Con carta ante la CIDH buscan frenar demolición en los cerros

El pasado 14 de agosto comenzó la demolición de la construcción ubicada en el predio El Bambú. / Mauricio Alvarado

Las máquinas y los obreros avanzan de manera meticulosa en la demolición de la obra que había construido la comercializadora Kaysser en el predio Bambú, en los cerros orientales. Sin embargo, sus propietarios hoy se juegan una última carta que, aunque parece improbable, es el recurso que encontraron para tratar de frenar la orden de la CAR. (LEA: Las mansiones que no han podido sacar de los cerros

El pasado 12 de agosto, dos días antes de que comenzaran los trabajos, la abogada Diana Katherine Meneses pidió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares, en el sentido de que se le ordene al Estado suspender los trabajos. La petición la envió vía web, estrenando la herramienta digital que el organismo puso en servicio el pasado 1.º de agosto.

En el documento de 11 páginas y con radicado 000049965 aparecen como beneficiarios de la eventual medida la ama de casa Virginia Cortés Zapata y Medardo Preciado Zapata, y como solicitante directo la Comercializadora Kaysser. El principal argumento es que, por las condiciones especiales del terreno, la demolición podría generar un derrumbe, que pondría en riesgo la vida de los vecinos del sector.

A pesar de que los propietarios hicieron cimientos y levantaron las bases de la que iba a ser una lujosa mansión, aseguran que hoy demoler puede ser más peligroso que dejar la construcción, pues se podría desestabilizar el terreno y provocar un enorme deslizamiento.

En la solicitud, la abogada hizo un recuento del proceso. Aunque desde 2005 el Consejo de Estado prohibió las construcciones en los cerros, ella indicó que en 2006 se inició la construcción de una casa para la recreación de los empleados, ubicada en un lote de 14.000 metros cuadrados. No obstante, la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) sancionó en 2016 a la comercializadora y a la señora Juanita Barreneche, ordenando la demolición de las obras, por haber ocupado sin autorización parte de la quebrada Los Rosales, lo cual afectó el área forestal protectora.

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Agregó que la empresa demandó la decisión de la CAR debido a las posibles irregularidades en el proceso sancionatorio. La demanda fue admitida por el Tribunal de Cundinamarca y está en curso. A pesar de que también pidieron medidas cautelares ante la justicia colombiana para que se suspendiera la demolición, a la fecha han sido infructuosas.

Como soporte, la abogada puso de presente un documento que, según ellos, evidencia los riesgos de demoler. Se trata de un concepto geotécnico-geológico, elaborado por la empresa Paleogeo, que en resumen dice que es mejor mantener la construcción.

“Debido a las características del terreno, no se recomienda hacer ningún tipo de actividad erosiva (incluyendo demolición), sin que se realice un estudio técnico, pues podría acarrear un derrumbe en proximidad de la quebrada, llegando a afectar áreas mayores a las intervenidas en la construcción”. En otra parte agrega: “Aunque el terreno es competente para la cimentación, es susceptible a procesos de derrumbes, en especial si es intervenido con demolición mecánica”.

Por eso, el estudio recomendó asumir mejor una solución preventiva, como compensaciones para restaurar cualquier daño o impacto causado y para preservar la estabilidad del terreno. Para darle más peso ante la CIDH, la abogada de Kaysser cuestionó los estudios que respaldaron la orden de la CAR, como los de la estabilidad de la construcción y las condiciones reales del terreno, calificándolos de apresurados y con errores. “Por ejemplo, el estudio de suelos no tuvo en cuenta las características del terreno, lo que impide que sea un concepto serio”.

Finalmente criticó el hecho de que la CAR hubiera contratado por su cuenta a una empresa para demoler la edificación, pues así modificaron las resoluciones que están demandadas ante la justicia. “En conclusión, ejecutar la orden, las demandas no solo ocasionarán un perjuicio irremediable a la demandante, sino que crearán un riesgo irreparable de dimensiones desconocidas y posiblemente catastróficas” que pondrían en riesgo la vida de los vecinos.

Ante la solicitud que hizo la dueña de la mansión, el director de la CAR Cundinamarca, Néstor Franco, manifestó que las decisiones tomadas sobre la construcción ilícita en el predio El Bambú fueron absolutamente respetuosas de las formas procesales y el derecho a la defensa, “incluso so pena de verse expuesta la CAR a críticas por la demora en ejecutar las medidas”.

Y agregó: “Los infractores han tenido todas las oportunidades, tanto en vía administrativa como judicial, para tumbar la decisión. Respetamos las vías que tome la constructora, pero tenemos la seguridad jurídica de haber respetado los derechos de los ciudadanos involucrados en las actuaciones que dieron lugar a la orden de demolición, la cual se viene ejecutando a un alto costo, pero tomando las medidas para evitar cualquier riesgo a terceros. Esperamos terminar en mes y medio, para luego proceder a la restauración ambiental”.

Por ahora, la petición de medidas cautelares está, al menos, en un buzón electrónico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Resta esperar para ver si, en medio de tantas solicitudes por reales violaciones a los derechos humanos, la organización le presta atención a la constructora o si la CAR termina la primera demolición de las mansiones en los cerros, que se levantaron con la omisión de varias regulaciones distritales y en medio de la reserva de los bogotanos.