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En el Concejo de Bogotá se realizó un debate de control político sobre las antenas de telecomunicaciones de la ciudad, en medio de un preocupante informe de la Personería que indica que el 94 % de estas funcionan de forma irregular. Durante la discusión, que tuvo lugar en la Comisión de Plan, hablaron los cabildantes de la bancada del Centro Democrático, quienes expresaron su preocupación porque a su juicio, y tomando como referencia el estudio de la Personería, hay falta de cumplimiento en la normatividad para instalar las antenas de telecomunicación en la ciudad. Según los concejales, no se están teniendo en cuenta los criterios urbanísticos ni se está haciendo partícipe a la comunidad sobre la instalación.
Los cabildantes elevaron una petición al Distrito para que vele por el cumplimiento del acuerdo que regula y sanciona la instalación de antenas de manera ilegal. Según denunciaron, se están instalando antenas en espacios públicos que son utilizados por la comunidad y hay preocupación por los efectos en la salud que pueden ocasionar las ondas electromagnéticas que producen las antenas.
Y aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un estudio en el que establece que esas ondas no provocan ningún efecto negativo en la salud, para los concejales es necesario que se hagan más estudios en Bogotá, para dar tranquilidad a la población sobre los efectos de estas antenas.
Para el concejal Andrés Forero, es preocupante la poca o nula información que tienen los habitantes de las zonas en donde se están instalando las antenas, y critica que el proceso de participación se limite a una comunicación a través de un diario de alta circulación. Según dice, esto puede generar no solo molestias entre la comunidad, sino que deja un interrogante sobre el destino de los recursos para instalar estas antenas.
“Es primordial que las entidades distritales competentes involucren a las juntas de acción comunal y vecinos de los parques, antes de emitir los permisos para la instalación de estas antenas. La solicitud que le hacemos al IDRD, es que al menos los recursos que ellos reciben por este concepto, sean invertidos directamente en los parques usufructuados y no destinados a una gran bolsa como actualmente sucede, aseveró el concejal Forero.
De acuerdo con Diego Molano, quien presentó denuncias de ciudadanos sobre posibles irregularidades de los operadores en la instalación de estas antenas, esto se estaría realizando sin los permisos y sin el cumplimiento de la regulación. El cabildante hizo cuestionamientos al Distrito como qué pasará con las antenas, con el dilema entre salud, legalidad o ilegalidad, y cómo se instalaron todas las antenas que según la Personería tienen irregularidades.
Uno de los casos que llevó Molano al Concejo fue el del conjunto residencial Calasanz, ubicado en el barrio La Castellana. Allí, en agosto de 2018, la empresa de telefonía Claro instaló unos postes sobre una zona verde, y aunque la comunidad presentó una queja en el CAI, nunca se conocieron los permisos. Además, en noviembre 2018, nuevamente se instalaron otras antenas a altas hora de la noche, y en un mes después la Secretaría de Planeación ratificó que no existían permisos para antenas en esta zona. Pese a todo, las antenas continúan allí.
“Hoy estamos en un dilema; si bien se flexibilizó la instalación de las antenas para mejorar la comunicación celular, pareciera que la aplicación de ese proceso se pasó demasiado sin consultas con las comunidades y sin cumplir con la regulación. El propósito era garantizar el goce efectivo de los derechos a la comunicación, pero el cumplimiento de eso prerrequisitos se están dando de forma muy acelerada. Este es un principio de precaución fundamental y de control desde el punto de vista de la política pública”, dijo el cabildante, quien agregó que la ciudad tiene un problema con el cumplimento de reglamentación, instalación y de retiro de las antenas.
En 2017 se expidió el Decreto 397, con el que Bogotá modificó su reglamentación sobre la instalación de antenas de telecomunicaciones en el espacio público de la ciudad. Antes de la norma, estas antenas solo podían ser instaladas en los inmuebles privados algo que complicaba la vigilancia y control de los requisitos, pero tras dos años de expedido el decreto, se han recibido diversas quejas por parte de la vecinos de Cedritos, La Fraguita, La Castellana y Nicolás de Federman, debido a que la instalación de las antenas no se ha hecho con el debido proceso de concertación.