Consejo de Estado confirmó multimillonaria multa contra TransMilenio

El alto tribunal determinó que se presentó un incumplimiento en la ejecución de un contrato con un operador de la fase II del sistema masivo de transporte en la capital de la República.

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Al resolver un recurso de nulidad la Sección Tercera del Consejo de Estado ratificó la multa de 6 mil millones de pesos interpuesta a TransMilenio S.A. para que pague una indemnización por los daños causados a un consorcio por las irregularidades que se presentaron en el incumplimiento del contrato de concesión para la Fase II del sistema masivo en la capital de la República.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo dejó en firme la decisión tomada tras un laudo arbitral con la Sociedad Sistemas Operativos Móviles KSA. En el proceso se determinó que TransMilenio incumplió el contrato celebrado en el año 2003. El convenio contractual tenía como objetivo la prestación del servicio de transporte de pasajeros. 

Al resolver el caso se encontró que se presentó una falencia en la ejecución del contrato puesto que no se le aclaró a la empresa las normas de adquisición, chatarrización y desintegración de los buses que serían reemplazados por los vehículos requeridos por TransMilenio. En la acción judicial se manifiesta que no se modificó el cronograma.

Tras esto TransMilenio devinculó la flota de buses del contratista “sin justificación válida alguna y por no reembolsarle de manera oportuna los descuentos practicados”. En el laudo arbitral se manifestó que se debe pagar una indemnización por los daños distribuidos así: $1.185.803.318 por concepto de descuentos efectuados; $1.695.135.142 por intereses de mora de las sumas descontadas, y a la suma de $2.570.680.431 por concepto del valor de los vehículos que no pudieron desintegrarse y $641 millones de pesos por concepto de costas.

El magistrado ponente no aceptó los argumentos presentados por la empresa de sistema masivo de transporte al considerar que buscaba "discutir o controvertir el análisis jurídico y probatorio efectuado por el Juez arbitral para adoptar su decisión y modificarla a su favor, lo cual resulta del todo improcedente en sede del recurso de anulación de laudo arbitral. En conclusión, ninguno de los cargos está llamado a prosperar y en consecuencia: se declara infundado el recurso de anulación y se condena en costas a la recurrente".

 

 

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