e incluso al Distrito, es que se disparen los parqueos indebidos y los parqueaderos ilegales. “No estamos en Dinamarca. Tenemos un servicio público colapsado y la gente, como sea, va a utilizar su carro para no tener que desplazarse en condiciones inhumanas en Transmilenio”. Y en caso tal de que empiecen a utilizar el sistema integrado, éste podría colapsar aún más porque los proyectos de infraestructura se demoran.
En medio de la discusión, la Secretaría de Movilidad dejó claro que el modelo de la tarifa de los parqueaderos no es fijo y en cualquier momento se puede reformular. De hecho, Bocarejo puntualizó que en estos momentos se analiza si es mejor apostarle al libre mercado y que cada establecimiento imponga el precio. “Lo ideal es que como Estado no nos metamos en esa regulación. Si cobra mucho, tal vez mucha gente no entre y toque bajar”.
Pero ahí entra otro debate, porque en un lugar como Bogotá, donde la demanda es mucho mayor que la oferta (son 900.000 conductores y sólo hay 2.069 parqueaderos), para algunos los parqueaderos manejarán los precios a su antojo y abusarán de los usuarios. Por supuesto, el gremio desmiente esta hipótesis y asegura que no sólo sería lo más justo, sino que mejoraría la calidad y hasta el costo del servicio.