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Uno de los tres grupos que impulsa la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa logró este miércoles una de sus principales pretensiones: reunir el número suficiente de firmas para darle vía libre al proceso. Se trata de ‘Revoquemos a Peñalosa’ que, en poco más de cuatro meses, asegura haber conseguido las 271.818 firmas necesarias para convocar a las urnas a los capitalinos para decidir la permanencia del mandatario. (Lea: Enrique Peñalosa enfila baterías para frenar la revocatoria)
De acuerdo con Leonardo Puentes, líder de este comité, se trata apenas de la primera etapa del proceso de revocatoria: lo que se viene ahora –dice– es doblar ese número, buscando blindar la iniciativa de firmas que eventualmente puedan ser rechazadas o anuladas por los organismos electorales. (Lea también: Jaque a la revocatoria de Peñalosa)
“Nuestra meta no es solamente recoger estas firmas. Ahora, que tenemos esa cifra alcanzada, debemos multiplicarla por dos. En este mes y medio la tarea que se nos viene es recoger más firmas, porque de 100, a lo mejor 30 no son válidas por alguna razón (…) No podemos fiarnos solamente de lo que tenemos, sino que, a partir de este momento, arrancamos con la siguiente etapa: doblar el número de firmas”, explica Puentes, quien convoca a más ciudadanos para que participen de la recolección.
Según el cronograma electoral, surtida la entrega de los formularios para la recolección de firmas –proceso efectuado en enero pasado por la Registraduría– los comités tienen hasta julio próximo para presentar, al menos, el respaldo de un número de ciudadanos inscritos en el censo electoral de Bogotá equivalente al 30 % de la votación que obtuvo Peñalosa cuando ganó las elecciones en octubre de 2015.
El alcalde fue elegido exactamente con 906.058 votos. Los promotores, entonces, deberán presentar en julio, mínimo, 271.818 firmas. Si la Registraduría se las valida, la ciudadanía será convocada a unas elecciones en las que deberá votar sí o no por la revocatoria del alcalde. A propósito, el líder de ‘Revoquemos a Peñalosa’ sostiene que justo una semana antes entregarán los formularios al organismo electoral.
“Vamos a entregarlas una semana antes del 12 de julio. Ya estamos haciendo el ejercicio de revisar las que tenemos, mirando el material y llevando una cuenta juiciosa de las firmas. Lo anterior, para que no se nos pierdan formatos; incluso, estamos sacando fotos de todo lo que tenemos para tener la prueba y que no se nos vayan a perder el día de mañana”, agrega Puentes.
El promotor del comité de la revocatoria reveló además que radicaron un derecho de petición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, para que estos organismos les detallen los argumentos que sustentan una solicitud realizada por el exmagistrado Humberto Sierra Porto, quien –como apoderado del alcalde– pidió la anulación de las resoluciones en las que se reconoce a los promotores del proceso.
“Les pedimos que se pronuncien a la brevedad sobre lo que está exigiendo el empoderado del señor Enrique Peñalosa. Les solicitamos que nos esbocen qué es lo que está pidiendo puntualmente y también, pedimos saber cuál es el concepto jurídico o determinación que sustenta tal pretensión porque, hasta donde hemos consultado, no hay un piso jurídico que sostenga la solicitud”, precisa Leonardo Puentes.
En marzo pasado, Sierra Porto radicó dos oficios: uno ante el CNE, pidiendo aplicar el precedente de dos resoluciones de 2009 en las que exhortaba al registrador nacional a revocar resoluciones similares, por ser contrarias a la ley. El otro, dirigido al registrador nacional, Juan Carlos Galindo, pidiéndole anular las resoluciones que avalan los comités, por haber sido expedidas analizando cuestiones de forma y no de fondo.
La Ley de participación ciudadana (1757 de 2015) establece que en las urnas deberá depositarse, como mínimo, el 40 % de los votos válidos registrados el día en que fue elegido Peñalosa. Eso es 1’092.229 personas, independientemente del sentido de su voto. El alcalde será revocado si vota a favor la mitad más uno: 546.116.
Es claro que el alcalde, quien ha desestimado la revocatoria en público, no quiere llegar a las urnas. Y es que las encuestas muestran que su baja imagen y el balance de recolección de firmas son campanazos de alerta. Por eso, desde que la Registraduría Distrital avaló los tres comités que promocionan el proceso para sacarlo del cargo, el mandatario tiene en marcha un plan para evitar ese incómodo escrutinio.
Primero apeló ante los propios registradores las resoluciones que reconocían a los promotores, pero su recurso fue rechazado. Luego ordenó hacer pública cada una de sus obras, para que los ciudadanos sepan en qué está trabajando. Ahora, su nueva carta es la vía judicial. Para hacerlo, le dio poder a un peso pesado del derecho: el exmagistrado Humberto Sierra Porto, quien es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.