"En La Conejera no hubo un desalojo voluntario": ambientalistas

Mientras que las autoridades dijeron que el levantamiento de las carpas fue concertado, los activistas afirmaron que fueron golpeados y seis de ellos retenidos.

Cristian Garavito - El Espectador
La Alcaldía local de Suba aseguró en la mañana del lunes que había llegado a un acuerdo con los ambientalistas, que durante 200 días acamparon en el humedal La Conejera para protestar contra la construcción del proyecto urbanístico Reserva del Fontanar. Sin embargo, otras fueron las declaraciones que dieron los mismos desalojados, quienes reprocharon el que la Policía los hubiera sacado, literalmente, “a patadas”. 
 
Según contaron los activistas a este diario, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) entró de nuevo al lugar donde tenían las carpas y los obligaron a desalojar. Afirmaron que no se había hablado ni con el Distrito ni con la Alcaldía de Suba y que para evitar más enfrentamientos como el de hace 15 días, decidieron salir de la zona. Sin embargo, denunciaron que cuando estaban alzando las carpas fueron atacados por los uniformados. 
 
“Cuando llegaron a las 6:00 a.m. pensamos que se trataba de otro acompañamiento, como el de la última vez. En vista de que traían una orden de desalojo, nosotros preferimos pararnos para no volver a ser agredidos. A pesar de esto, hubo alrededor de 10 heridos y seis de nuestros compañeros están retenidos ilegalmente”, manifestó Sergio, uno de los manifestantes, quien prefirió no revelar su apellido por seguridad. 
 
La única condición de los ambientalistas para salir del terreno fue que se dejara la huerta intacta, pero esta fue destruida por el Esmad. Ahora, los activistas buscan la manera de que los compañeros que fueron retenidos puedan “volver a la libertad”. Agregaron que aún no saben si volverán a realizar el campamento y que temen por su seguridad. Ante este episodio, el concejal Roberto Sáenz expresó que fue absurda la forma cómo procedieron las autoridades, pues se utilizaron 150 hombres para mover a 15 personas. “Hoy consumaron la aberrante agresión contra humedal La Conejera. Cientos de policías, respaldados por Alcaldía de Suba les cumplen a constructores”, añadió.  
 
Por otro lado, Marisol Perilla, alcaldesa de Suba, desmintió que el desalojo no haya sido voluntario y aseguró que hace unos meses se reunieron con el grupo y una gestora de la Secretaría de Gobierno, para que los activistas pusieran en conocimiento al Distrito su protesta y se estableciera un protocolo de permanencia. “Sin embargo, ellos nunca lo hicieron y se habían comprometido con eso el 10 de octubre del año pasado”, dijo la Perilla. 
 
La alcaldesa aseguró además que los manifestantes estaban ocupando un espacio público en una zona de cesión, que la constructora no había entregado y era deber de las autoridades recuperar este territorio, pues ya ha habido de quejas por perturbación a la posesión, instaurada el año pasado de los propietarios de la obra, y por los habitantes del sector, quienes están preocupados por el consumo de sustancias psicoactivas y actividad sexual en este sector. 
 
Perilla ratificó que en efecto hubo problemas de orden público y que en total, según el reporte de Policía, fueron capturadas siete personas. Frente al tema del cultivo, afirmó que esto se debió a que los ambientalistas se tornaron agresivos, a pesar de que se les había dicho que se había programado una reunión con el Jardín Botánico para revisar un proyecto de un parque agro ecológico. "En ningún momento se dio la orden de usar la fuerza, pero de todas formas se presentaron problemas como es usual en la recuperación de un espacio público", finalizó la alcaldesa. 
 
La tensión entre los ambientalistas y las autoridades se agudizó el pasado 15 de abril, cuando el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) entró a los predios para escoltar unas volquetas de la firma Praga, que cargaban material de construcción para la obra que se adelanta en inmediaciones del humedal. Los ambientalistas se opusieron al ingreso de este material. En ese momento, los manifestantes denunciaron que fueron golpeados. El episodio se repitió hace una semana, donde hubo nuevos choques entre manifestantes y la Policía. En esta ocasión se habló de un desalojo concertado, algo que siguen desmintiendo los manifestantes. 
 
A pesar de esto, los ambientalistas les piden a las autoridades que por favor cumplan con las medidas cautelares que decretó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la licencia de construcción del proyecto Fontanar, tras una acción popular que presentó la Personería de Bogotá, en enero pasado. 
 
El caso
 
La lucha de los ambientalistas por proteger el Humedal La Conejera contra la construcción Reserva del Fontanar inició el año pasado, cuando un grupo decidió acampar en inmediaciones de la zona ambiental para evitar la construcción de varios edificios de apartamentos que, según los manifestantes, afectaba la reserva ambiental. 
 
Este reclamo fue respaldado por la Personería Distrital que, luego de un estudio, concluyó que efectivamente una parte de la obra (unos parqueaderos y zonas sociales) se iba adelantar sobre una porción del humedal. El hallazgo sirvió de sustento para radicar una acción popular, en la que solicitaron a un juez administrativo suspender las obras. Paralelo a la acción popular, se le solicitó a la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá revocar la licencia de construcción de la obra. Dicha comisión la preside el alcalde Gustavo Petro, quien se declaró impedido, debido a que el representante legal de la constructora que adelanta el proyecto es su cuñado. 
 
Para resolver la solicitud se nombró al ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, como alcalde Ad Hoc para que tomara una decisión. Tras analizar el caso, la Comisión determinó que la obra no afectaba el Humedal y la única petición al constructor fue la de reubicar cinco estacionamientos, dos zonas de BBQ y el salón social fuera del área, algo a lo que accedió el privado. Finalmente se archivará la solicitud para revocar la licencia. Sin embargo, la licencia de construcción sigue suspendida de manera provisional, por las medidas cautelares que decretó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras se resuelve la acción popular.