El concejal Hosman Martínez denunció que la secretaria de Integración Social, Teresa Muñoz, coartó su derecho al control político al no permitirle el ingreso a los Centros Crecer, en donde estudian niños con discapacidad cognitiva, y del cual hizo advertencias de presuntas irregularidades en su funcionamiento al estar ubicados muy cerca de subestaciones eléctricas que podrían generar problemas de salud debido a las radiaciones electromagnéticas.
“Dentro de las facultades con las que cuenta el Concejo de Bogotá se encuentra el derecho al control político. La secretaría Teresa Muñoz me prohibió el ingreso a los Centros Crecer de la Secretaría de Integración Social como represalia a las constantes denuncias que he realizado por las irregularidades en atención y servicio a los niños en condición de discapacidad”, señaló el cabildante.
Durante la visita que realizó el concejal Martínez el pasado 21 de junio al Centro Crecer de Engativá en función de ejercer control político y verificar que las instalaciones cumplan con los lineamientos técnicos para brindar atención a niños en condición de discapacidad, fue prohibido el ingreso del cabildante por parte de la coordinadora del Centro Crecer de Engativá, Carmen Muñoz, quién expreso: “No puedo autorizar su ingreso por orden expresa del subsecretario de la SDIS, Harold Gómez, y el subdirector local de Engativá, Juan Simón Rico”.
Dice el cabildante que dos meses atrás el concejal visitó las instalaciones del Centro Crecer de Fontibón y también le fue violado su derecho.
“Prohíben mi ingreso porque la casa no cumple con los lineamientos técnicos para atender la población en condición de discapacidad; la ausencia de rampas es evidente y buscan coartar mi derecho para evitar que continúe denunciando las irregularidades y anomalías en servicio por parte de la Secretaría de Integración Social”, afirmó el cabildante.
Martínez asegura que “la coacción supone una lesión de ejecutar la libertad legal de derecho al control político. Con las anteriores manifestaciones la SDIS viola el Código Único Disciplinario, al no respetar la ley 734 de 2002, artículo 35, numeral 17 el cual contempla que ‘Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o para que proceda en determinado sentido’”.
El concejal manifestó lo sucedido al alcalde Gustavo Petro y a la secretaria de Integración Social, quién, según Martínez, respondió a través de un tweet: “concejal hay un protocolo de ingreso con autorización previa, lo solicito?”.
“Pregunta que genera el siguiente interrogante en el cabildo ¿Un protocolo interno puede estar por encima de las facultades institucionales que otorga el Estatuto Orgánico de Bogotá a los concejales? El Concejo de Bogotá es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplen las autoridades distritales, artículo 8 contemplado en el Estatuto Orgánico de Bogotá”, concluyó Martínez.