Concejo de Bogotá da luz verde a vigencias futuras para colegios en concesión

La Comisión de Hacienda dio su visto bueno para que se comprometan $817.500 millones para volver a contratar la administración de esas instituciones por otros 10 años.

La Administración pretende construir 30 colegios nuevos, de los cuales 15 serán concesionados. La ciudad quedaría así, al final de su segundo mandato, con 37 instituciones educativas operando bajo ese modelo.Tomada de Pixabay

En el primero de dos debates, el Concejo de Bogotá autorizó al Distrito –a través de la Secretaría de Educación– a comprometer $817.500 millones bajo la figura de vigencias futuras excepcionales para ‘amarrar’ desde ya presupuesto de los próximos 10 años, destinados a garantizar la administración de 22 colegios en concesión.

La iniciativa recibió el visto bueno de la Comisión de Hacienda del Cabildo –ahora tendrá que pasar a plenaria– con 11 votos a favor y uno en contra. Las 22 instituciones en concesión se remontan a 2000, cuando nueve organizaciones privadas comenzaron a administrar 25 colegios públicos que les entregó en concesión el entonces alcalde, Enrique Peñalosa. (Lea: Continuidad de los 22 colegios en concesión de Bogotá, en manos del Concejo)

Los contratos se vencían en 2014, durante la administración de Gustavo Petro, pero cuando éste intentó prorrogarlos por medio de vigencias futuras, la mayoría del Concejo le hundió el proyecto argumentando, entre otras razones, que no podía hacerlo porque no había incluido ese punto en su Plan de Desarrollo. Las concesiones peligraron algunas semanas, hasta que el Distrito logró adicionar un par de años más a los contratos en los 22 colegios que presentaban mejores indicadores de calidad.

La intención de la Secretaría de Educación es garantizar el dinero para volver a contratar la administración de esas instituciones por otros 10 años, entre 2017 y 2026, e incluir otras dos que están en construcción y para las cuales pide comprometer presupuesto por nueve años: desde 2018, cuando estén listas, hasta 2026.

Al Distrito le urge que el Concejo le apruebe las vigencias futuras lo más pronto posible, con el fin de sacar este año la licitación para, al menos, los 22 colegios que actualmente operan por concesión, de modo que no deban interrumpir labores.

Durante el debate en el Concejo, la bancada del Polo Democrático se opuso a la iniciativa aduciendo que estas instituciones deben continuar funcionando pero bajo la modalidad de públicos, promoviendo también la calidad de la educación y la jornada única. En contraste, Cambio Radical le dio su visto bueno al proyecto destacando las virtudes que tiene para la educación, como calidad, progreso y prosperidad.

Sin embargo, el concejal Antonio Sanguino (Alianza Verde) pese a estar de acuerdo con el proyecto, advirtió que según las pruebas saber 11 de 2015, “los colegios en concesión no se encuentran entre los mejores del Distrito”.  Por ello, elevó un llamado para que se mejoren las condiciones laborales de los docentes en esas instituciones.

Por su parte, la bancada del partido Conservador –en cabeza del concejal Nelson Cubides– manifestó que la iniciativa cumple con los debidos requisitos de ley, en respuesta a las inquietudes que persisten en la corporación por la indagación que adelanta la Fiscalía sobre varios cabildantes por las presuntas irregularidades que se cometieron con la aprobación de otras vigencias futuras en el Concejo: las destinadas para construir el metro.

Esta postura fue compartida y avalada por la propia secretaria de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez y la secretaria de Educación, María Victoria Angulo, quienes afirmaron que jurídicamente y presupuestalmente las vigencias futuras cumplen con los requisitos legales. Lo anterior, tras una petición del presidente de la Comisión de Hacienda, Rubén Darío Torrado (partido de la U).

El proyecto plantea algunas condiciones adicionales para las entidades privadas que aspiren a administrar colegios. Por ejemplo, se exige que la contratación del recurso humano (profesores, por ejemplo) sea de 11,5 meses. Antes, cada concesionario tenía autonomía y en muchos casos el tiempo de contratación era menor.

La Secretaría de Educación, además, propone asumir el suministro de la alimentación escolar en estos planteles, para que ya no siga dependiendo de cada concesionario. Por último, las instituciones que no eduquen con jornada única (ocho horas) están obligadas a hacer la transición antes de que termine el contrato.

La Alcaldía le apuesta a este modelo no sólo por los buenos resultados académicos que ha arrojado, sino, como se indica en el proyecto, porque la Secretaría no cuenta con docentes, directivos y administrativos suficientes para prestar el servicio en jornada única en estos colegios, como se hace hoy.