La clave de mover la revocatoria

Van tres meses del caso Petro y la política sigue moviéndose.

La revocatoria del mandato del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, fue propuesta en noviembre de 2012. / Óscar Pérez - El Espectador

Al margen de la discusión sobre el costo de la revocatoria del alcalde Gustavo Petro o de los argumentos de la Registraduría para postergar la convocatoria a las urnas, el aplazamiento de la fecha para refrendar o revocar el mandato en Bogotá cambió el panorama político. El llamamiento a las urnas el 2 de marzo, una semana antes de las elecciones legislativas, favorecía al petrismo porque ponía a los movimientos políticos a hacer cálculos sobre las implicaciones de apoyar o rechazar públicamente la revocatoria. Ahora, si no se atraviesa un fallo judicial, cuando se produzca la jornada electoral el Congreso ya estará definido, así que el escenario cambia.

Los movimientos afines al progresismo de Gustavo Petro, con sus dilemas y divisiones a bordo, tenían en la antesala de la revocatoria, y en la misma votación, una plataforma para ambientar sus propios discursos de cara al debate legislativo. En otras palabras, como lo reconoció la candidata a la Cámara por la Alianza Verde, Donka Atanasova, “la gente iba a trasladar el entusiasmo de la revocatoria a las elecciones parlamentarias”. Al perderse este impulso, “se corre el riesgo de que baje la marea y el caso Petro pierda protagonismo porque a algunos sectores políticos les parezca que ya no pueden sacar provecho electoral de la revocatoria”.

El registrador, Carlos Ariel Sánchez, ha dicho que necesita al menos 33 días para tener lista la jornada electoral del caso Petro, contados a partir del día en que el Ministerio de Hacienda le gire los cerca de $35.000 millones que se necesitan para llevar a los bogotanos a las urnas. Es decir, que cuanto más se demore el gobierno nacional en dar la plata para la revocatoria, su realización seguirá en veremos. La fecha tentativa podría oscilar entre la última semana de marzo y la primera de abril. En los círculos del poder se afirma que esta cuenta regresiva tiene un tufillo político y un sector beneficiario: la Unidad Nacional, que apoya la reelección presidencial.

Es claro que el proyecto de reelección del presidente Juan Manuel Santos apunta a dos objetivos: asegurar las mayorías en Senado y Cámara de Representantes y ganar las elecciones a la jefatura del Estado en primera vuelta. En este doble propósito, al margen de la postura radical del uribismo contra su proyecto político o los dilemas internos del Partido Conservador, el escenario que más inquieta es la posibilidad de que tome fuerza una tercería. Aunque Petro no juega electoralmente en los próximos comicios, la fuerza ciudadana que hoy respalda su permanencia en la Alcaldía sí puede ser importante para consolidar esa opción política.

Pero una cosa era antes del aplazamiento de la revocatoria y otra ahora, con la incertidumbre sobre la fecha y la posibilidad de que, antes de ir a las urnas, se produzca una decisión judicial que confirme la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría al alcalde. El tema es tan complejo que no han faltado las voces que sostienen que si el registrador se mantiene en su decisión de posponer la revocatoria, podría incurrir en un delito. Según la representante a la Cámara Ángela Robledo, la Ley 131 de 1994 establece que una vez convocada la revocatoria sólo pueden pasar dos meses para las votaciones, plazo que se cumplirá el próximo 3 de marzo.

“Yo creo que quieren mover la revocatoria porque puede tener un efecto en la definición del poder legislativo. Hoy Petro representa una expresión de indignación y ese escenario le podría dar fuerza a los movimientos alternativos o a la Alianza Verde, que es el partido que mejor lo representa”, insistió la congresista Robledo, quien no dudó en precisar que el registrador podría incurrir en abuso de poder si insiste en mover la fecha de la revocatoria. El exsecretario de Gobierno y hoy líder de la campaña por el no, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue más allá y esta semana aseguró que está dispuesto a denunciar a Carlos Ariel Sánchez por prevaricato.

De cualquier manera, las perspectivas de la congresista Robledo respecto a la Alianza Verde no son tan claras para su colectividad. Para nadie es un secreto que, primero, el propio Petro ha dicho públicamente que no pertenece a ese partido y, segundo, quien lidera las posibilidades de ser el candidato presidencial de esa colectividad es Enrique Peñalosa, claro antagonista del alcalde. Aunque Peñalosa se ha mostrado conciliador con los progresistas y con Petro, está cantado que ese encuentro no es tan fácil. Por el contrario, después de que se decante la conformación del Congreso 2014-2018, con seguridad van a aflorar las grietas de esa colectividad.

Los mismos cálculos se hacen en los demás movimientos políticos. Si el 2 de marzo los tenía sopesando sus comentarios sobre el caso Petro, la postergación también cuenta para sus imaginarios electorales. Es más, sobre la perspectiva de que Petro pierda la revocatoria o que un fallo judicial se atraviese y la impida, se sabe que ya hay líderes políticos preparando maletas para trasladarse al Palacio Liévano o preparando campaña para unas elecciones atípicas. También en este escenario hay una fecha trascendente: el 1º de julio. Si el caso Petro no se resuelve antes, el poder quedará en manos del progresismo, así el alcalde se vaya.

Desde el pasado 9 de diciembre, día en que la Procuraduría destituyó a Gustavo Petro, van casi tres meses de incertidumbre en Bogotá. Hasta el momento la pelea estaba centrada en la aplicación del fallo y el proceso de revocatoria del alcalde. El pasado miércoles, un juez administrativo añadió un ingrediente inesperado al admitir que el decreto a través del cual Petro cambió el modelo de basuras, eje central de la sanción de la Procuraduría, fue legal. Que incida o no en el enredo jurídico, está por verse. Lo cierto es que el alcalde sigue gobernando en una ciudad convulsionada y los problemas de siempre —Pico y Placa o Transmilenio— también juegan.