Claudia López pidió un plazo de 60 días para entregar protocolos para manifestaciones

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La mandataria aseguró que es “imposible” entregar un protocolo en tres días y por eso le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca un plazo mayor.

Tras la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de realizar un protocolo para la atención de manifestaciones en el país, tanto el Gobierno nacional como la Alcaldía de Bogotá han dispuesto una mesa de trabajo para realizar dicho protocolo, sin embargo, el tribunal solo dio tres días de plazo para entregarlo, lo que, según la alcaldesa de la capital, Claudia López, es “imposible”.

La mandataria manifestó que se trataba de un protocolo que debía contener varios aspectos, desde el manejo de la fuerza pública hasta el control de actos vandálicos y violentos durante las manifestaciones. “Hemos trabajado para cumplir con las órdenes que nos impartió la señora magistrada: que encontráramos soluciones de corto, mediano y largo plazo a lo que el tribunal considera antagonismo entre la sociedad civil y la fuerza pública y que elaboráramos un protocolo que permita las manifestaciones de las organizaciones sociales, pero que, a su vez, prevenga la infiltración de actos violentos o de acciones ilegales durante esas manifestaciones”, explicó López.

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Sin embargo, dice que el plazo que les dan para cumplir con un protocolo que contenga dichos aspectos es muy corto. “Hemos acordado solicitarle a la señora magistrada el alcance de esas soluciones de corto, mediano y largo plazo y que nos conceda un plazo mayor a tres días, un plazo que puede ser de 60 días para llegar a establecer ese protocolo y, además, para hacerlo consistente”, indicó la alcaldesa.

En dicho protocolo también se tendría contemplado dar cumplimiento a la orden de la Corte Suprema de Justicia de crear un estatuto que prevenga los abusos de la fuerza pública y los abusos policiales durante las manifestaciones. “Es que es francamente imposible en ese plazo establecer ese protocolo que regula derechos fundamentales, que, eventualmente, requerirían normas de carácter estatutario”, admitió.

La alcaldesa aseguró que mientras tanto, tanto el Distrito como el Gobierno nacional seguirían trabajando para concretar e implementar los protocolos ordenados por el tribunal.

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