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Bogotá es perfecta para la trata de personas. Al recibir tantas víctimas del conflicto y migrantes en busca de un mejor futuro, sumado a las pocas condenas contra los responsables, se dan las condiciones de vulnerabilidad que necesita un explotador. Las cifras lo muestran: en 2017 aumentaron los casos detectados (de 30 en 2016 a 50 el año pasado); se estima que por cada caso descubierto hay 20 que no se denuncian, y entre 2006 y 2016 solo se conocieron tres condenas contra los traficantes de personas. El panorama no es alentador.
Según la ONU, Colombia es un país de origen, tránsito y destino del tráfico de personas, la mayoría para explotación sexual. Como le ocurrió a Marcela Loaiza, a quien convencieron de irse a Japón a trabajar como bailarina. Ella, que fue madre a los 17 años, tomó la decisión esperanzada en poder costear un tratamiento médico para su hijo. Ya, en Asia, la esclavizó como prostituta la mafia Yakuza.
Pero la trata no se resume a explotación sexual. También es común que las mafias usen el matrimonio servil, el turismo sexual, el tráfico de órganos y en algunos casos la mendicidad como otras formas de esclavitud, que no son reportadas, ya que pocos saben que también son violaciones a los derechos humanos.
Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el 45 % de las víctimas de trata en Suramérica son mujeres y el 57 % de los hechos, para explotación sexual. La tendencia ahora es enviarlas a países de la región, en especial del Cono Sur. Por su parte, el informe anual del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Derechos Humanos señala que Colombia es uno de los países que más víctimas de este delito aportan en el hemisferio occidental. En el caso de Bogotá, en 2017 fueron 50 casos (42 fueron mujeres). Con algo llamativo: seis fueron extranjeros de Venezuela, Costa Rica y Ecuador, mientras que hubo más reportes de trata externa (33), la que se comete fuera del país, que de interna (12), aun cuando hubo cuatro casos sin identificar este factor.
Este es un panorama que preocupa a las autoridades pues, según Carlos Pérez, representante en Colombia del programa Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants (Glo.act), de la Unodc, se estima que en la capital del país por cada caso reportado podrían existir 20 que no se denuncian”, esto por desconocimiento o temor de las víctimas, lo que impide contrarrestar de manera efectiva este delito. Según Eurídice Márquez, de la oficina de prevención del delito y justicia penal de la Unodc, “pese a que los países entregan reportes anuales y vemos aumentos, no hay una base para ver si la situación ha mejorado o empeorado”.
El pacto
El pasado sábado, las autoridades encontraron a dos hermanas, de 13 y 14 años, en una casa del barrio Gaitán. Estaban drogadas y con signos de violencia sexual. Ellas fueron contactadas por un hombre a través de Facebook, quien las citó para secuestrarlas. Según la Policía, este es un ejemplo típico de cómo trabajan las mafias de trata en la ciudad. La cuestión es que muchas veces estas bandas sólo son identificadas cuando una de las víctimas denuncia y no es su reclutamiento.
Es por ello que el trabajo de prevención es importante. A pesar de que en el país la ley 985 de 2005 tipifica la trata como delito e incluye medidas de asistencia y protección, que han terminado en la creación de organizaciones como el Comité contra la Trata en Bogotá, aún falta ajustar lo judicial, que muestra pocos resultados y se ve obstruido por el subregistro.
En este camino, en 2015, la ONU y Unicef definieron un programa para fijar estrategias de prevención en 13 países. Según Margaret Akullo, coodinadora del proyecto, se diseñó para países donde la trata es recurrente y existen gobiernos comprometidos en adelantar trabajos contra este flagelo. Entre estos países se incluyó hace dos años a Colombia, donde se adelantan jornadas de sensibilización ciudadana como las que se hacen en Bogotá, en asocio con la Secretaría de Gobierno. Con la campaña “Hagamos un trato, Bogotá sin trata”, se concientizó en 2017 a 1.451 ciudadanos y a 429 funcionarios.
El pacto Glo.act se ratificó recientemente en Bogotá. La idea ahora es implementar una política pública y buscar una mejor articulación entre las entidades de la ciudad que tienen datos sobre la trata de personas. Según Pérez, se quiere apoyar al Distrito con esa coordinación. “Desde hace cuatro años trabajamos con la Unión Europea en fortalecer la capacidad de respuesta de Bogotá y qué puede hacer frente a esta problemática”.
El primer paso de esta nueva etapa del proyecto será el trabajo desde la parte preventiva, es decir, la búsqueda activa de casos, la identificación previa de personas en riesgo y de mafias vinculadas a este flagelo. Según Akuello, en este caso es importante que los ciudadanos sean más sensibles a estos temas, ya que en muchas ocasiones la trata pasa desapercibida cuando se vuelve común en una sociedad.
El otro paso será la asistencia a las víctimas identificadas. En este caso, se busca que las entidades distritales, a través de un trabajo coordinado, rodeen a la persona afectada. Por ejemplo, si una víctima de otra región del país retorna al aeropuerto de Bogotá, debería existir cooperación entre las autoridades de la capital y las del lugar de procedencia de la víctima para dar una atención oportuna, ya sea para que vuelva con su familia o se le brinde protección.
El trabajo no es fácil, en especial si se sigue viendo la trata de personas como un problema ajeno a Bogotá. El principio de cambio es la visibilización y concientización de que existe pero, más allá, hay que seguir trabajando en las rutas de atención y en la judicialización, para contrarrestarlo con eficiencia.