Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, fue condenado a tres años de prisión, por el Juzgado 42 Penal del Circuito de Bogotá ante su responsabilidad por el delito de cohecho propio en medio de los escándalos del carrusel de la contratación y el cartel de las ambulancias en Bogotá.
Moralesrrusi, quien además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 80 meses y al pago de más de $77 millones de pesos de multa, se comprometió a devolver $800 millones, más intereses producidos, al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Secretaría de Salud así como a colaborar con otros temas de corrupción que afectaron la ciudad.
La condena se dio luego de que un fiscal de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación demostró como el excontralor recibió comisiones, entre 2008 y 2009, para el trámite del contrato 1229 de 2009 para la operación de las ambulancias de la red pública. Así como recibió dádivas para los contratos 071 y 072 de 2008 de malla vial con el IDU.
El contrato de las ambulancias fue entregado a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá por 67.000 millones de pesos, un consorcio que estaba en cabeza del contratista Emilio Tapia, quien dio a conocer varias de las irregularidades durante la administración de Samuel Moreno, que se conocieron como el carrusel de la contratación.
Tras conocerse la decisión no se interpusieron recursos por parte de las víctimas.
Cabe recordar que en febrero de este año el Tribunal Superior de Bogotá confirmó una condena por 13 años para el excontralor de Bogotá por el delito de concusión, por su participación en los hechos de corrupción en la adjudicación de los contratos para la construcción de la fase III de Transmilenio, que entre 2008 y 2009, fueron entregados a las empresas de contratista Julio Gómez y las uniones temporales que conformó junto a Miguel, Manuel y Guido Nule, Álvaro Dávila y Mauricio Galofre.
Moralesrussi habría pactado una comisión con la “empresa criminal” que se conformó para la entrega de millonarios contratos con el fin de omitir sus funciones de control y vigilancia a los convenios para la reparación de la malla vial, la fase III de Transmilenio y las obras de valorización en Bogotá.