Concejo de Bogotá pide embargar cuentas de Claro para que pague deuda

Los cabildantes le solicitaron al presidente de la ETB, Saúl Kattan, que proceda inmediatamente al cobro judicial. Claro debe $138 mil millones.

El Espectador

Los 41 concejales de Bogotá firmaron un comunicado de prensa en el que le exigen a la multinacional Claro que le pague a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) pagar la deuda de $138 mil millones tal como lo ordenó el Consejo de Estado el año pasado.

“Estamos próximos a cumplir 9 meses desde que el Consejo de Estado, en cumplimiento de las decisiones del Tribunal Andino de Justicia, ordenó a la empresa Claro devolver $138.283’653.403 a la ETB. Se han cumplido todos los trámites legales y Claro aún no cancela el dinero que adeuda”, dice la comunicación.

Los concejales exigen a Claro que cumpla las sentencias proferidas el 9 de agosto de 2012 por el Consejo de Estado en la que se ordena a Claro, antes Comcel, a devolver a la ETB dicha suma de dinero.

La empresa Claro debe respetar, cumplir y no eludir las decisiones emitidas por las autoridades colombianas. Claro debe devolver de manera inmediata los dineros que adeuda a la ETB”, agrega el comunicado.

El Concejo de Bogotá le solicitó al presidente de la ETB, Saúl Kattan Cohen, que proceda inmediatamente ante la justicia colombiana al cobro judicial y embargo de las cuentas y activos de la empresa Claro, con el fin de proteger los intereses de Bogotá.

Pleito entre ETB y Claro

El pleito se remonta al año 2006 cuando la ETB fue condenada por los tres tribunales arbitrales a pagar la millonaria suma a Comcel.

La disputa jurídica tiene que ver con un contrato de interconexión de redes firmado en 1998 por la empresa de teléfonos de Bogotá con las compañía Occel y Celcaribe (que fueron adquiridas por Comcel).

La demanda obedece a que el uso de la plataforma tecnológica de Comcel para el manejo del espectro electromagnético por parte de la ETB y las demandas interpuestas por parte de la compañía de telefonía celular se adelantaron sin una serie de consultas previas a normas de carácter comunitario establecidas en el pacto de la comunidad Andina.