Conflicto de tierras en Bosa

Dilema por la ocupación de unos predios para que sean declarados posesiones legales. Una denuncia dice que se hace con apoyo de inspectores de Policía y funcionarios del Distrito.

El objetivo de la administración distrital de consolidar sus planes de construcción de vivienda de interés social, además de haber sido entorpecido por los vacíos detectados por la Personería en materia de gestión y ejercicio de dominio pleno en predios de la ciudad, también lo ha estado por un recurrente obstáculo aún sin solución. Se trata de la ocupación de bienes por particulares, bajo el argumento de que son inmuebles abandonados por el Distrito a los que se les ha dado un adecuado uso económico, social o familiar.

El dilema viene de tiempo atrás y ahora es la administración Petro, a través de la empresa Metrovivienda, la que lo afronta. Sólo que en esta ocasión se presenta una nueva fuente de conflicto que ya ha sido puesta en evidencia ante la Fiscalía General de la Nación: la existencia de una presunta red de abogados y ocupadores espontáneos de predios que, apoyados por inspectores de Policía, han multiplicado los litigios por posesión de terrenos, afectando los derechos de legítimos propietarios, entre ellos el propio gobierno distrital.

El caso más reciente quedó sustentado en una denuncia que el abogado Fernando Barros interpuso por actos extorsivos contra su cliente, Jorge González, un ciudadano propietario de un lote en el populoso sector de Bosa, al suroccidente de la capital, quien terminó amenazado por impedir que su propiedad quedara en manos de un promotor de invasión de terrenos. Lo más interesante del caso es lo que el abogado le reportó a Metrovivienda acerca de lo que está pasando en la zona, donde ya proliferan las posesiones de hecho.

Fernando Barros le hizo saber a esa empresa, adscrita a la Secretaría de Hábitat y que tiene a su cargo la ejecución de planes de construcción de vivienda de interés social, que grupos de “urbanizadores piratas, estafadores o los llamados ‘tierreros’” se vienen apropiando de terrenos con la acción u omisión de autoridades locales, principalmente de inspectores de Policía. El modus operandi, resaltó Barros, es utilizar personas de bajos recursos para ocupar los predios y entablar los litigios para después usufructuarlos.

En un solo caso, Fernando Barros le pidió a Metrovivienda que aclare por qué, por ejemplo, en la localidad de Bosa hoy estén en trámite 10 pleitos con un mismo personaje como detonante del conflicto: Emigdio Sánchez Aguirre, un asiduo visitante del sector que acude constantemente a la Casa de Justicia de Bosa, logrando la mayoría de veces sus objetivos. Con una particularidad, el 70% de sus actuaciones ha sido tramitado ante el mismo inspector de Policía, razón por la cual Barros interrogó a Metrovivienda, acerca de quién le está ayudando a Sánchez Aguirre.

Metrovivienda le hizo saber al abogado Barros que no sabe quién pueda estar favoreciendo procesos de ocupación irregular de inmuebles, pero que sus escritos ya están en poder de las autoridades. Además, la empresa comercial del Distrito detalló que ha entablado varias querellas policivas contra Sánchez Aguirre y que, incluso, en la Fiscalía 61 seccional de Bogotá fue radicada una denuncia penal por invasión de tierras y urbanización ilegal, con supuesto loteo de terrenos y venta a terceros, en la cual aparece el aludido Sánchez Aguirre.

El Espectador indagó alrededor de esta confrontación entre Metrovivienda, varios poseedores de tierras y el citado Emigdio Sánchez, y constató que el más reciente conflicto está centrado en la definición de la propiedad sobre un lote ubicado en la urbanización El Porvenir, donde Sánchez sostiene que desde hace cuatro años ha ejercido actos de posesión como un parqueadero, una arenera o ganada, pero Metrovivienda asegura que hay una ocupación ilegal.

Revisando el caso, quedó en claro que, paradójicamente, fue Emigdio Sánchez quien interpuso la querella contra Metrovivienda desde junio de 2009, por presunta perturbación a su posesión tranquila y pacífica del inmueble ubicado en la calle 49 sur con carrera 89 B, en el sector de Bosa. Y lo hizo, según Sánchez, porque de un día para otro aparecieron funcionarios de Metrovivienda, llevando vigilantes de una firma de seguridad privada, y desde entonces hay un litigio creciente en el que claramente “no existe ánimo conciliatorio”.

Las razones de Metrovivienda, parecidas a las que ha tenido que ventilar en otros casos, es que se trata de un lote de su propiedad, pues así quedó clasificado desde 1999 en el Banco de Suelos Distrital. Además, añade, existe una sentencia de un Juzgado Civil de Bogotá que ratificó esta propiedad después de un proceso de expropiación. En contraste, Emigdio Sánchez asegura que se trata de dos lotes, uno de Metrovivienda, y otro en el que él ha venido planteando actos de posesión, como lo ratifican algunos testigos.

Este pleito, que había sido resuelto en noviembre de 2009 en la Inspección 7 Distrital de Policía de Bosa, llegó a la Sala de Decisión de Contravenciones Civiles de la Secretaría de Gobierno, que en marzo de 2010 revocó la primera medida. En sus consideraciones, el organismo distrital argumentó que a pesar de que Sánchez alega tener un derecho de posesión del inmueble, éste tiene la condición de “bien fiscal, y pertenece legítimamente a Metrovivienda. Además, por tener esa característica, se trata de un bien con destinación especial, afectado a la prestación de servicios públicos”.

En consecuencia, concluyó la Sala de Decisión, resulta evidente que la Inspección de Policía que conoció del caso terminó por amparar la posesión irregular de un bien fiscal que pertenece a una entidad de derecho público. Por eso la decisión de primera instancia fue revocada y quedó en claro que los hechos, que habían sido presentados como constitutivos de una posesión legal, en realidad sucedieron con posterioridad a que el inmueble fuera expropiado y entregado a la empresa Metrovivienda.

Lo peculiar es que a pesar de que esta decisión ha sido notificada debidamente, no ha podido ser efectiva. Y no es el único caso. Según el abogado Fernando Barros, son muchos casos semejantes, especialmente en Bosa, donde se están ocupando predios de forma irregular para plantear litigios que han contado con el apoyo de inspectores de Policía. En la Secretaría de Hábitat ya están encendidas las alarmas alrededor de este conflicto que, sumado a otros episodios parecidos en otras zonas de la ciudad, están originando un nuevo dilema, por ahora insoluble: los ‘tierreros’.