Con implosión comienza la renovación del CAN

Derrumbarán el edificio donde funcionaba el Ministerio de Transporte. La detonación esta prevista para las 10:00 de la mañana. Para la renovación del Centro Administrativo Nacional, solo hay autorización para un edificio.

El Espectador

Todo está listo para que este domingo se activen las cargas explosivas para demoler el antiguo edificio del Ministerio de Transporte, ubicado en la calle 26 con carrera 57. Luego de 60 años de uso, una serie de problemas estructurales y la necesidad de comenzar con la renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN), desaparecerá. (LEA: Así será el primer edificio de Ciudad CAN)

Según Rogelio Atila, gerente de la compañía ATILA, encargada del proceso, durará apenas seis segundos.  En el proceso se usarán 150 kilos de indugel, 2.500 metros de cordón detonante y 300 detonadores no eléctricos.  “Esta demolición del edificio del Ministerio de Transporte está programada para el domingo a las 10 de la mañana. El edificio lo venimos preparando hace tres semanas y vamos a realizar la demolición por medio de una implosión”, dijo Gómez a RCN radio. (LEA; Demolidos los edificios de Defensoría del Pueblo)

La demolición era necesaria, no solo por la renovación urbana del sector sino por seguridad. Vale recordar que desde el año pasado tuvieron que desalojar el edificio por el riesgo estructural, advertido en su momento por la Procuraduría que, en una carta a la entonces ministra de Transporte Natalia Abello, recomendó “la demolición del bloque Número 1, para minimizar el riesgo”.

Con la implosión se da un paso más en el aplazado proyecto de la renovación urbana del CAN, que comenzará con la construcción del primer edificio público a través del sistema de Alianza Público-Privada (APP), obra que está próxima a salir a licitación. Para el nuevo edificio ya se cuenta con estudios y diseños, los cuales indican que el proyecto de infraestructura se edificará en 38 meses desde la firma del contrato, el cual se ejecutará por la vía de asociación público-privada (APP) y en concesión con la Agencia Nacional Virgilio Barco Vargas.

El nuevo edificio tendrá tres torres idénticas (con un área total de 101.696 metros cuadrados), que albergarán entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Minería, la Superintendencia de Puertos y Transporte, así como los ministerios de Minas y Energía, entre otros. De esa manera, albergará a más de 6.000 funcionarios, tendrá capacidad para recibir 1.800 visitantes y contará con un Centro Integral de Servicio al Ciudadano, con 46 ventanillas y 270 sillas de espera.

El proyecto tendrá un costo de $460.000 millones, que el Estado empezará a desembolsar al operador en 19 pagos anuales de $70.000 millones, una vez culmine la obra. Eso quiere decir que entre más tiempo le tome la construcción, la adecuación de los espacios que se fijaron en los diseños y el cumplimiento de los niveles de servicio, más tiempo tardará en recibir el pago de su inversión.

Este edificio forma parte de un proyecto más amplio de una zona que “se caracteriza por ser tener un alto nivel de deterioro en la mayoría de sus edificaciones, carente de espacio público y usos o actividades que satisfagan las necesidades de su población flotante (funcionarios y visitantes)”, como lo reconoce el Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad CAN.

Esta obra es la única que no tuvo inconvenientes desde su estructuración, debido a que la construcción de un centenar de edificaciones que pertenecen al Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad CAN depende de modificaciones en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá. La razón: el proyecto total tiene prevista la mezcla de usos de suelo, entre viviendas y oficinas, pero en ese sector, hasta el momento, sólo se pueden construir estructuras con fines de prestación de servicios.

Como se indicó, la última decisión que adoptó la administración distrital sobre la viabilidad de todo el proyecto fue expedida por la Secretaría de Planeación el pasado 11 de septiembre, a través de la cual se le dio un nuevo espaldarazo a la iniciativa. Sin embargo, sólo se hará realidad hasta que se destrabe el Plan de Ordenamiento Territorial y se negocien los predios que aún están en el limbo.

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