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Conalvías amaneció con un panorama agridulce. Por un lado, con la captura de su expresidente Andrés Jaramillo toman más peso las sospechas del papel de esta empresa en el carrusel de la contratación, a pesar de que sus directivos lo han negado por seis años. Por el otro, gracias al proceso de reestructuración que adelanta con la Superintendencia de Sociedades, podría reactivarse como contratista, volver al mercado y superar una situación que la tuvo al borde de la liquidación. (LEA:Fiscalía imputará cargos a expresidente de Conalvías por carrusel de contratación)
Conalvías amaneció con un panorama agridulce. Por un lado, con la captura de su expresidente Andrés Jaramillo toman más peso las sospechas del papel de esta empresa en el carrusel de la contratación, a pesar de que sus directivos lo han negado por seis años. Por el otro, gracias al proceso de reestructuración que adelanta con la Superintendencia de Sociedades, podría reactivarse como contratista, volver al mercado y superar una situación que la tuvo al borde de la liquidación.
Esta decisión provocó el reclamo de la Contraloría, al señalar que con la decisión de la Supersociedades estaría en riesgo la posibilidad de recuperar parte del dinero que perdió la ciudad en el mayor desfalco a Bogotá, protagonizado por el exalcalde Samuel Moreno, su hermano, varios concejales, funcionarios y contratistas que cobraron y pagaron sobornos para ganar contratos. (LEA: ¿Cuánto deben pagar los responsables del desfalco en la construcción de Transmilenio por la calle 26?)
La captura
La captura de Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvías (una de las empresas de construcción más grandes del país), ocurrió en la noche del lunes. El proceso en su contra surgió luego de que encontraron pruebas de que la Unión Temporal Vías Patria Ingeniería –integrada por la empresa Patria y Conalvías (ambos condenados fiscalmente por la Contraloría)– supuestamente entregó sobornos a concejales y funcionarios de la alcaldía de Samuel Moreno, para asegurar en 2010 un contrato por $43.000 millones con la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), para la rehabilitación de la malla vial local en la capital. Por estos mismos hechos ya condenaron al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz; al exdirector de la UMV, Iván Hernández , y a los concejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho y Orlando Parada Díaz. (LEA:Los sobornos para garantizar la entrega del contrato de la Fase III de TransMilenio)
Durante nueve meses la Fiscalía intentó citar a Jaramillo a audiencia para imputarle cargos. Luego de seis audiencias aplazadas, el ente investigador pidió a un juez una orden de captura para garantizar la presencia del empresario para imputarle los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Este no es el único proceso contra Jaramillo. En su contra avanza otra investigación por su presunta participación en la entrega de un soborno a cambio de la cesión del contrato de la construcción de la fase III de Transmilenio por la calle 26, que estuvo en manos de los Nule. Aunque los socios de Conalvías han negado haber participado en el carrusel e incluso esgrimen la decisión de un tribunal de arbitramento, que declaró que la cesión se hizo de acuerdo con la ley, lo cierto es que las evidencias que han recaudado los entes de control demostrarían que al menos algunos de sus altos ejecutivos jugaron un papel protagónico en el escándalo.
El reclamo de la Contraloría
Casi a la par con la captura de Jaramillo, la Contraloría hizo un reclamo público a la Superintendencia de Sociedades, supuestamente por poner en riesgo la posibilidad de cobrarle a Conalvías parte del dinero que perdió Bogotá durante el carrusel de la contratación. Para entender este reclamo hay que remitirse a diciembre del año pasado, cuando, luego de seis años de proceso, el ente de control fiscal ratificó el fallo contra nueve funcionarios y 15 contratistas por las irregularidades en la construcción de la troncal de Transmilenio por la calle 26. Los condenó a pagar entre todos $174.966 millones, cifra en la que se tasó el desfalco a Bogotá.
En su momento, la Contraloría dijo que estaba en capacidad de recuperar al menos el 88 % de esos recursos, gracias a los embargos sobre los bienes de los sancionados, que sumaban $154.348 millones, entre seguros ($31.307 millones), cuentas bancarias ($1.790 millones), inmuebles ($880 millones) y prenda sobre propiedades, bienes y equipos ($120.371 millones).
Uno de los llamados a responder fue Conalvías, empresa a la que le cedieron el contrato de la calle 26 y que, del monto global, debe responder por casi $11.088 millones. La Contraloría la halló responsable de la modificación del valor de la obra y de excluir trabajos contemplados en los diseños originales. Por eso, desde que comenzó el proceso, ordenó embargar sus bienes.
Sin embargo, la vicecontralora general, Gloria Alonso Másmela, alertó ayer sobre la posibilidad de que “con la anuencia de la Superintendencia de Sociedades” (que adelanta la reorganización de Conalvías), esta empresa se libre del fallo de responsabilidad fiscal y escape “de la acción de la Contraloría para recuperar dineros públicos”.
¿Cómo? Ella explicó que Conalvías, “a pesar de ser objeto de un proceso de reorganización empresarial desde 2015, solo ahora pretende hacer valer los beneficios que se derivan del proceso, para que se suspendan los efectos del fallo fiscal, le desembarguen la maquinaria por valor de $130.000 millones y los excluyan del Boletín de Responsables Fiscales, para impedir que la Contraloría inicie el respectivo cobro”, señaló.
Para explicar lo que considera una jugada de Conalvías, agregó que justo dos días después de que la Contraloría confirmó el fallo de responsabilidad fiscal, la Supersociedades emitió el auto que aplica el artículo 20 de la Ley de Insolvencia, que suspende el efecto de cualquier proceso de cobro coactivo y todo (incluso la sanción del ente fiscal) pasa a ser una deuda más. Esto, mientras la Supersociedades define si la medida se mantiene o se levanta, “según convenga a los objetivos de la reorganización”.
Ante la queja de la Contraloría, la Supersociedades le respondió al organismo de control, aclarando algunos puntos del proceso de reorganización en el que se encuentra Conalvías, que comenzó en 2015 y se ventiló públicamente.
Explicó que el papel de la Superintendencia es tratar de salvar la empresa como fuente generadora de empleo. “La idea es preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. De paso, le recordó a la vicecontralora que, a pesar de su reclamo, en estos casos ellos actúan como juez y le indicó los pasos a seguir para cobrar la sanción.
“La Contraloría es titular de un crédito como los demás acreedores y, por lo tanto, debe concurrir a las etapas procesales. La decisión de la Superintendencia reconoce el crédito en el proceso de insolvencia y se adelantarán todas las gestiones para procurar la satisfacción de los acreedores”.
De acuerdo con abogados especializados en derecho administrativo, en medio del rifirrafe entre Supersociedades y la Contraloría, al final quien sale más beneficiado es el mismo ente de control, ya que al permitir que la empresa vuelva al mercado, tendrá más posibilidades de responder por la deuda que tiene con el Estado. “El papel de la Supersociedades es salvar empresas, pensando en sus socios, sus empleados y sus clientes. Además, la Contraloría como acreedor, debe tener claro que lo que le reclama a esta empresa se convierte en una deuda prioritaria. A la Contraloría lo que le queda es estar atento al cumplimiento del acuerdo de reestructuración”, indicó el profesional del derecho.