El Secretario de Seguridad y Conviviencia de Bogotá, Hugo Ernesto Zárrate, señaló que tras los desórdenes que se registraron en la capital de la República durante el desarrollo de las marchas que en respaldo al paro agrario, se coordinó la creación de una mesa de trabajo con el propósito de estudiar mecanismos jurídicos y financieros para indemnizar a los pequeños comerciantes, tenderos y propietarios de viviendas de uso habitacional, que resultaron afectados durante los hechos de vandalismo ocurridos en Bogotá.
Por medio de un comunicado, Zárrate señaló que el equipo de trabajo que se encarga de estudiar dichos mecanismos, está integrado por el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo al censo de afectación en predios, correspondiente a los días 28, 29 y 30 de agosto, realizado por el FOPAE, en Ciudad Bolívar "hay 83 afectados, en Bosa cuatro, en Engativá once y en la localidad de Suba 41".
En la localidad de Suba los sectores más afectados fueron La Gaitana, con 29 predios, Tibabuyes y Lisboa con seis respectivamente. En la localidad de Engativá los sectores afectados fueron La Florida con 1 damnificado y Engativá Pueblo con 10. En Bosa, en el sector de La Liberta se registraron 4 afectados. En la localidad de Ciudad Bolívar, en el sector de San Francisco, se registraron 27 afectados y en Lucero Bajo, 56. Leer también: Dos muertos dejó jornada de desórdenes en Bogotá
Peritos de la Secretaría de Hacienda serán los encargados de evaluar y determinar las cuantías de los daños en cada establecimiento o vivienda afectados.
Zárrate anunció la realización de una reunión con los alcaldes de las cuatro localidades afectadas con el propósito de “fijar una ruta jurídica para que el Distrito, de manera clara y efectiva, pueda ayudar con la indemnización de estos comerciantes y residentes que no tienen porqué pagar por la falta de las conductas de sujetos desadaptados”.
Igualmente Zarrate anuncio la creación de una comisión conformada por delegados de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General de la Nación para hacer seguimiento a la debida atención que deben de recibir, por parte de las EPS, las personas que resultaron heridas durante los desmanes presentados en la ciudad.