Firmando contratos públicos y desarrollando labores claves para la Caja de Vivienda Popular del Distrito durante un mes permaneció un funcionario público que había sido condenado a siete años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. En su contra no sólo pesaba una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, sino también para contratar con el Estado. Se trata de Víctor Raúl Ayalde Ocaña, exdirector administrativo de la oficina de gestión corporativa y control interno disciplinario de la caja.
Esta historia comenzó el pasado 9 de mayo, cuando, a través de la resolución 204, la directora general de la Caja de Vivienda Popular, Juana Patricia Caycedo, nombró a Ayalde Ocaña para el citado cargo. Casi de inmediato, el designado director administrativo empezó a celebrar contratos con asesores para tareas como búsqueda, selección y traslado de familias ubicadas en zonas de alto riesgo, o estructuración de políticas, planes y proyectos previstos en los objetivos de la entidad distrital.
Un mes después de la posesión de Ayalde Ocaña, la subdirección financiera de la Caja de Vivienda Popular reportó a la dirección general que algunos de los documentos aportados por el funcionario presentaban, al parecer, algunas irregularidades, ante lo cual solicitó la inmediata investigación sobre los hallazgos. La primera tarea fue evaluar el acta de posesión de Ayalde, y con sorpresa se encontró que había aportado certificados de antecedentes penales y disciplinarios sin que se registraran sanciones o inhabilidades vigentes.
Ante tales circunstancias, la Caja de Vivienda Popular le solicitó por escrito a la Procuraduría General de la Nación que aclarara la veracidad del certificado aportado por Ayalde para su posesión. El Ministerio Público respondió 24 horas después, aclarando que efectivamente el primer certificado tenía varias inconsistencias, que no correspondía al generado en la página web del ente de control, y que Víctor Raúl Ayalde Ocaña sí estaba inhabilitado para desempeñar cargos públicos hasta el año 2017.
El pasado 13 de junio, la Procuraduría entregó el certificado real en el que consta que Víctor Ayalde fue condenado en 2004 por un juzgado penal de Bogotá por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares; que la sentencia fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en 2005, y que el caso hizo tránsito a cosa juzgada en octubre de 2007, tras sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia. Es decir que la inhabilidad para contratar con el Estado se cumplió en 2012 y para desempeñar cargos públicos va hasta 2017.
El Espectador indagó por qué caso fue condenado Víctor Ayalde y verificó que el 3 de octubre de 2007 la Corte Suprema de Justicia confirmó las sentencias de primera y segunda instancia, contra él y cuatro procesados más, dentro del escándalo en el que se vio involucrada la denominada Iglesia Autocéfala de Colombia y las fundaciones Doctor Freud y Social César Ordóñez Quintero. Según la Corte, quedó probado que a través de estas organizaciones se recibieron millonarios dineros de ilícita procedencia que engrosaron las cuentas personales de los implicados en el caso.
Cuando en la Caja de Vivienda Popular se constató el reporte de la Procuraduría y la sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Raúl Ayalde fue declarado insubsistente y el caso fue enviado al Ministerio Público y a la Fiscalía General. Consultada la directora de la entidad, Caycedo se limitó a explicar que contrató al exfuncionario sin recomendación de terceros y “debido a la buena hoja de vida que presentó, pues ya venía vinculado al Distrito, antes de la administración del alcalde Gustavo Petro”.
Según la directora de la Caja de Vivienda Popular, en el cargo desde abril y con una experiencia profesional de más de 25 años en ejecución de políticas públicas, Ayalde había laborado en la Empresa de Renovación Urbana durante la administración de Samuel Moreno e incluso llegó a ocupar la dirección financiera de esa entidad. Juana Patricia Caycedo agregó que ella obró de buena fe y que no era de su competencia verificar si los certificados aportados por Ayalde correspondían a la verdad. Lo único claro es que lo declaró insubsistente cuando supo de sus antecedentes penales.
La Caja de Vivienda Popular es una entidad adscrita a la Secretaría Distrital de Hábitat y está encargada de manejar la política pública de vivienda, especialmente para las personas en zonas de riesgo. Según su directora, si bien el exdirector administrativo de gestión corporativa y control interno disciplinario ya dejó su cargo, los contratos que firmó seguirán adelante porque se presume que son legales y además su objeto se ha venido cumpliendo normalmente.